El Gobierno gastará 1.000 millones para organizar el paso
de 750.000 magrebíes en 300.000 vehículos
J. A. RODRÍGUEZ,
Sevilla
El Gobierno gastará unos 1.000 millones de pesetas para ayudar a más de 750.000 trabajadores magrebíes en Europa a veranear en sus casas en el norte de África y luego volver al tajo. La Operación Paso del Estrecho comienza hoy sábado con la participación de 2.500 personas y un plan que incluye 17 barcos, cinco puertos españoles y 11.550 plazas de aparcamiento.
El delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, presentó ayer viernes el plan, que acababa de cerrarlo en Rabat. La Operación Paso del Estrecho comprende 62 días, 14 con «aglomeraciones», y seis críticos: del 13 al 15 de julio y del 31 de ese mes al 2 de agosto. El número de personas que atravesará este año el Estrecho se verá incrementado en un 10% respecto al pasado. La cifra global de tránsitos de ida y vuelta será de 1,5 millones de personas y 330.000 coches.
Las novedades de este año para facilitar el paso son la creación de un nuevo punto de atraque en Algeciras; la división de las zonas de aparcamientos (Llano Amarillo) según el muelle de destino (Tánger o Ceuta); el aumento en un 50% del número de médicos, enfermeros y traductores y la inclusión del Gabinete de Crisis del Ministerio de Presidencia en el dispositivo. El despliegue inicial prevé la participación de 15 barcos, pero se está ultimando la participación de otros dos y el apoyo de barcos de carga pesada para evitar que las esperas en puerto lleguen a las 17 horas, como el año pasado.
Tráfico considera constitucional la prueba de alcoholemia
EP,
Madrid
El director general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso, salió ayer en defensa de la tipificación penal de conducir bajo los efectos del alcohol, frente al anuncio efectuado por una juez de Barcelona de presentar una cuestión de inconstitucionalidad por considerar que someterse a la prueba de la alcoholemia vulnera el derecho a no declarar contra uno mismo.
Muñoz-Repiso declaró que, «al margen de la constitucionalidad o no, la tipificación en el Código Penal del delito de conducir bajo el efecto del alcohol, con la obligatoriedad de someterse a la prueba, es un paso adelante en aras de la seguridad vial».
El responsable de Tráfico reconoció que los jueces actúan con total independencia, pero también afirmó que la configuración como delito de esta práctica es un avance. «Si se considera inconstitucional, la sociedad saldrá perdiendo», advirtió.
El director general de Tráfico afirma que hay países muy democráticos en el resto de Europa, donde se utilizan procedimientos muy expeditivos con aquellos conductores que circulan bajo los efectos del alcohol. La juez ha elegido un «camino tortuoso», manifestó.
Monserrat Comas, titular del juzgado de instrucción número 3 de Barcelona, recibió a primeros de este mes en un turno de guardia un atestado policial por sendos supuestos de delitos contra la seguridad del tráfico y desobediencia grave a la autoridad por la negativa a someterse a una prueba. En su resolución, la juez afirma que el artículo 380 del Código Penal, aplicado en estos atestados, podría vulnerar varios preceptos constitucionales, por lo que suspendió la admisión de la denuncia respecto al delito cuestionado.
Relevo en la Dirección General de Carreteras
I. G. MARDONES
, Madrid
El Consejo de Ministros aprobó ayer viernes el relevo al frente de la Dirección General de Carreteras. El nuevo titular es Juan Francisco Lazcano Acedo, de 50 años, ingeniero de Caminos y subdirector general de Conservación y Explotación desde 1991. Es un hombre de los llamados de la casa . Ha desempeñado su trayectoria profesional en el Ministerio de Obras Públicas -hoy de Fomento-, salvo un corto periodo en Castilla y León, donde fue director de Obras Públicas.
Sustituye en el cargo a Juan José Dómbriz Lozano, quien presentó su dimisión irrevocable al ministro Rafael Arias Salgado el pasado miércoles, día de la firma del convenio sobre el trazado de la N-III por el río Cabriel. Dómbriz ha mantenido siempre una postura discreta, pero ahora mostró al ministro su disconformidad por la solución adoptada.
EL PAIS DIGITAL, 15 de junio de 1996