La nueva política española hacia Cuba acaba de ser anunciada públicamente por el propio presidente, José María Aznar, y delante del vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore.

Si el contenido de la declaración del presidente del Gobierno es negativo en sí mismo, porque supone, entre otras cosas, la suspensión de la ayuda española al pueblo de Cuba, su forma es aún más desafortunada, porque se trata de un acto precipitado y unilateral no consultado ni con las fuerzas parlamentarias ni con las ONG encargadas de la cooperación con el país caribeño. En cuanto al marco del anuncio (la visita de Al Gore), lo ocurrido nos homologa con las conductas gregarias de gobernantes de países de otras latitudes.

Si algo cabía esperar de un presidente español es que expusiera al vicepresidente norteamericano el rechazo de nuestro país a la ley Helms-Burton, que viola flagrantemente las normas básicas del comercio internacional, tal y como han hecho con rapidez y claridad la Unión Europea y varios gobiernos de los países afectados, entre ellos México y Canadá, que, a pesar de sus fuertes vínculos con Estados Unidos, no han dudado en salir en defensa de su derecho al libre comercio.

En vez de mantener posiciones similares, Aznar no sólo desatiende los legítimos intereses de las empresas españolas que tienen inversiones en Cuba y que la ley Helms-Burton pretende ilegalmente sancionar, sino que protagoniza un gesto inamistoso con un país al que nos unen tantos lazos culturales e históricos.

En una situación económicamente crítica como la que vive Cuba, es una falacia diferenciar la cooperación bilateral que se suprime de la ayuda estrictamente humanitaria que se dice mantener, sobre todo cuando los programas de cooperación española con Cuba han estado esencialmente destinados a proyectos de emergencia y a cubrir necesidades vitales para la población de la isla.

Resulta especialmente rechazable la utilización de los derechos humanos como coartada hipócrita para encubrir decisiones políticas de marcado prejuicio ideológico.

Por otra parte, la política de acoso y aislamiento del régimen cubano que propugnan los sectores más conservadores norteamericanos no sólo es inadmisible para la dignidad de aquel país, sino que perjudica y retrasa la puesta en práctica en el mismo de las necesarias y urgentes reformas económicas y políticas.

La reanudación del diálogo entre el Gobierno y los grupos en el exilio propiciado por el ministro de Asuntos Exteriores cubano, Roberto Robaina, ha sido, por ejemplo, un primer paso en el camino del entendimiento y la reconciliación que no debiera boicotearse con intransigencias internas, pero tampoco desde luego con presiones externas.

Por encima de todo hay que poner la realidad de un pueblo agobiado por las carencias más elementales en materias como la salud, la vivienda, la alimentación y el transporte. Esta penosa situación económica se ha visto agudizada por las consecuencias de los cambios políticos en el Este de Europa, pero también por los efectos del embargo norteamericano sobre Cuba, que persiste después de más de treinta años, a pesar de haber sido reiteradamente condenado por numerosas e inequívocas resoluciones de las Naciones Unidas o del Parlamento Europeo, entre otros organismos.

La reciente ley Helms-Burton, a la que también se oponen numerosas personalidades norteamericanas, pretende, aún, endurecer este bloqueo, en sintonía con los grupos más extremistas del exilio de Miami, capitaneados por Mas Canosa, y a riesgo de deteriorar aún más las condiciones de vida de los cubanos.

Los firmantes de este artículo consideramos que el Gobierno español debería proponer a la Unión Europea la reanudación de las conversaciones y negociaciones para la firma futura de un acuerdo de cooperación con Cuba y mantener en las relaciones bilaterales futuras una posición no dependiente de Washington en sintonía con la importancia de nuestro país en el mundo hispanoamericano y como mejor forma de conservar el prestigio e influencia que nos corresponde.

Desgraciadamente, el debate del pasado 28 de mayo en el Congreso de los Diputados en torno a la ley Helms-Burton ha puesto de relieve que no sólo el Partido Popular quiere quebrar el amplio consenso internacional a favor de la exigencia de su derogación, sino que también algunos de sus recientes aliados, como el PNV y CiU, se han plegado a ello, desdiciéndose de compromisos y pronunciamientos anteriores.

Es necesario que las organizaciones representativas españolas, ya sean partidos políticos, centrales sindicales u ONG, desplieguen una amplia campaña de solidaridad en sintonía con la sensibilidad de la opinión pública de nuestro país, a fin de que las administraciones españolas, empezando por el Gobierno central, contribuyan a paliar las necesidades del pueblo cubano, que será, al mismo tiempo, la mejor ayuda para los que allí propugnan un futuro de paz y de convivencia democrática.

Carlos Carnero es eurodiputado por Izquierda Unida. Firman asimismo este artículo Manuel Bonmatí (secretario de Relaciones Internacionales de UGT), Juan Moreno (secretario de Relaciones Internacionales de CC OO) y Francisca Sauquillo (eurodiputada por el Psoe).