Azotado por la marea de la corrupción, a merced de los vientos judiciales y de la corriente liberal que recorre Europa y con el lastre de la «Insoportable Herencia Recibida», el PSOE navega a la deriva. Para evitar el naufragio, los socialistas se aferran como tabla de salvación a poder demostrar que los casos de corrupción han obedecido a comportamientos individuales y a la honradez y liderazgo carismático de Felipe González, cuyas «vacaciones» suponen un elemento añadido de desorientación. El esfuerzo por «limpiar y poner orden» en casa resta energías para ejercer la oposición y ya han surgido las primeras diferencias sobre la estrategia a aplicar.
El ex ministro José Borrell deambulaba el día 19 por el Congreso de los Diputados con aspecto de «sonado» y el ejemplar de un periódico doblado por un título que rezaba «El presidente socialista de Navarra dimite tras haber ocultado una cuenta en Suiza». Enmudecido de estupor, incapaz de encontrar las palabras adecuadas a su estado de ánimo, repetía de forma casi mecánica: «Es que algunos nos hemos dedicado a trabajar...».
«¿Cómo es posible? ¿Cuántos escándalos más van a salir? ¿Cuándo van a salir? –y, sobre todo– ¿Cuántos más hay?». Éstas son las preguntas, que perplejos y abatidos, se repiten la inmensa mayoría de los militantes y cuadros del PSOE, entre los que el desánimo y la indignación sólo dejan aliento para otra pregunta: «¿Cuánto falta para las vacaciones?».
Salvar el partido
El «caso Otano» ha caído sobre los socialistas como un mazazo porque ha llegado cuando, tras la derrota electoral, creían que se podría «pasar la página» de algunas cosas y empezar a mirar hacia el futuro. Además, al llover sobre el terreno enlodado por el «caso Urralburu», pone en peligro no ya la credibilidad de las personas sino la del propio proyecto socialista, según reconocen miembros de su dirección, que ha decidido anteponer la salvación del «instrumento» que es el partido a la de las personas, aun a costa de que puedan pagar justos por pecadores. Por primera vez, la dirección socialista ha reaccionado de manera rápida y contundente, según dirigentes y militantes que, hartos de que la sociedad albergue sombras de duda sobre su honradez y los motivos de su militancia, han encontrado algo de «alivio» en la firmeza de la Ejecutiva federal.
Los 17 miembros de la ejecutiva del Partido Socialista de Navarra (PSN) que el viernes día 21 se desplazaron en autobús a la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, acudían a escuchar a sus interlocutores de la Ejecutiva federal: los secretarios de Organización, Ciprià Ciscar; de Asuntos Políticos, José María Benegas, y de Administración, Francisco Fernández Marugán. Entraron a escuchar y salieron «dimitidos».
A Felipe González le había cambiado el humor de la noche a la mañana. Según uno de sus colaboradores, el lunes 20 bromeaba, pero el martes 21, después de que Javier Otano hubiera involucrado al PSOE en su cuenta de Suiza, no había quién le hablara. Se sentía –dicen sus colaboradores– engañado por Otano, que no le contó que tuviera intención de implicar al partido, y «sorprendido con las personas». Lo de Gabriel Urralburu le había dolido más en lo personal, porque la relación era más antigua y estrecha, pero lo de Otano era más duro políticamente porque llegaba cuando se creía haber lavado el honor en Navarra. Urralburu y Otano encarnaban ambos una cierta estética de socialistas honrados y, sin embargo, se ha descubierto que los dos estaban implicados en la trama navarra del «caso Roldán», al que se acusa de haber corrompido todo cuando ha tocado. En medio de tanta mala noticia, lo único bueno para los socialistas era que, de momento, todo seguía circunscrito a la trama creada por el ex director general de la Guardia Civil.
El descubrimiento de la cuenta suiza de Otano hizo recordar que su mensaje, en la investidura presidencial como sustituto de Urralburu, fue: «Sin ética no hay política». Es la misma línea que había trazado su predecesor hasta que fue descubierto. Urralburu, del que algunos dicen recordar una durísima intervención contra Guillermo Galeote en el Comité Federal del PSOE que abordó el «caso Filesa», sobre la presunta financiación ilegal del partido, en abril de 1993 declaró al diario «Navarra Hoy»: «Deben rodar las cabezas de aquellos que sean directa o indirectamente responsables del “caso Filesa”». La única diferencia para los socialistas es que Urralburu, a diferencia de Otano, asumió personalmente las acusaciones y nunca intentó involucrar al partido.
Con estos precedentes, son muchos los dirigentes socialistas que ya no se atreven a decir nada porque «si éstos aparecieron como los paladines de la ética, los que pedían que rodaran cabezas, ¿qué vas a decir?». En esta misma reflexión parece hallarse González, al que se atribuye haber dicho, en conversaciones de carácter restringido, que «hay que averiguar todo lo posible y depurar las responsabilidades, alcancen a quien alcancen» porque «éste es el partido de Pablo Iglesias y de los socialistas honrados».
Borrachera de poder
Pero la realidad es que en este partido había, y puede que siga habiendo, personas que no han sido honradas. ¿Por qué? Algunos de los dirigentes más antiguos opinan que, además de los «aprovechados» que se acercaron atraídos por las mieles del poder, buena parte del problema estriba en que aquella generación de socialistas que todavía en la juventud lo copó todo a comienzos de los ochenta se dejó seducir por todas «las eróticas» del poder y se «emborrachó» en ellas.
El PSOE ha pagado por ello un elevado precio en credibilidad y confianza social –«el daño que nos han hecho los escándalos es muy superior al que nos hizo la represión franquista», según dice Ludolfo Paramio en «El Socialista»– , sin que –a pesar de los más de nueve millones de votos del 3 de marzo– pueda existir seguridad de que la hemorragia se ha detenido, no mientras que no pueda existir la seguridad de que no aparecerán nuevos escándalos. Esto es lo que lleva a decir a uno de los principales responsables del PSOE: «Sería un alivio que salieran de una vez los nombres de todos los políticos españoles que tienen cuentas en Suiza». Mientras, lo único cierto es que se estrecha el cerco judicial en el «caso GAL» –sin que nadie se atreva a descartar que todavía pueda estallar alguna sorpresa en este escándalo–, asunto a propósito del que un sector importante del PSOE se muestra si no complaciente, sí al menos comprensivo –con argumentos del tipo «va a ser muy difícil que le cojan»–, y todavía –después de cinco años– se está a la espera del juicio sobre «el caso Filesa».
El PSOE ha pagado el precio de ese descrédito no sólo en forma de desalojo del poder sino que también se han arrumbado algunos de los valores más tradicionales del partido, como la solidaridad interna, principio que se ejerció hasta el abuso durante la etapa de hegemonía del guerrismo y que ahora ha sido sustituido por el principio de la responsabilidad individual. Ya nadie se atreve a poner la mano en el fuego por nadie y menos que nadie Felipe González que, no hace tanto tiempo, llegó a hacerlo incluso por personas que no militaban en su partido, como Mariano Rubio. Lo dejó claro el viernes 21, en Don Benito (Badajoz): «Yo respondo de mí». Entre sus correligionarios nadie duda de su honradez porque, según afirma un ex alto cargo, «se han gastado miles de millones en investigarle y, si hubiera algo, ya se sabría».
Los socialistas dicen comprender las palabras de su líder, pero los navarros están irritados por lo que dijo en ese mismo escenario Juan Carlos Rodríguez Ibarra: «La responsabilidad es de los militantes y de los dirigentes de Navarra. No va a ser de los dirigentes y militantes de Extremadura». Todos huyen del apestado, en este caso de los navarros, que no sólo tienen que arrostrar la carga de Urralburu y Otano sino también con que sus compañeros de partido miren hacia otro lado.
La sospecha de la financiación ilegal
El PSOE se aferra como única tabla de salvación a poder demostrar que no ha habido financiación ilegal del partido detrás de los casos Urralburu y Otano. Para ello ha encomendado una investigación interna a la Secretaría de Administración, que dirige Francisco Fernández Marugán, desde la que se asegura que «lo que se descubra, se dirá», conscientes de que una investigación cerrada «en falso» sólo contribuiría a aumentar el descrédito. No obstante, se admite que su capacidad real de investigación es muy limitada al carecer de cualquier medio o capacidad coactiva, por lo que la auténtica investigación habrá de ser la judicial.
Entre los cuadros socialistas existía el convencimiento de que, a raíz del «caso Filesa», si lo hubo –como todo el mundo sospecha que ocurre en todos los partidos–, en 1991 se había cortado de raíz cualquier mecanismo de financiación irregular. De que lo hubo parecen existir más que sospechas fundadas a tenor de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra tres familiares del ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, José Miguel Salinas, y el ex consejero Jaime Montaner por el presunto cobro de extorsiones a beneficio del PSOE en 1985 y 1986.
Pero las afirmaciones de Otano han levan
tado una nueva sombra de duda, que suscita preguntas como: «¿Había financiación del partido? Si la había, ¿cómo es posible que se tengan más de nueve mil millones de deuda?, ¿era financiación para el partido o de quienes dirigen el partido para seguir manteniéndose en la dirección?». La primera consecuencia es que con el sistema de las cuentas en Suiza han saltado por los aires los mecanismos de control creados en los últimos años como los registros de bienes y patrimonio.
Sea cual sea el resultado de la investigación, la mayoría de los socialistas opina que este nuevo escándalo –que un sector cree que era un «enlatado» que no estalla ahora casualmente, mientras que otro opina que simplemente es resultado de la dinámica judicial– ha venido a llenar el fardo del pasado que impide al PSOE levantar cabeza, ya que obliga a dedicar las energías a «poner en orden y limpiar» la casa y, además, los tribunales siguen siendo los que realmente marcan el compás de su acción política.
Para la mayoría de la docena de dirigentes nacionales y provinciales consultados por ABC, en estas condiciones anímicas es muy difícil ejercer la oposición y, en el mejor de los casos, resta eficacia a lo que se pueda hacer. Sin embargo, hay quien sostiene que este desánimo es sólo una excusa para ocultar que, después de tantos años en el poder, «no sabemos hacer oposición», como se ha demostrado en Ayuntamientos y Comunidades autónomas, y como reconoció el viernes el propio González.
Sin modelo de oposición
A dos meses escasos de la constitución del nuevo Gobierno, en el Grupo parlamentario Socialista han surgido ya las primeras discrepancias sobre la estrategia de oposición. Así, hay quien juzga un «error de libro» las prisas con que se volvió a presentar en el Congreso una proposición de ley para ampliar los supuestos de despenalización del aborto sin haber creado previamente el adecuado clima social de acompañamiento y un error táctico apostar por buscar ya contradicciones en la «coalición» del PP con los nacionalistas cuando todavía está empezando a rodar porque «si tienen la sensación de que se va a por ellos ya, lo normal es que eso produzca un afianzamiento de su alianza». Además, el exceso de sentimiento «institucional» agarrota a los socialistas para aprovechar como oposición los primeros flancos de crítica que ofrece el nuevo Gobierno. La conclusión a la que han llegado algunos es que, más allá de las apelaciones a la moderación y el rigor, «no tenemos modelo para hacer de oposición».
Las diferencias no se limitan a cuestiones tácticas. La diputada Mercedes Aroz, miembro de la dirección del grupo parlamentario y estrechamente vinculada al ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, defendió en la última reunión de la Permanente la abstención de los diputados socialistas en la votación del decreto-ley sobre medidas fiscales y fue el propio González el que pidió la palabra para decir que se debía votar en contra.
Este hecho revela la existencia de un debate interno todavía sin resolver y de gran calado: a qué electorado se quiere dirigir el PSOE. El «grupo dominante», compuesto por, entre otros, Ciprià Ciscar, Joaquín Almunia, Narcís Serra, Alfredo Pérez Rubalcaba y Rosa Conde, cree que se deben ampliar los apoyos por el centro político –orientarse básicamente a las clases medias, categoría en la que se autoidentifica más del 75 por ciento de los españoles– mientras que los guerristas –diluidos como grupo tras las elecciones del 3-M– y otros críticos, como José Borrell, creen que es al electorado tradicional de las clases más débiles al que se debe prestar mayor atención. González, en lo que parece un esfuerzo de síntesis de ambas posiciones, se propone crear una «plataforma de la izquierda» que abarque «desde el centro progresista hasta Nueva Izquierda», con el cálculo de que este espectro reúne a 12 ó 13 millones de personas que le volverían a dar la mayoría absoluta.
La Moncloa se trasplanta a Gobelas
Pero, además, existen indicios que hacen sospechar a los propios parlamentarios socialistas que González quiere transplantar a la oposición el modelo con el que gobernó, al punto de que algunas de las personas que han tenido acceso a Gobelas, donde ha instalado su «cuartel general», han visto con asombro que se ha trasladado aquí incluso la estética decorativa de Moncloa, un detalle que se atribuye a la mano de Rosa Conde.
La presencia masiva de ex ministros en el grupo parlamentario dificulta la unidad de acción, ya que algunos de ellos conservan –y utilizan– la posibilidad de acceso directo al secretario general, lo que complica, cuando no «puentea», la tarea del portavoz, Joaquín Almunia. Alguno ha formado incluso su propio grupo de «asesoramiento externo», a pesar de que el grupo ha contratado para coordinar esta tarea a José Enrique Serrano, ex director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y hay quien, como Juan Alberto Belloch, ha creado su propia Fundación, la FIEL (Igualdad es Libertad), que tiene previsto comenzar sus actividades esta semana, anticipándose así al proyecto del propio González de crear una Fundación desligada del PSOE que sirva de «laboratorio de ideas».
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