Los extranjeros que estén en España sin permiso de residencia o trabajo podrán ser repatriados 

J. A. RODRÍGUEZ / T. BÁRBULO, Madrid 
La reforma de la Ley de Extranjería entra hoy en vigor, y con ella la posibilidad de expulsar de España en 48 horas a los inmigrantes que vivan irregularmente en el país, que a partir de ahora no podrán manifestarse, sindicarse, hacer huelga o asociarse. El texto ha provocado las protestas de colectivos de inmigrantes en varios puntos de España y el rechazo de socialistas, sindicatos y la totalidad de las organizaciones sociales que trabajan con inmigrantes, especialmente porque deja a las puertas de la expulsión a 30.000 extranjeros que vieron cómo se rechazaban sus solicitudes de regularización. 
 

El origen de los  indocumentados

La reforma de la Ley de Extranjería, aprobada definitivamente por el Senado el 14 de diciembre, consagra como infracción grave el vivir irregularmente en España o trabajar sin permiso. Los extranjeros que sean hallados en estas circunstancias podrán ser expulsados de forma preferente en 48 horas o en 72 horas si se les aplica el procedimiento ordinario. Con la ley vigente hasta ayer, ambas circunstancias sólo acarreaban multas a los inmigrantes.
 
 

La expulsión de extranjeros, en la práctica, no es tan sencilla, ya que requiere que el país de origen de inmigrante lo reconozca como ciudadano suyo, lo que impide la devolución a sus territorios natales de miles de irregulares. En la actualidad sólo Marruecos tiene firmado un acuerdo que permite la devolución inmediata, aunque el Gobierno no ha perdido el tiempo. En las últimas fechas ha negociado convenios de repatriación con los países con mayor flujo de emigrantes hacia España y está previsto que en breve estén suscritos con Nigeria, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Rumania, Polonia y Senegal.
 
 

La Ley ha llevado el temor a los 90.000 inmigrantes a los que el Gobierno rechazó su solicitud de documentación en el proceso de regularización que acabó el 21 de diciembre. La Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración se comprometió por ley a repescar a las 61.000 personas a las que se les denegó la petición sólo por no haber podido demostrar que estaban en España antes del 1 de junio de 1999. 

El Ejecutivo quería tener listo antes de que acabase este mes el decreto con las condiciones de la repesca, que podría fijar la inclusión de los rechazados en el contingente anual de trabajadores extranjeros, aún por fijar.
 
 

No habrá "cacería"
 
 

El problema se plantea, no obstante, con los 22.000 extranjeros que no fueron regularizados por incumplir otros requisitos y con los 6.271 cuya solicitud se archivó sin más. Todos ellos están supuestamente localizados a través de la documentación que entregaron y, de hecho, nada más terminar el proceso de regularización, el Gobierno empezó a enviarles cartas para avisarles de que debían salir del país. "Deberá abandonar el territorio español, a cuyo efecto se le concede un plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al de la notificación de esta resolución", decía la misiva.
 
 

El Ejecutivo, no obstante, ha insistido en las últimas semanas en que no iba a abrir una "cacería de inmigrantes". De hecho, la direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil aseguraron ayer que no habían recibido "ninguna instrucción" para aumentar la presión sobre los irregulares. Además, explicaron, que a falta de un reglamento que desarrolle el texto legal, ambos cuerpos deben limitarse "a aplicar la ley en los casos que se presenten".
 
 

La mayoría de los españoles también rechaza la expulsión, como quedó ayer de manifiesto en la encuesta del Pulsómetro de la Cadena SER, en el que se preguntaba qué se debía hacer con los ecuatorianos que viven irregularmente en Lorca (Murcia). El 67% de los consultados opinó que el Gobierno debe regularizarlos para que se queden legalmente en España y sólo un 18% optó por la expulsión.
 
 

El rechazo a la reforma fue rubricado ayer por socialistas, sindicatos, ONG y por algunos gobiernos regionales. La crítica general consiste en que se deja sin derechos fundamentales a miles de personas que ya están aquí, al tiempo que se les condena a la marginación por la imposibilidad de trabajar legalmente.
 
 

Por otro lado, el Gobierno está dispuesto a negociar el mantenimiento de las autonomías y las corporaciones locales en el Foro de la Inmigración. La comisión permanente de este organismo se reunió ayer para debatir una alternativa al real decreto que el Ejecutivo quiere aprobar para hacerse con la mayoría absoluta en ese órgano consultivo. Según asistentes al encuentro, la Administración se mostró favorable a discutir todos los puntos conflictivos del proyecto. Las organizaciones independientes coincidieron en el rechazo a las pretensiones del Gobierno. 

La patronal de Murcia abandona la reunión sobre empleo para los ecuatorianos 

M. J. LÓPEZ / T.CONSTENLA, Murcia / Lorca 
La reunión de la Mesa Provincial de las Migraciones celebrada en la Delegación del Gobierno de Murcia relacionada con los sectores agrícola y ganadero se saldó ayer sin una oferta concreta de trabajo por parte del sector empresarial a pesar de que en días anteriores habían ofrecido 8.000 empleos. La Administración central y autonómica, junto con sindicatos y municipios, acordó dar una plazo de siete días para que los empresarios agrícolas presenten sus ofertas de mano de obra necesaria después de que la patronal abandonara la reunión tras dos horas de debate.
 
 

El plante de los representantes de cuatro organizaciones empresariales (Fecoam, Proexport, Apoexpa y Ailimpo) se produjo cuando el responsable de Migración de CC OO, Manuel Delgado, les acusó de mantener un "talante fascistoide" cuando los empresarios amagaran con irse tras el argumento sindical de que se podría estar incentivando una sustitución de peones extranjeros.
 
 

Los agentes del seguimiento del convenio firmado en 1997 entre el Ministerio de Trabajo, sindicatos, patronal y municipios con el objetivo de "planificar y coordinar" las campañas agrícolas, hablarán en su próxima reunión de cifras concretas, que atenderán en primera instancia la oferta de mano de obra española, seguida de la comunitaria y la extranjera regularizada. 

Proexport, que agrupa a 55 empresas, anunció anoche que "de forma urgente" presentará a la Administración una oferta de empleo de 5.570 trabajadores temporales, sean extranjeros o no, amenazando con "las medidas judiciales que correspondan por daños y perjuicios" si el Gobierno no es capaz de poner ese número de trabajadores a su disposición.
 
 

Encierro en Lorca
 
 

Horas antes de esta polémica, los inmigrantes de Lorca concluían su encierro con una marcha de unas 70 personas que realizaron una sentada matinal durante una hora frente al Ayuntamiento de la ciudad murciana. Con folios y camisetas blancas y los rostros embadurnados de crema blanca pretendían denunciar que el Gobierno "quiere convertirnos en invisibles", dijo Ángel Mera, representante de Rumiñahui.
 
 

La entrada en vigor de la Ley de Extranjería no ha supuesto el fin de las protestas en otras localidades de Murcia, donde siguen encerrados unos 140 inmigrantes en tres iglesias de Totana, Los Alcázares y Molina de Segura.
 
 

Por su parte, los 328 inmigrantes de Barcelona que se encuentran en huelga de hambre desde el sábado en protesta por la entrada en vigor de la Ley de Extranjería anunciaron ayer que piensan mantener la protesta de manera indefinida.