Aznar pedirá el aval previo de las Cortes a la plena integración en la OTAN
MIGUEL GONZÁLEZ,
Madrid
El Gobierno de José María Aznar pedirá después del verano el respaldo de las Cortes a la incorporación de España a la nueva estructura militar de la OTAN. El PP copiará la fórmula utilizada en otoño de 1981 por Leopoldo Calvo Sotelo, que obtuvo la autorización previa del Parlamento para negociar el ingreso en la Alianza Atlántica. También ahora esta autorización, que sustituirá a un nuevo referéndum, irá acompañada de algunos requisitos.
Aunque el ministro de Defensa, Eduardo Serra, aludió recientemente en Bruselas al envío al Congreso de un «proyecto de ley» sobre la integración en la estructura militar de la OTAN, fuentes gubernamentales señalan que se trató de un lapsus linguae , ya que este asunto no es materia de ley. Legalmente, ni siquiera se requiere la aprobación del Parlamento, pues no va a modificarse el Tratado de Washington, al que se adhirió España en 1982.
Sin embargo, puesto que el pueblo español decidió en referéndum, en marzo de 1986, que España permaneciese en la OTAN pero fuera de la estructura militar y el Gobierno está decidido a no celebrar una nueva consulta popular, pedirá al menos el respaldo de las Cortes.
El propósito del Ejecutivo es conseguir este apoyo parlamentario antes de que quede totalmente perfilada la nueva estructura de mandos, que se encuentra actualmente en discusión.
Su objetivo es que en diciembre próximo, cuando los ministros de Exteriores y Defensa, Abel Matutes y Eduardo Serra, acudan a Bruselas a reunirse con sus homólogos de la OTAN, lleven ya en el bolsillo el aval de las cámaras españolas a la plena integración militar.
Eso sí. Como en otoño no se conocerá todavía cómo es la nueva estructura militar aliada, el respaldo parlamentario no será un cheque totalmente en blanco, sino que irá acompañado de algunas recomendaciones sobre los objetivos a alcanzar.
Eduardo Serra, en su comparecencia ante el Congreso del pasado día 6, ya adelantó los principales requisitos que deben darse para que España se integre en la estructura militar: «Primero, que la estructura sea diferente a la anterior. Segundo, que el estatuto de España responda a nuestros propios intereses. Tercero, que se potencie la identidad europea de seguridad y defensa».
La ambigüedad de dichas condiciones, en la forma en que las expuso el ministro, deja un amplio margen de maniobra al Gobierno. Nadie duda, a estas alturas, de que la nueva estructura será diferente a la anterior, aunque sea más opinable el carácter sustantivo o accesorio de las diferencias. Respecto a la potenciación de la identidad europea de seguridad y defensa, ha recibido ya un notable impulso en la reciente reunión del Consejo Atlántico en Berlín.
Finalmente, el «estatuto de España» en la nueva estructura militar no se conocerá hasta que concluya la negociación. España, que apoya una sustancial reducción de los actuales mandos aliados, no aspira tanto a un mando propio sino, más bien, a ocuparlo con carácter rotativo.
Lo que de verdad subyace no es tanto el estatuto de España como el de Gibraltar. La pervivencia del actual mando aliado del Peñón, que en este momento parece descartada, sería un obstáculo casi insalvable para la total integración española.
El precedente de 1981
Estos requisitos se incorporarán a la comunicación que el Gobierno enviará al Congreso después del verano, pidiendo su respaldo para negociar con la OTAN. La fórmula será muy similar a la que, en otoño de 1981, empleó el Gobierno de UCD, presidido por Leopoldo Calvo Sotelo, para ingresar en la Alianza Atlántica.
El 30 de agosto de aquel año, el Ejecutivo solicitó la autorización de las Cortes para negociar la adhesión al Tratado del Atlántico Norte. El texto incluía, no obstante, una condición y cuatro recomendaciones.
La condición era que España no aceptaría «el almacenamiento o instalación de armas nucleares de la Alianza» en su territorio. Aparte de que algunos creyeron ver en esta redacción una trampa -pues la OTAN no posee armas nucleares, sino que las tienen algunos de sus miembros- se añadía a renglón seguido que dicha decisión podría cambiarse «previa autorización de las Cortes».
Las recomendaciones hacían referencia a la necesidad de garantizar la seguridad de toda España, incluidas Ceuta y Melilla; al carácter prioritario de la recuperación de Gibraltar y a la negociación paralela del ingreso en la Comunidad Europea.
El Congreso y el Senado dieron su autorización para la entrada en la OTAN en un plazo de dos meses pero el proceso, que concluyó el 28 de noviembre de 1981, dividió a derecha e izquierda y comprometió al PSOE a celebrar un referéndum.