Sábado
27 mayo
2000 - Nº 1485
Madrid se enfrenta a Berlín por el futuro fondo de refugiados de la Unión Europea
SANDRO POZZI, Bruselas
La policía aduanera española rechazó el año
pasado en las fronteras a 960.000 inmigrantes, en su mayoría marroquíes,
que intentaban entrar a través de España en territorio de
la Unión Europea (UE) de forma ilegal. Siete de cada diez lo intentaron
por los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla. Así se desprende
de los datos del informe anual de 1999 sobre inmigración ilegal
de la UE conocidos ayer en Bruselas. El Consejo de Ministros de Justicia
y Asuntos de Interior abordará el lunes en la capital belga, en
el debate sobre asilo e inmigración, el alcance de un problema que
sigue agudizándose. El otro punto de discusión es el futuro
fondo europeo para los refugiados, en el que España y Alemania están
enfrentadas.
repatriación a dos inmigrantes detenidos ayer en Algeciras (J. Bienvenido). |
Pero el obstáculo principal es entrar. España fue en 1999
el país de la UE que mayor número de rechazos realizó
en la frontera, casi un millón, según datos facilitas por
el Gobierno a través de la representación permanente en Bruselas.
Siete de cada diez lo intentan por los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla.
Se estima que 180 personas cada hora intentan cruzar los puestos aduaneros
de las dos ciudades autónomas con la excusa de que quieren entrar
para hacer compras y estar en territorio español por unas horas,
como explicaron expertos en la materia. Pero los agentes los rechazan porque
temen que se queden en España.
Fuentes de la Comisión Europea calificaron estas cifras españolas
de "creíbles, aunque quizá algo exageradas", debido a la
facilidad con la que los ciudadanos marroquíes que viven cerca de
Ceuta y Melilla pueden acceder a los puestos fronterizos españoles
incluso a pie "y repetir varias veces el intento de entrar en territorio
europeo". "Es probable que España haya negado la entrada a ciudadanos
de terceros países un millón de veces, aunque seguramente
muchas veces se ha tratado de la misma persona en días distintos
porque pueden llegar hasta la frontera sin ningún problema y sin
recurrir a las mafias", subrayaron.
Esas mismas fuentes confirmaron que España es el país
que más inmigrantes rechaza en frontera, bastante por delante incluso
de países como Italia, que en los primeros cuatro primeros meses
de este año 2000 ha negado ya la entrada a 120.000 inmigrantes,
principalmente albaneses y kurdos.
50.000 detenciones
En 1999 la policía realizó también 50.000 detenciones
por estancia ilegal en el país. Fueron en su mayoría inmigrantes
procedentes de Marruecos, pero también de Colombia, Ecuador, China
y Rumania.
El problema de la inmigración ilegal lo comparten otros países
europeos. Al otro flujo migratorio procedente de los estados magrebíes
por la ruta del Mediterráneo se le suman los yugoslavos, albaneses,
rumanos, iraquíes y turcos sin documentos. En Alemania se realizaron
ese mismo año 40.000 detenciones, las mismas que en Holanda y Bélgica,
43.000 en Austria, 50.000 en Italia, en Francia 47.000 y en Grecia 182.000.
Los Quince creen que la clave para contener los flujos migratorios está
en combatir a las mafias en las fronteras y en los puntos de partida.
El Consejo de Ministros debatirá el lunes sobre las líneas
directrices que dará a la Comisión Europea para negociar
con Marruecos, Rusia, Sri Lanka y Afganistán acuerdos de readmisión
de inmigrantes irregulares. España quiere que se impregne el futuro
acuerdo con "la fuerza de la Comunidad" y no se quede en un simple convenio
en el que se primen los pactos bilaterales, porque tiene problemas para
que Rabat cumpla los compromisos cerrados con Madrid sobre la materia.
Francia no ve necesario ir tan lejos.
España tiene, en cambio, menos problemas de refugiados. El número
total de solicitudes de asilo planteadas en 1999 se sitúa tan solo
en 9.000, en su mayoría argelinos, colombianos, rumanos, cameruneses
y armenios. La magnitud del problema es mucho mayor en otros países
de la UE como Alemania, con más de 100.000 solicitudes. El Reino
Unido, con 70.000 demandas, fue el país en el que se registró
el incremento mayor; Holanda recibió 40.000, Bélgica, 35.000,
Francia, 30.000 y Austria 20.000. Las demandas de asilo en España
representan el 2% del total de la UE. Si se hace la comparación
tomando como referencia el número de habitantes, Bélgica
es el país con mayor número de solicitudes (3,5 por mil),
seguida de Holanda y Austria (2,5 por mil). En España se sitúa
en el 0,2 por mil.
El Gobierno alemán pide que se le resuelva el problema estableciendo un reparto de la carga por personas entre los Estados miembros y llevándose así una gran parte de la totalidad del fondo de refugiados propuesto por la Comisión Europea, dotado con 216 millones de euros, de los que 166 están destinados a financiar proyectos de atención a los asilados. España, que propuso que se creara ese fondo para reducir el déficit de las finanzas alemanas con la UE, se opone ahora a que se considere este sistema de reparto y pide que se doten en la misma proporción las acciones estructurales y las ayudas destinadas a medidas de emergencia. Madrid teme que se imponga el sistema de asilo alemán.
El PSOE rehúsa negociar una reforma precipitada de la Ley de Extranjería
MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
El PSOE no entrará a negociar la reforma de la Ley de Extranjería
que pretende el Gobierno por considerarla precipitada, según anunció
ayer su portavoz en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso,
Ramón Jáuregui. "No consideramos urgente ni imprescindible
la reforma de esta ley. La prudencia más elemental aconseja evaluar
sus efectos antes de tomar una decisión", insistió el portavoz
socialista. Frente al propósito del nuevo delegado del Gobierno
para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, de aprobar
la reforma en octubre o noviembre, y hacerlo además por consenso,
Jáuregui advirtió de que lo "razonable" es esperar a final
de año para hacer un balance del funcionamiento de la ley.
El PSOE comparte la opinión de los más de 300 juristas
que han pedido al Gobierno una moratoria en la reforma hasta que se puedan
evaluar sus verdaderos efectos. Además, el portavoz socialista acusa
al Ejecutivo de estar embarcado en una "operación propagandística
cargada de alarmismo" con el objetivo de justificar una reforma que el
PP no logró aprobar en la pasada legislatura.
La cifra de casi 127.000 extranjeros acogidos ya al proceso de regularización, aunque supera con creces la prevista por el Gobierno, "no es dramática", según Jáuregui. A su juicio, es bueno que legalicen su situación todos los inmigrantes que viven en España y, además, el porcentaje de extranjeros "sigue siendo bajísimo en comparación con otros países europeos".
El Gobierno descarta por ahora presentar un proyecto de ley
LUIS R. AIZPEOLEA, Madrid
El Gobierno ha renunciado a priori a presentar por su cuenta un proyecto
de ley para reformar la Ley de Extranjería aprobada en diciembre
de 1999. Con el fin de lograr el mayor consenso posible con los partidos
y las comunidades autónomas, pondrá sobre la mesa de negociación
cinco puntos "cardinales", en palabras del ministro portavoz, Pío
Cabanillas, para modificar la ley por consenso. Si finalmente lograse el
acuerdo, optaría por promover conjuntamente una proposición
de ley en el Parlamento. Sólo en caso de discrepancia optaría
por un proyecto de ley.
El Consejo de Ministros aprobó ayer, como había anunciado,
un informe sobre la reforma de la Ley de Extranjería que presentó
el titular de Interior, Jaime Mayor. El Consejo puso de manifiesto su preocupación
por la situación del fenómeno inmigratorio, especialmente
en Canarias. El ministro portavoz, Pío Cabanillas, confirmó
ayer, al finalizar el Consejo de Ministros, que las cifras de petición
de inmigrantes para acogerse al procedimiento de regularización
extraordinaria, que se abrió el 21 de marzo y concluirá el
31 de julio, se han disparado. Cabanillas precisó que el Gobierno
espera más de 200.000 peticiones.
Cinco puntos "cardinales"
El ministro adelantó también los cinco puntos "cardinales"
de la oferta negociadora del Gobierno sobre la reforma que pretende. Insistió
en dos aspectos fundamentales previos: la urgencia de la reforma y el intento
de consensuarla. Las conversaciones con partidos y comunidades autónomas
se iniciarán de forma inminente. El primero de estos cinco puntos
de la reforma, acordado ayer por el Consejo, es evitar "que se difumine
la distinción entre el inmigrante legal e ilegal", como sucede en
el texto vigente, con el objetivo de fomentar la legalidad y alinearse
con los acuerdos de la Cumbre europea de Tampere, según precisó
el ministro portavoz. El segundo punto consiste en salvar la judicialización
del régimen de visados poniendo dificultades a la presentación
de recursos en los casos de denegación. Cabanillas recordó
que en 1998 se otorgaron unos 600.000 visados y se denegaron otros tantos.
"Estamos hablando de algo de una enorme importancia en volumen y contenido",
precisó.
El control del flujo de inmigrantes es el tercer aspecto propuesto para la reforma. "La ley vigente no deja claro que la Administración tenga una potestad real de controlar esos flujos". El informe recoge finalmente la necesidad de evitar la "regularización permanente creada con la actual ley" y la necesidad de analizar los actuales supuestos de expulsión de España para "no privar a la Administración de esa capacidad de sanción".