Los miembros de la ponencia constitucional, en el Parlamento: De pie y de izqda. a dcha., G. Cisneros, J. P. Pérez Llorca y M. Herrero (UCD); sentados: M. Roca (Minoría Catalana), M. Fraga (AP), G. Peces-Barba (PSOE) y J. Solé Tura (PCE) (Cover).

El texto que se había aprobado en la Comisión Constitucional decía que "la actualización general de los regímenes forales se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía". Los dirigentes del PNV (presidido entonces por Carlos Garaicoetxea) se oponían a la fórmula "en el marco de la Constitución". A media tarde pareció que se había llegado a un acuerdo, pero cerca ya de las diez de la noche, Abril, en permanente contacto telefónico con el presidente Adolfo Suárez, apareció ante la prensa para anunciar taxativamente: "Señores, no existe acuerdo si el PNV no acepta la expresión 'en el marco de la Constitución".

El día 20 se anunció la ruptura formal y el 21, los ocho diputados del PNV abandonaron el hemiciclo segundos antes de que comenzara la solemne votación para no tener que pronunciarse sobre el texto constitucional. Aquella misma mañana, ETA había asesinado en Madrid a un general y a un teniente coronel, y la emoción ponía un nudo en la garganta.

El PNV sería después el único grupo parlamentario que recomendara a sus militantes y simpatizantes abstenerse en el referéndum constitucional. Y ello pese a que Xabier Arzallus, que actuaba como portavoz del PNV en las Cortes constituyentes, afirmó: "La Constitución aprobada por el Congreso es para mí, lealmente, más positiva que la de la República en muchos aspectos y concretamente en el autonómico. En lo que chocamos con el Gobierno y, quizás, con los otros partidos, es en la concepción del Estado... No me parece racional decir no a esta Constitución, creo que debemos acatarla".

El PNV acudió a las primera elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977, con un programa basado fundamentalmente en la amnistía y en la consecución de las libertades públicas y la autonomía, pero sin hablar de soberanía vasca ni expresamente de reintegración foral plena. Cuando se organizó la ponencia constitucional, UCD se reservó tres plazas, el PSOE, dos; los comunistas, una y la Alianza Popular de Manuel Fraga, otra. El PSOE cedió una plaza a los nacionalistas, pero no fue a parar a los vascos, sino a Miquel Roca, como representante de los catalanes, más numerosos. El PNV nunca se sintió representado por Roca e incluso así lo hizo saber públicamente.

Cuando se conoció el primer borrador elaborado por los siete ponentes, los nacionalistas vascos expresaron su satisfacción por la inclusión del término "nacionalidades", pero mostraron su preocupación porque no existía la menor mención al tema foral. Los ocho diputados y los dirigentes del partido se reunieron inmediatamente en un convento del Carmelo, en Amorebieta, para preparar sus enmiendas al anteproyecto de Constitución. El equipo "constitucional" quedó integrado por los diputados Xabier Arzallus, Marcos Vizcaya, Pedro Sodupe, Juan José Pujana y Juan Ajuriaguerra, amén del propio Garaicoetxea.

Ajuriaguerra, el viejo León de Euskadi , era entonces una de las personalidades vascas con mayor proyección en toda España, porque había formado parte de las comisiones creadas por la oposición antifranquista en los últimos años de la dictadura y mantenía relaciones de amistad y cariño tanto con socialistas y comunistas como con sectores de la democracia cristiana y liberales integrados en UCD. Pero Ajuriaguerra se encontraba ya gravemente enfermo (falleció cuando el proyecto de Constitución se debatía en el Senado) y Arzallus pasó enseguida a convertirse en la "cara" más conocida del PNV.

En aquella reunión de Amorebieta, los nacionalistas vascos elaboraron su texto particular de la disposición adicional primera. Entre otras cosas decía: "Se renueva el Pacto foral con la Corona, manteniendo el Rey en dichos territorios los títulos y facultades que tradicionalmente hubieran venido ostentando sus antecesores". El recién creado Consejo General Vasco se convertía en el organismo competente para "llevar a cabo la negociación con el Gobierno de la Corona". Además, en la justificación de la enmienda, se recordaba que en 1837 la Diputación liberal de Vizcaya había dejado claro que "no reside en las Cortes y en poder alguno del Estado la facultad de destruir ni modificar las instituciones fundamentales de este país sin el asentimiento de su Junta General legítimamente convocada".

La enmienda provocó una enorme irritación en los grupos mayoritarios. UCD y PSOE consideraban inaceptable el reconocimiento de "poderes jurídicos originarios" y la idea de que ningún poder del Estado, ni las Cortes, estaban legitimados para modificar las instituciones vascas. A los socialistas les parecía increíble que alguien propusiera en el siglo XX la renovación de "un pacto con la Corona".

El inicio de los trabajos en la Comisión Constitucional no significó un cambio. Los diputados nacionalistas vascos continuaron aislados. Arzallus aprovechó una de las primeras sesiones para defender el "pacto foral". El socialista Gregorio Peces-Barba le respondió inmediatamente que "el concepto sobre el que se basaban las autonomías no podía ser un pacto con la Corona, desconociendo al Parlamento". Manuel Fraga, por AP, le recordó su condición de ex-jesuita: "El señor Arzallus debe recordar cómo los jesuitas fueron expulsados de los cantones suizos".

Arzallus volvió a tomar la palabra: "Al señor Peces-Barba le digo que el pacto con la Corona no quiere decir negociar con el Rey en persona, sino que la Corona representa toda una estructura del Estado. En cuanto a la expulsión de los jesuitas de los cantones suizos, algunos hemos sido jesuitas, pero otros lo son sin haberlo sido".

"Las tres semanas locas"

El tema de la disposición adicional quedó apartado mientras se discutían los capítulos principales de la Constitución. Cuando los debates se atrancaron, el vicepresidente Fernando Abril y el número dos socialista, Alfonso Guerra, decidieron negociar fuera del recinto del Congreso de los Diputados y abrieron una etapa que se conoció como "las tres semanas locas", con decenas de reuniones en restaurantes, despachos particulares y casas privadas.

Los nacionalistas vascos no participaron en las dos primeras, pero se unieron al carrusel de reuniones secretas enseguida. La primera vez que Arzallus y Marcos Vizcaya acudieron de noche al despacho de Peces-Barba, donde ya les esperaban Fernando Abril, José Pedro Pérez Llorca, Jordi Solé Tura y Miquel Roca, lo hicieron con tanto secreto que, al ser descubiertos por unos periodistas que se dispusieron a montar guardia en la calle, pretendieron esconderse hasta bien entrada la madrugada. Se hizo tan tarde que, al final, Abril tuvo que disponer que un coche oficial de Presidencia del Gobierno les trasladara a Bilbao, donde a la mañana siguiente Arzallus tenía que asistir a una reunión del Euskadi Buru Batzar.

En una de esas reuniones, celebrada en el despacho de Óscar Alzaga, los partidos implicados en el pacto redactaron una disposición adicional en la que, por primera vez, se recogía la reivindicación foral vasca: "La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía". Xabier Arzallus anunció que mantendría ante la Comisión su propia enmienda, pero que una vez derrotada apoyaría esta otra.

Al día siguiente, Alzaga solicitó de Fraga, quien no había asistido a la reunión "privada", su apoyo a la enmienda de UCD-PSOE-PCE y Minoría Catalana. "Con mucho gusto. La firmaré con mi segundo apellido, Iribarne, que, como usted sabe, es vasco", contestó el dirigente de AP.

La conciliadora actitud de Arzallus no sirvió de mucho. De vuelta al País Vasco, los dirigentes de su partido pusieron el grito en el cielo y el portavoz parlamentario acató su decisión con disciplina: en mítines y declaraciones públicas arremetió contra el texto aprobado con su propio voto.

"Arzallus ha vuelto a Madrid y lo replantea todo", explicó entonces un diputado centrista. Los diez días siguientes fueron de intensas negociaciones. El texto constitucional ya estaba en el pleno del Congreso y la confusión llegó al máximo: éxitos cantados dejaban paso a rotundos fracasos. Poco a poco empezó a perfilarse la idea de que los diputados nacionalistas vascos podían negarse a votar la Constitución.

En el PNV parecía haber triunfado la línea más radical, representada entonces por Garaicoetxea. Las dudas empezaron a aparecer también en el otro lado: influyentes diputados centristas comenzaron a mostrarse indecisos; unos, como Miguel Herrero de Miñón, insistían en que era necesario encontrar una fórmula válida para el PNV; otros, como el propio Fernando Abril, terminaron creyendo que el PNV buscaba deliberadamente un texto constitucional tan ambiguo que dejara demasiadas puertas abiertas.

Aún así continuaron los contactos PNV-UCD, seguidos muy de cerca por el PSOE, la Minoría Catalana y los comunistas, dispuestos a mediar. Peces-Barba, Txiki Benegas y Alfonso Guerra fueron los mediadores más activos y hasta el propio Felipe González participó en un almuerzo de trabajo con los nacionalistas vascos para conocer sus puntos de vista y explicar los suyos.

Se estudió entonces una nueva enmienda de última hora que salvaguardara el concepto de Estado de UCD y PSOE (una sola soberanía, la del pueblo español en su conjunto), pero permitiera una más efectiva actualización de los Fueros vascos. El 13 y 14 de julio de 1978 se celebraron nuevas y frenéticas reuniones entre UCD y PNV.

Los centristas aceptaron la posibilidad de dejar abiertas más transferencias, como deseaba el PNV. En una de esas reuniones, Pérez Llorca introdujo la exigencia de que el PNV votara en contra de la enmienda del diputado abertzale Francisco Letamendía sobre la inclusión del derecho de autodeterminación de los pueblos. Sorprendentemente, el PNV votó en contra, pero se llegó al último día de debate en el Pleno del Congreso sin acuerdo sobre la disposición adicional.

Los parlamentarios del PNV decían desconocer las causas del desacuerdo, pero en los pasillos del Congreso comentaban que Suárez había mantenido varias conversaciones telefónicas con el Rey sobre la situación y que altos cargos militares habían expresado su deseo de ser informados sobre la actitud de UCD ante la reivindicación foral vasca.

Aún existió el último intento del 19 de julio en los pasillos del Congreso. Pero cuando llegó el solemne momento de votar, los diputados nacionalistas vascos, simplemente, estaban ausentes. Y en el Senado tampoco hubo acuerdo.

• Congreso de los Diputados: Especial XX años de Constitución
  
• Más información

© Copyright DIARIO EL PAIS, S.A. - Miguel Yuste 40, 28037 Madrid