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El Estado venderá la mayoría de sus bienes

El Programa de Privatizaciones considera «vendibles» casi todas las empresas e inmuebles públicos


El estado se reduce

El programa de Privatizaciones que aprobará el Gobierno la semana próxima abre la vía para la venta de todas las empresas y bienes del Estado (incluidos sus inmuebles). La filosofía que inspira este modelo es que el Estado deje de ser propietario. Dos sociedades, la Sepi y una nueva sociedad que englobará todas las participaciones del Patrimonio (Sepa), serán las encargadas de vender los bienes del Estado. Téneo desaparecerá. Se creará un Consejo Asesor de Privatizaciones y se establecerá un mecanismo para asegurar la transparencia del proceso. El valor de las participaciones empresariales del Estado (sin contar los inmuebles) se estima en unos 3 billones de pesetas. Entre este año y el próximo, el Gobierno espera obtener por la vía de la desinversión en torno a 600.000 millones. Con ellos, se reducirá el déficit y se financiarán las obras públicas.

Desamortización: una medida con virtudes y defectos

Por Carlos Salas
Una de las características que definen al liberalismo español es su histórica lucha por modificar la propiedad, arrancarla de las manos de la Iglesia o del Estado y depositarla en las del individuo. Jovellanos y Campomanes ya comenzaron a finales del siglo XVIII a defender la necesidad de introducir cambios en la legislación agraria para mejorar la explotación de las tierras.
En el siglo XIX, una de las iniciativas más importantes fue la desamortización de Mendizábal, es decir, la supresión de la propiedad que estaba en «manos muertas» (la Iglesia y los pueblos) y su traspaso a particulares que, en teoría, se encargarían de sacarle más partido. Puro liberalismo anglosajón.
Juan Alvarez Mendizábal (1790-1853) fue ministro de Hacienda en el Gobierno de Toreno, en 1834 y, al año siguiente, primer ministro. Sin más dilaciones, procedió a restaurar lo que él denominó «la armonía». Decretó que toda la propiedad monástica era un «bien nacional» (1836). Luego, puso a la venta la propiedad inmueble de la Iglesia. Mendizábal abolió los diezmos, un impuesto implantado en toda Europa por Carlomagno con el que dicho monarca pretendía socorrer a la Iglesia, ya que la consideraba como un servicio público.
Tras la desamortización de Mendizábal, se calcula que sólo en Madrid desaparecieron 44 iglesias y monasterios. Nueve fueron vendidos como solares, uno se transformó en Ministerio, otro fue arreglado para acoger al Senado y otros pasaron a servir como escuela de equitación, cárcel, teatro y cuartel. Por eso, el historiador Raymond Carr califica a Mendizábal como «banquero de segunda».
Quienes más apoyaban la desamortización eran los radicales de izquierda pues confiaban en crear «una familia numerosa de propietarios». Pero no sucedió así. Las tierras cayeron en manos de especuladores y grandes propietarios a quienes sobraba capital para adquirirlas.
El monasterio de Yuste, donde Carlos V estuvo retirado, sólo pudo salvarse de la especulación por la influencia de una familia noble. Para el economista español Flórez-Estrada, reformista radical y uno de los mayores enemigos de Mendizábal, la torpe desamortización fue «la gran oportunidad perdida» para efectuar la verdadera reforma agraria.
La desamortización de Madoz, veinte años más tarde, obtuvo mejores resultados: amplió la superficie cultivada y consolidó la distribución de la propiedad privada de la tierra.

Sólo los gobiernos de Francia, Reino Unido e Italia han recaudado más que el español enajenando patrimonio


La venta de empresas públicas ha generado 1,6 billones de pesetas

Por Julián González
La venta de empresas ha sido la principal fuente de ingresos que el Gobierno socialista ha utilizado para reducir el déficit público. En los últimos once años, el Estado ha ingresado más de 1,6 billones de pesetas por la venta de participaciones de empresas públicas.
Sólo en lo que va de 1996, el Tesoro ha recibido unos 300.000 millones de pesetas correspondientes a la última privatización del 25% de Argentaria y un 11% del capital del grupo Repsol.
Las operaciones realizadas en el último periodo de Gobierno del PSOE sitúan a España entre los países que más han privatizado desde que el Gobierno conservador de Margaret Thatcher lanzara el célebre mensaje del «capitalismo popular».
Tan sólo en tres países: Francia, Reino Unido e Italia, el valor de las empresas privatizadas ha sido superior al caso español entre 1993 y 1995. En ese periodo, el Estado español ha obtenido más dinero por la venta de empresas que el alemán, donde el peso del sector público es sensiblemente mayor.
Pero si, por una parte, los ingresos por venta de empresas son muy superiores al resto de países de la Unión Europea, por otra, la existencia de un sector público fuertemente deficitario ha sido un verdadero «lastre» para el desarrollo de la política industrial del país y para la ejecución de los Presupuestos. Estimaciones que aparecen en el Libro Blanco sobre «El papel del Estado en la Economía Española», que ha dirigido Rafael Termes, cifran en más de 23 billones de pesetas el coste de las empresas públicas con pérdidas en los últimos diez años.
Durante la década 1980-1990, las pérdidas acumuladas por el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) ascendieron a 2,2 billones de pesetas. En esta cifra, no se incluyen las subvenciones que reciben empresas que tienen contrato-programa Hunosa, Minas de Figaredo, Santa Bárbara, Astilleros Españoles.
El sector energético ha sido, con mucho, el preferido por el Gobierno para obtener recursos. Las razones que explican esta preferencia son básicas: se trata de las industrias más sólidas del país y de las que más beneficios generan. Sociedades como Endesa y Repsol han sido la «punta de lanza» del proceso de privatizaciones. En total, estos dos sectores han aportado a las arcas del Estado cerca de 900.000 millones de pesetas.
En el caso de Endesa, las salidas a Bolsa que se produjeron en los años 1988 y 1994, supusieron unos ingresos de 212.500 millones de pesetas. El Estado posee todavía un 66% del capital, un porcentaje que, a precio de mercado, valdría 1,3 billones de pesetas.
Tal y como asegura el PP, Endesa es ahora mismo la «joya de la corona» y la principal esperanza del Gobierno para enjugar el déficit público.
De esta empresa han dependido los resultados de Téneo. Esta es una de las razones que esgrime la oposición PSOE e IU para justificar su negativa a la venta de Endesa. Esta sociedad genera unos beneficios anuales del orden de 140.000 millones de pesetas anuales, que históricamente han venido utilizándose a través de Téneo para enjugar el déficit del resto del grupo.
Repsol, por su parte, ha sido la inversión de la que el Estado ha obtenido más dinero. Desde su creación en 1989, momento en que se hizo la primera salida a Bolsa un 26% el proceso de repliegue del Estado en el capital de la petrolera no se ha detenido. La participación pública en Repsol es ahora del 10%. La venta del restante 90% ha reportado al Tesoro 600.000 millones.
Como en el antiguo INI, el principal problema al que se ha tenido que enfrentar la política de privatizaciones en el Grupo Patrimonio ha sido la gran diversidad y dispersión de sus empresas. Este grupo ha servido como «cajón de sastre» para albergar empresas procedentes de suspensiones de pagos, crisis económicas y otras operaciones políticas.
De las operaciones de privatización realizadas en el seno del Patrimonio destacan la venta de empresas textiles como Intelhorce ahora cuestionada por toda la serie de irregularidades que han aparecido, Imepiel, Hytasa, las salinas de Torrevieja al Grupo Solvay y la del Banco Exbank.
La Dirección de Patrimonio cuenta, sin embargo, con tres grandes grupos muy rentables: Argentaria, Telefónica y Tabacalera, que han contribuido también de un modo determinante a los ingresos obtenidos en la política de privatizaciones de la Administración anterior.
En Telefónica se han realizado dos operaciones de venta de acciones en 1987 y 1995, con unos ingresos de cerca de 250.000 millones de pesetas. El 21,2% de las acciones que aún tiene el Estado supondrían, a precios de mercado de hoy en día, unos 458.000 millones.
Respecto a Argentaria, se han producido tres salidas a Bolsa la última se llevó a cabo en febrero, por las que se han ingresado más de 400.000 millones. Tabacalera, por su parte, constituye una de las primeras candidatas a la privatización por el nuevo Gobierno.
Además de las ventas en Bolsa, hay que incluir la venta directa de empresas, que en general ha costado fuertes sumas de dinero al Estado en concepto de saneamiento. Este es el caso de las compañías de material ferroviario (MTM-Ateinsa), vendidas a mediados de los 80 a Alsthom, o del traspaso de las acciones de Seat pactado con Volkswagen.
Con esta fórmula, además, el Estado se ha desprendido de sociedades como Enfersa (fertilizantes), Secoinsa (informática), Enasa (camiones) o Viajes Marsans (turismo).



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