EE UU cancela el visado al presidente Samper por su relación con los 'narcos'
PILAR LOZANO,
Bogotá
Estados Unidos hizo ayer realidad una de sus amenazas: canceló el visado al presidente colombiano Ernesto Samper. Las razones que adujo la Casa Blanca son graves: «El presidente Samper participó a conciencia en negociaciones con el narcotráfico»; «hay certeza de que ingresaron dinero del narcotráfico en su campaña electoral»; «la sanción es personal, no contra el Gobierno colombiano»; «Samper no es bienvenido en EE UU», fueron las frases más duras que pronunció Nicholas Burns, portavoz del Departamento de Estado, al anunciar la medida en una conferencia de prensa en Washington.
La noticia, que se conoció en Colombia a media mañana, causó un gran revuelo y reuniones extraordinarias tanto en la Presidencia como en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La primera reacción del Gobierno la ofreció el ministro de Trabajo, que calificó la medida como el golpe «más humillante recibido por el pueblo colombiano». Por su parte, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Diego Uribe Vargas, la interpretó como una «venganza» y un acto de «intervencionismo».
La decisión norteamericana fue comunicada a Samper por el embajador de EE UU en Bogotá, Myles Frechette. Anoche, el jefe del Estado colombiano tenía previsto reunir a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, integrada por ex presidentes y delegados del Congreso y del Gobierno, para analizar la nueva situación creada por la sanción.
«No necesito visa de Estados Unidos para gobernar el país», ha venido repitiendo Samper desde mediados de junio cuando, a raíz de ser absuelto de toda relación con el narcotráfico por el Congreso colombiano, se dio por hecho que Washington le prohibiría entrar en EE UU. La medida causó estupor e indignación en muchos colombianos que consideran que su país ha sido rebajado a la condición de paria internacional. Colombia empezó a figurar en la lista negra de Washington cuando hace unos meses el Gobierno norteamericano suspendió sus ayudas económicas al país por considerar insuficiente su lucha contra el narcotráfico.
Con Samper son ya cuatro los altos cargos colombianos afectados con esta medida: el procurador (fiscal de los funcionarios públicos) hoy en prisión por el llamado narcoescándalo; el contralor (fiscal del dinero público) investigado también por este mismo caso y el actual embajador en México y ex fiscal general, Gustavo Degreiff.
El Gobierno de Estados Unidos está apretando las clavijas al Gobierno de Samper en varios campos. La Administración Clinton no quedó muy contenta con la absolución que le dio el Congreso a Samper. «Quedan muchos interrogantes por contestar», aseguró entonces un portavoz norteamericano y fijó un plazo, que vence el próximo 30 de septiembre, para que Bogotá endureciera su acción contra el narcotráfico. El Gobierno de Samper presentará un paquete de medidas con este fin al Congreso el próximo día 20. Otra de las exigencias norteamericanas es volver a poner en práctica la extradición. Hace apenas dos semanas y de forma inesperada EE UU pidió oficialmente la extradición de cuatro capos del cartel de Cali . Pese a la negativa colombiana -la extradición fue eliminada en la Constitución de 1991 -, Estados Unidos sigue insistiendo y asegura que su no aplicación convierte a Colombia en una especie de paraíso para los narcotraficantes.
Lidiar con Estados Unidos y salvar unas relaciones que parecen ya insalvables será la primera tarea de la flamante ministra de Exteriores colombiana, María Emma Mejía, que ayer mismo tomó posesión de su cargo. Mejía, ex embajadora en España, sustituyó a Rodrigo Pardo, que renunció al puesto por su relación con el narcoescándalo.
El principal instigador de este caso, el tesorero de la campaña electoral de Samper en 1994, Santiago Medina, se desmayó y tuvo que ser hospitalizado el pasado miércoles cuando se le comunicó que había sido condenado a un mínimo de siete años de cárcel por su participación en este escándalo.