Jueves 11 de julio de 1996

Los peritos de Hacienda confirman a la juez que Siemens pagó a empresas vinculadas al PSOE

EL PAÍS, Madrid
Tres sociedades de personas vinculadas al PSOE recibieron más de 972 millones de la empresa alemana Siemens, adjudicataria del AVE, según el informe que los peritos de Hacienda han enviado a la juez Teresa Chacón, que investiga la presunta financiación ilegal del partido socialista. En un documento de 300 folios y otros 200 de anexos, los peritos confirman la existencia de estos pagos, de los que informó EL PAÍS el 26 de enero de 1993, y concretan que las sociedades beneficiarias fueron GMP Consultores (917 millones), Tecnología Informática 2020 (21,8 millones) y Atacir (33,6 millones). Los expertos aprecian «una considerable desviación al alza» del contrato de Renfe con Siemens y la cifran en 3.000 millones. Entre otras irregularidades, Renfe «seleccionó una oferta para obras que no eran de su competencia», sino del Ministerio de Transportes, según los peritos.


La empresa GMP Consultores, constituida por Juan Carlos Mangana, ex miembro del Comité Electoral del PSOE de 1986, y Sotero Jiménez, que fue secretario del ex responsable federal de finanzas Guillermo Galeote, recibió más de 917 millones entre 1989 y 1994.

Tecnología Informática 2020, constituida por la ex coordinadora de finanzas del PSOE Aida Álvarez, recibió de Siemens 21 millones. Obtuvo 33 millones la firma Atacir, de la que fue consejero delegado el ex militante socialista Florencio Ornia, que fue director de Infraestructuras y Seguimiento para Situaciones de Crisis, dependiente de Presidencia del Gobierno.

Estas cifras están contenidas en el informe pericial sobre el Proyecto Nafa (Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía), que la juez Teresa Chacón, titular del juzgado de instrucción número 39 de Madrid, ya ha notificado a las partes.

Los 33.000 millones que Renfe iba a abonar al Consorcio Hispano-Alemán, liderado por Siemens, en pago por 75 locomotoras y 24 trenes de alta velocidad, se convirtieron finalmente en 36.000 millones. Siemens obtuvo también la adjudicación del enclavamiento de la estación de Santa Justa de Sevilla. La desviación se produjo en dos momentos, desde el acuerdo del Consejo de Ministros hasta la selección y adjudicación por Renfe de la oferta global, y desde esta adjudicación hasta la firma de los contratos.

A pesar de que las adjudicaciones se convocaron mediante petición pública de ofertas, Renfe adjudicó las obras mediante el envío de cartas a diversas empresas. Según los peritos, «las negociaciones previas a la adjudicación se desarrollaron únicamente con Renfe y no consta que las empresas interesadas tuvieran conocimiento, durante estas negociaciones, de la posible intervención del Ministerio de Transportes». Por lo tanto, los expertos de Haciendan consideran que «las otras empresas licitadoras quedaron al margen de tan importante circunstancia, que influiría directamente en la determinación del precio final».

En opinión de los peritos, «los precios ofertados, adjudicados y pagados por el Ministerio de Transportes no se ajustan a la realidad de la obra ejecutada en el tramo de su competencia». Y añaden: «Con la ejecución de estos contratos, se ha satisfecho un precio superior a la oferta global adjudicada y comprometido por Renfe frente al Consorcio, lo que no se hubiese producido de no haber existido el desdoblamiento de la contratación».

Siemens y GMP Consultores firmaron un acuerdo para que esta empresa gestionara la adquisición de los contratos de ejecución de las obras, instalaciones y suministros con Renfe. Sin embargo, «no existe ningún documento que acredite la existencia de contactos y conversaciones mantenidos por personal de GMP a favor de Siemens para tratar asuntos relacionados con el objeto del contrato». Además, los peritos destacan «la reducida estructura empresarial de GMP Consultores».

Servicios no prestados

La relación entre Tecnología Informática 2020 y Siemens se califica de «similar a la mencionada con GMP y la realidad de los servicios prestados a Siemens por tal facturación no resulta acreditada».

Por otra parte, GMP pagó más de 100 millones a Tecnología Informática 2020 y 40 millones a Distribuidora Express 2020, pero, según los peritos, no se ha acreditado la prestación de servicios.

Los tres peritos que han elaborado el informe explican que el Proyecto Nafa refleja que las inversiones se efectuarían mediante una actuación conjunta de Renfe y el Ministerio de Transportes. El informe recuerda que el proyecto tuvo su origen en el contrato programa entre el Estado y la empresa ferroviaria para 1988-1991, época en la que el ministro de Transportes era José Barrionuevo y el presidente de Renfe, Julián García Valverde.

Renfe adjudicó el 1 de julio de 1989 al Consorcio Hispano-Alemán la electrificación de la vía de alta velocidad de dos tramos del AVE, Madrid-Getafe y Córdoba-Sevilla. Los concursos públicos del ministerio fueron convocados el 12 de octubre de 1989, después de la adjudicación y firma con Renfe de los contratos de estos tramos.

Según los peritos, Renfe anticipó el 27 de octubre de 1989 el 10% de dichos contratos; es decir, pagó más de dos mil millones de pesetas por señalización y más de mil por electrificación. «Todo ello lleva a concluir que en Renfe existió el convencimiento de que el Consorcio Hispano-Alemán era quien ejecutaría la totalidad de las obras a contratar», dicen los expertos.

Un grupo con fuerte presencia en España

EL PAÍS ,Madrid
Siemens, el gigante alemán de la electrónica, que cuenta con un siglo y medio de historia, lideró el consorcio que consiguió contratos para la construcción del AVE Madrid-Sevilla por valor de 100.000 millones de pesetas. En el año 1989 abordó una profunda reestructuración con un claro objetivo: convertirse en un líder mundial del sector. Acometió un profundo ajuste de plantilla, que afectó también a sus factorías en España, y compró Nixdorf, su principal competidor alemán.

Su apuesta en España ha sido fuerte. A los contratos millonarios del AVE, se suma la compra reciente de parte del grupo español Amper, operación en la que prevé invertir unos 18.000 millones de pesetas en dos años, y su contrato de 30.000 millones como segundo proveedor integral de equipos para el operador de telefonía móvil Airtel.

Sus actividades en España van desde los bienes de equipo eléctricos, a la automatización industrial, la electromedicina o los electrodomésticos. El grupo tiene fábricas en Getafe (Madrid), Málaga y Cornellà (Barcelona) y una clara intención de seguir expandiendo sus operaciones en España, donde prevé invertir 20.000 millones entre 1995 y el 2000. Su facturación en 1995 fue de 86.216 millones de pesetas. Los beneficios, sin embargo, cayeron un 46% respecto al ejercicio anterior, quedando en 163 millones. El principal interés del grupo, según ha declarado en varias ocasiones el vicepresidente consejero delegado de Siemens España, Eduardo Montes, es concentrarse en el mercado español de las telecomunicaciones.

Escándalo en el Congreso con bronca y abandono del hemiciclo

C. V ,Madrid

El debate sobre posibles episodios de corrupción en la construcción del AVE provocó uno de los momentos de máxima tensión parlamentaria de la penúltima legislatura. El 24 de marzo de l993, los diputados del PP abandonaron el hemiciclo del Congreso, durante una interpelación en la que el diputado popular y hoy ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, acusó al entonces ministro de Transportes, José Borrell, y al Presidente del Gobierno, Felipe González, de «ser responsables del clima de corrupción generalizada que hay en España y de las comisiones del AVE».

La sesión marcó un hito en la escalada de tensión política que vivió el final de la IV legislatura, dos meses antes de las elecciones generales que se celebraron el 6 de junio.

El abandono del hemiciclo por parte de los diputados del PP se produjo después de que el presidente de la cámara, Felix Pons, suspendiera la sesión durante unos minutos, tiempo que Borrell aprovechó para dar una rueda de prensa sobre el debate.

El duelo entre Borrell y Arenas fue muy crudo y transcurrió entre pateos, insultos cruzados y gritos de «dimisión, dimisión», dirigidos a Borrell desde los escaños del Grupo Popular.

El ministro se defendió afirmando que el PP intentaba minar «los fundamentos del sistema» y quería «tapar el error que cometió» José María Aznar cuando afirmó que el PP nunca hubiese construido el AVE.

Arenas repitió varias veces que el ministro había mentido al Congreso y exhibió las fotocopias de tres contratos que, según dijo, probaban que se habían cobrado comisiones ilegales por el AVE. Se trataba de tres documentos publicados por EL PAÍS en enero y febrero de aquel año.

Una semana después, los populares no consiguieron ni un solo voto para reprobar a Borrell tal y como pretendían. También fue rechazada la creación de una comisión investigadora que apoyaron IU, CDS y algunos diputados del grupo mixto.


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