Siemens admite que el dinero entregado a los comisionistas del AVE pudo acabar en el PSOE
FRANCISCO MERCADO,
Madrid
La multinacional Siemens emitió ayer un comunicado en el que no excluye que las empresas a las que pagó por intermediar en los contratos del AVE «hayan tenido relaciones con el PSOE, ni que el dinero haya sido desviado a ese partido». Carlos Jiménez Villarejo, responsable de la Fiscalía Anticorrupción, anunció ayer «novedades relevantes» sobre el caso de supuesta financiación irregular del PSOE. La Fiscalía espera el resultado de las pesquisas efectuadas en Alemania y Suiza, donde, según uno de los comisionistas, Joaquín Mundo, se pagó parte de las comisiones.
La multinacional Siemens emitió ayer desde Múnich, Alemania, un comunicado en el que, por primera vez, manifestaba que no excluía que las comisiones del AVE, cuya cuantía cifra un informe pericial difundido el miércoles en cerca de 1.000 millones de pesetas, hubieran ido a parar a dicha formación política. «La eventualidad de las comisiones no ha sido probada», según Siemens, pero recuerda que el consorcio hispano-alemán que lideraba utilizó los servicios de sociedades de gestión. «En el estado actual de la investigación no se puede excluir que estas sociedades hayan tenido vínculos con el PSOE, ni que el dinero haya sido desviado a ese partido», agrega el escrito. «Ningún colaborador de Siemens ha sido puesto en entredicho en la investigación que se desarrolla en España», concluye la nota.
El informe pericial difundido el miércoles no sólo confirma el dato (difundido por EL PAÍS en enero de 1993) de que empresas dirigidas por personas relacionadas con el PSOE, como GMP o Atacir, obtuvieron cerca de 1.000 millones de pesetas en comisiones de Siemens por mediar ante Renfe en los contratos del AVE, sino que la Administración -Renfe y Ministerio de Transportes-, pagó injustificadamente 2.918 millones de pesetas al consorcio que lideraba la firma germana.
Esta cifra aflora al descubrirse que la construcción de las instalaciones de electrificación del AVE fueron adjudicadas por Renfe al consorcio alemán con un presupuesto de 12.259 millones de pesetas y por el Ministerio de Transportes al mismo grupo por otras 14.672 millones. En suma, la adjudicación global del tramo Madrid-Sevilla se elevó a 26.932 millones de pesetas. Sin embargo, Renfe había valorado el total de la obra en 25.652 millones, en un contrato suscrito el 27 de julio de 1989. «Por tanto, se detecta en el precio un exceso de 1.280 millones de pesetas sobre la oferta global negociada, cuya justificación no resulta acreditada».
Igual operación se observa en la construcción de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones, que Renfe adjudica al consorcio hispano- alemán por 49.131 millones de pesetas en julio de 1989. Sin embargo, cuando la obra se subdivide entre Renfe y Transportes y se le otorga al mismo grupo, el monto global suma 50.769 millones de pesetas. «Por tanto se detecta un exceso de 1.638 millones de pesetas, cuya justificación no resulta acreditado».
Precisamente, GMP consultores, cobró 917 millones de pesetas por su asesoramiento en los contratos que sufrieron tales desvíos de 2.918 millones: señalización, telecomunicaciones y enclavamientos electrónicos. Y Atacir cobró otros 33 millones. La cifra pactada de comisiones, cerca de 2.700 millones para ambas firmas, casi coincide con tal desvío entre el valor de la adjudicación inicial y lo abonado a Siemens.
Pagos en Alemania
Uno de los comisionistas implicados en este caso, Joaquín Mundo Aragó, afirmó ante el juez que «la parte principal (de las comisiones) fue pagada a través del circuito general de la empresa matriz». Por ello, en la Fiscalía Anticorrupción ven esencial las pesquisas solicitadas a las autoridades judiciales de Alemania y Suiza. Por el contrario, Jaime Gil Robles, abogado de los comisionistas Juan Carlos Mangana, ex miembro del comité electoral del PSOE, y Sotero Jimenez, que fue secretario del ex responsable de finanzas socialista, Guillermo Galeote, dijo ayer que tales vínculos «no significan que el dinero que cobraban por sus trabajos fuera a parar al PSOE».
Con igual contundencia desmintió ayer el PSOE toda vinculación con las empresas comisionistas, mientras que el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, aseguró que se incrementarán los controles internos y externos del gasto público para evitar el pago de comisiones en las adjudicaciones de contratos.
IU se plantea pedir una investigación parlamentaria.