JEREMÍAS CLEMENTE, Cáceres

Acta de expropiación de la finca Cabra Alta (S. García).

Entrada a la dehesa Valle Ibor-Trasierra, en los Ibores cacereños. "La finca ya es nuestra". El anónimo agricultor afirma que el pueblo de Navalvillar es dueño de la explotación. Pero hubo un tiempo en que la dehesa figuró en la lista de propiedades del marqués de la Romana, primero, y del industrial madrileño Celso García, después.

La Junta de Extremadura la expropió y los poco más de 600 habitantes de Navalvillar de Ibor depositan en la finca un margen de confianza para su futuro. No pueden decir lo mismo los 375 comuneros de la Sociedad Cabra Alta y Cabra Baja de Zahínos (Badajoz). El Gobierno del socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra también expropió la finca "por interés social". Han pasado casi nueve años y las dehesas siguen en manos de la duquesa de Alba porque el asunto está en los tribunales. Son dos casos contrapuestos de una polémica reforma agraria que el Gobierno extremeño inició en 1986.

Según el consejero de Agricultura, Eugenio Álvarez, "se trataba de sancionar a aquellos propietarios que no ejercían la función social que la propiedad lleva legalmente aparejada". La Junta compró El Verdugal, hicieron inversiones y la vendieron en concurso público a un empresario para que diversificara los cultivos.

Precisamente este año cumple el plazo para Las Arguijuelas, cuyo uso fue expropiado por 12 años. Ahora le dirán a los propietarios: ahí tiene la finca, ¿le interesa? "Si es así, se la entregaremos y, si no, se completa el proceso de expropiación adquiriéndola nosotros".

• ¿Éxito o fracaso? Álvarez entiende que la reforma agraria fue "un éxito". "Donde hubo interés social o presión tuvimos que actuar porque estaba en juego la supervivencia de pequeñas poblaciones". No comparten su opinión los partidos de la oposición ni algunas organizaciones agrarias. Pedro Sánchez, de la patronal agraria ASAJA, cree que "no sirvió para nada. Se ha demostrado que no hubo interés social, ni los agricultores han podido vivir de ello. No entendemos el objetivo de esa reforma, como no fuera decir que alguna condesa o marqués se ha quedado sin finca".

Igualmente escépticos se muestran otros dirigentes agrarios: "No se ha sentido", se lamenta José Cruz, de la Unión de Campesinos Extremeños, una organización que agrupa a titulares de pequeñas parcelas: "Las dimensiones de las explotaciones familiares siguen siendo ridículas: cuatro, seis, ocho, hectáreas, como en 1950".

Para el PP, la reforma agraria socialista se planteó en Extremadura "por su significado histórico y las connotaciones existentes entre la tierra y el alto nivel social de sus propietarios". Los populares hablan de "absoluto fracaso" porque "en la mayor parte de los casos ha creado frustración entre sus destinatarios más directos: pequeños agricultores, trabajadores en paro, etcétera. La propia Junta de Extremadura, después de diez años de publicidad, pleitos y gastos, la ha ignorado".

El coordinador regional de IU, Manuel Cañada, cree que "todo fue una burla, una operación de propaganda apoyada en un aparente enfrentamiento con la nobleza, pero con clara intencionalidad publicitaria".

Desde el Ejecutivo autonómico se rechazan esos argumentos: "Yo estoy orgulloso de esa reforma agraria", proclama Eugenio Álvarez: "Pero no porque expropiáramos fincas, sino porque contribuyó a ayudar a zonas marginadas, aumentando la cabaña ganadera, reforestando, dando más jornales. ¿Por qué? Porque el anuncio de expropiaciones fue una seria advertencia para los propietarios de fincas mal explotadas, que introdujeron considerables mejoras". En cuanto a los contenciosos con la nobleza, Álvarez mantiene que "quienes magnificaron el asunto fueron ellos".

• La asignatura pendiente. "Han pasado más de ocho años y no sabemos nada. Seguimos envueltos en la duda". José Rodríguez, un viejo agricultor de Zahínos (Badajoz), curtido en mil batallas durante su época de emigrante en Cataluña y Alemania, resume la confusión existente entre los 375 comuneros de la Sociedad Cabra Alta y Cabra Baja sobre el estado de cosas en torno a las fincas de 2.500 hectáreas, propiedad de la duquesa de Alba, que en 1990 fueron expropiadas por la Junta.

La expropiación se llevó a cabo para intentar resolver "un problema social", según el decreto firmado por Rodríguez Ibarra. Los informes técnicos de la Consejería de Agricultura reflejaron la inseguridad a la que se encontraban sometidos los 375 arrendatarios de las fincas, casi la mitad de las familias de la población de Zahínos. Tenían un pie en la calle tras haber permanecido 58 años explotando con verdaderas penurias una finca que en tiempo de la República recibieron en ínfimas condiciones.

Lo que la República entregó a los campesinos de Zahínos en 1932 sin pagar una sola peseta, la dictadura de Franco se lo arrancó en 1940, devolviendo la finca a la Casa de Alba. En esa fecha se constituyó una Sociedad de Arrendatarios, a la que se permitió seguir explotando la finca previo abono de 92.000 pesetas al año.

En 1990 habían vencido todas las prórrogas posibles del contrato de arrendamiento, y, encontrándose en situación de tácita reconducción, los campesinos, que se veían ya sin tierras, llamaron a las puertas de la Junta de Extremadura. El Ejecutivo de Rodríguez Ibarra, amparándose en una ley franquista de 1973 (la Ley de la Reforma y el Desarrollo Agrario), acuerda una nueva expropiación con el propósito de, transcurrido un año, entregar la propiedad a los agricultores de Zahínos.

El próximo 6 de febrero se cumplirán nueve años de la expropiación, los campesinos no han pasado de ser arrendatarios y las tierras siguen en poder de la Casa de Alba, que en 1998 fue una de las más beneficiadas, con casi 400 millones de pesetas, por las ayudas agrícolas de la Unión Europea.

"No hablamos mal de la Junta, pero estamos quejosos", se lamenta José Rodríguez, portando en sus manos el estatuto original de la sociedad de comuneros que preside. "Queremos saber cómo está el proceso de expropiación de las fincas; si podremos acceder a la propiedad de la tierra, a qué precio, con qué tipos de ayudas... Estamos atados de pies y manos".

• Demasiadas preguntas en el aire con el deseo puesto en un futuro más prometedor: "Cabra Alta y Cabra Baja no están bien explotadas", admiten los comuneros. "Se podía hacer mucho más". Este año han repartido 75.000 pesetas de beneficios para cada socio: "Pero no se vive sólo de esto, es una ayuda", dice José Rodríguez, dejando clara las posibilidades de ambas dehesas: "Podíamos cebar cochinos, multiplicar la producción, hacer naves. ¿Pero cómo nos vamos a meter en inversiones sin saber qué va a pasar?...".

"Les hemos dicho que estén tranquilos, que ellos son los futuros dueños, pero hay que esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo". Desde su despacho de la Consejería de Agricultura, en Mérida, Eugenio Álvarez no tiene dudas que las fincas Cabra Alta y Cabra Baja serán para los comuneros: "Pero mientras los jueces no fijen el justiprecio no podemos actuar. Las escrituras de propiedad están incluso preparadas, y al día siguiente les diremos 'métanse en su finca'. Hay que tener paciencia".

Es el último escollo. Los tribunales han dado la razón a la Junta de Extremadura sobre el asunto de fondo: el interés social por el que se expropiaron las fincas. Resta por fijar el justiprecio: 200 millones ofreció el Gobierno socialista, 375 pide la Casa de Alba.

Mientras tanto, en las dehesas aún propiedad de la Casa de Alba, David, el encargado, controla escrupulosamente las labores cotidianas. Pregona la enorme satisfacción que le produce su trabajo: "Nada echo en falta". Desde hace 11 años vive con su mujer en la finca. "Hoy ya no hay tierra mala. Depende de quién la trabaje", responde rotundo cuando se le pregunta por la calidad de los montes.

Esparcidos por las dehesas pastan alrededor de 300 vacas, 400 cabras, 700 ovejas y 700 cerdos. David extrae de un bolsillo de su mono azul un teléfono móvil para llamar a José, el presidente de los comuneros. Su imagen, con la vivienda detrás, y débilmente perfilado al fondo el tejado de un nuevo cobertizo, son las notas diferenciadas de los últimos ocho años de vida en Cabra Alta y Cabra Baja.

Latifundio ligado a la nobleza

La gran propiedad latifundista ha estado ligada tradicionalmente en Extremadura a la nobleza: Casa de Alba, duque de Fernán Núñez, condesa del Arco, marqués de la Romana...

A partir de 1986 el Gobierno regional socialista de Juan Carlos Rodríguez Ibarra inició su particular reforma agraria y expropió tres fincas al amparo de la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables de la antigua Unión de Centro Democrático (UCD): El Verdugal, una explotación de regadíos; Las Argüijuelas, de los herederos de López de Ayala, y Valero, propiedad de la desaparecida Rocío Falcó y Fernández de Córdoba, condesa de Berandeville.

Hasta 1990 las expropiaciones continuaron y también los recursos de los propietarios de las fincas en los tribunales. En el punto de mira del Ejecutivo autonómico aparecieron otras dehesas vinculadas a la nobleza, grandes empresarios e incluso toreros: Valler-Ibor Trasierra , que perteneció al marqués de la Romana y pasó después al empresario madrileño Celso García; Siruela, de la condesa del Arco; Aldea del Conde, del propietario de la cadena Tryp Medea, Antonio Briones; Cerro Teresa y Majadas Altas, de Manzanares; Cabra Alta y Cabra Baja, de la Casa de Alba ; Los Baldíos de Alburquerque, El Hito, El Avellano, La Encomienda...

En algunos casos, el pleito en los tribunales terminó en fracaso para la Junta (Valero); en otros, el Ejecutivo compró sin problemas (Siruela), y llegó incluso a pagar más de lo fijado en el justiprecio por problemas de plazos (Valle Ibor-Trasierra). Unas fincas fueron expropiadas y a otras se les impuso un plan de aprovechamiento y mejora en aplicación de una norma legal extremeña: la ley de la dehesa.

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