a un inmigrante en Bilbao (A. Aldai).
EL PAÍS
, Madrid
La asistencia sanitaria de los inmigrantes ilegales en España es complicada. Las urgencias están aseguradas, como manda la ley para adultos y menores. Pero no así la atención especializada y continuada posterior, como también manda la ley para los menores de 18 años. El principal problema parece ser la implantación de una tarjeta sanitaria para los pequeños inmigrantes sin papeles que les permita acceder a las recetas de medicamentos (con subvención) como cualquier niño español. En muchas provincias el seguimiento farmacéutico depende de las asociaciones no gubernamentales, los servicios de beneficencia de los ayuntamientos y de la voluntad de los propios sanitarios, aseguran los afectados.
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a un inmigrante en Bilbao (A. Aldai). |
El problema, según el relato de la madre, es que durante el seguimiento se le exigió firmar un documento de pago por importe de 62.000 pesetas correspondiente a una prueba diagnóstica que se le practicó al menor. Asustada no volvió al centro desde mediados de 1997 y ahora se decidió a contarlo al fiscal. En medio de declaraciones encontradas entre la mujer marroquí y los responsables hospitalarios, ésta insiste en que desde que cambió el gerente no consiguió atención para su hijo. El salvoconducto es una tarjeta sanitaria individual de la que todavía carecen los menores sin papeles en Madrid.
También olvida el Insalud a los dos hijos de Olga. Detrás de ese nombre ficticio está la historia de una peruana de 38 años, los ocho últimos en Madrid, sin permiso de trabajo o residencia. Sin papeles. Y con dos hijos, de seis años y tres meses, nacidos en el hospital Gregorio Marañón, según ella gracias a la "mentira" de asegurar que su patrona llegaría con los papeles.
Ella misma no tiene derecho a la sanidad pública, salvo que entre a través de la puerta de urgencias. Pero sus hijos sí. No sólo porque los dos han nacido en España, sino también porque, al ser menores de 18 años, tienen asegurada la atención sanitaria continuada, un derecho fundamental recogido en la Ley de Protección del Menor de 1996 y la Convención de Derechos del Niño de 1989.
El mayor estuvo ingresado en el hospital del Niño Jesús por una gastroenteritis cuando tenía un año. Su madre tuvo que firmar el papel que le extendieron en el departamento de admisiones comprometiéndose a pagar los gastos de su estancia. Nunca lo hizo, y lo cierto es que no pasó nada: siguieron atendiéndole. Otros centros del Insalud, los menos, explica el pediatra del Niño Jesús Marciano Sánchez-Bayle, manejan la situación a través de los trabajadores sociales o con fondos específicos.
Ejemplos como estos encontrados en la Comunidad de Madrid, una de las 10 que todavía gestiona el Insalud, se repiten con parecidos perfiles en autonomías que como las siguientes tienen transferida la asistencia sanitaria.
En el País Vasco, el Departamento de Sanidad concede un certificado de asistencia sanitaria, que equivale a la tarjeta individual sanitaria (TIS), a todos los menores extranjeros, tengan o no sus padres el permiso de residencia, aunque en las oficinas donde se tramita esta tarjeta funciona la flexibilidad y muchos menores consiguen la auténtica TIS como cualquier ciudadano vasco sin recursos, algo que el Departamento de Sanidad sabe pero hace la vista gorda.
En cualquier caso, este documento debe ser renovado cada tres meses, lo que aumenta la burocracia, en teoría para comprobar que los padres del niño en cuestión siguen sin tener recursos económicos. La renovación se exige también a los españoles que no cotizan a la Seguridad Social; es decir, que no está relacionada con la nacionalidad sino con la pobreza.
Aun así, la situación ha mejorado con respecto a hace dos años. Hasta entonces, el Gobierno vasco sólo concedía tarjetas a los menores extranjeros con graves enfermedades. SOS Racismo de Álava llevó a los tribunales a Osakidetza, el departamento vasco de Sanidad, por no ofrecer cobertura sanitaria a cinco inmigrantes sin permiso de residencia, entre ellos una menor protegida por la ley. Desde entonces se concede a los menores el mencionado certificado de asistencia simplemente con que los padres presenten un documento que acredite la identidad del niño.
Otra cuestión es la atención sanitaria a los inmigrantes mayores de edad. El Gobierno vasco no ofrecer cobertura sanitaria, salvo en urgencias, aunque ha firmado un convenio con el hospital San Juan de Dios de Santurtzi (Vizcaya) al que pueden acudir los extranjeros sin papeles para realizar pruebas de diagnóstico y operaciones quirúrgicas. Las consultas primarias de salud física y mental las atienden voluntarios de Médicos del Mundo en Bilbao.
En Andalucía, el sistema sanitario no ha arbitrado un sistema para facilitar tarjetas o certificados sanitarios a los hijos de inmigrantes ilegales. El único documento que se les facilita es la cartilla infantil de vacunación. El hecho de no disponer de tarjeta sanitaria o similar hace que los médicos no puedan expedir recetas subvencionadas a esos pacientes menores de edad, pese a que, según la ley, disfrutan de los mismos derechos que un niño español.
En algunos casos, y si disponen de ellas, los médicos o enfermeras les entregan en la misma consulta unos envases de la medicina indicada, pero en la mayoría de las ocasiones, si los padres no tienen dinero, recurren a las ONG o a los servicios de beneficencia de los ayuntamientos para que les sufraguen el gasto.
Ninguna de las organizaciones consultadas ha planteado queja o denuncia ni ha considerado que se produjeran situaciones de discriminación de niños inmigrantes por su condición de "ilegal".
En cuanto a los emigrantes ilegales adultos, los movimientos asociativos han ido logrando acuerdos que han mejorado sensiblemente su situación. Jaén, por ejemplo, cuenta con un mecanismo pionero que le garantiza asistencia sanitaria al inmigrante con independencia de su situación legal. Se trata de "un convenio verbal" suscrito entre Jaén Acoge y el centro de salud Federico del Castillo de la capital (centro público del Servicio Andaluz de Salud), mediante el que los profesionales sanitarios se comprometen a atender a todo inmigrante que lo solicite.
El año pasado, el primero de funcionamiento, se atendió a un centenar de personas. Si los médicos de familia consideran que determinados casos deben ser llevados por un especialista, se derivan con normalidad al centro de diagnóstico público, según explicó el responsable de Jaén Acoge, Pedro González.
Almería es un caso similar. La Delegación de Salud mantiene un convenio con Almería Acoge, que se aplica en el hospital de Poniente, un centro público ubicado en la zona donde existe mayor concentración de población inmigrante. De hecho, el 20% de los pacientes que pasan por este hospital son inmigrantes.
En Málaga, las dificultades se presentan a la hora de acudir a un especialista o a un médico de cabecera, pero en la mayoría de los casos se superan gracias a la intervención de las ONG. Y, si estas fracasan, tienen un último recurso: llamar directamente a las redes sanitarias. Lo que cuestionan las ONG es que la cobertura dependa "de pedir favores". En caso de asistencia quirúrgica, el centro sanitario emite su factura e intenta cobrarla, pero casi siempre acaba con un reconocimiento de insolvencia.
Cualquier menor, inmigrante sin papeles, puede acudir en Cataluña al ambulatorio más cercano y reclamar asistencia sanitaria aunque no se trate de una urgencia. Sistemáticamente se le adjudica un pediatra, que se hará cargo de su seguimiento y le concederá un número de historia clínica. Otra cosa es que tenga derecho a una tarjeta sanitaria y que se le expidan las habituales recetas de medicamentos: en algunas ocasiones el propio centro le entrega lo que se denomina una receta "de coste cero", que les permite obtener la medicación de forma completamente gratuita, y otras se les dirige hacia organizaciones humanitarias o asistenciales donde se les abona el precio.
En el caso de los adultos, Malunda Kafwata, congolés de 39 años, es un buen ejemplo: pudo ser atendido en un psiquiátrico público gracias a una gestión de Médicos sin Fronteras. Su caso es similar al de otros emigrantes ilegales adultos en Cataluña: encuentran protección sanitaria pública, pero, eso sí, a través de una ONG o de los servicios sociales de los ayuntamientos.
Desde hace unos años, la consejería de la Generalitat advirtió que los extranjeros sin papeles deben ser atendidos ante cualquier urgencia, a lo que por otra parte tienen derecho por ley. El Ayuntamiento de Barcelona también tiene un convenio con las ONG Médicos Sin Fronteras y Salud y Familia para que se encarguen de hacer de enlace a pie de calle con casos que luego derivan a la red asistencial.
Hay que remontarse a 1994 para encontrar un ejemplo grave de mala atención médica a un inmigrante ilegal, cuando un senegalés de 37 años murió de cirrosis esperando un trasplante que costaba 15 millones de pesetas.
En Cataluña, el hospital de Mataró es el centro más veterano de atención médica a inmigrantes. Su unidad especializada acaba de cumplir 20 años, y desde hace 10 cuenta con un servicio de pediatría "en el que atendemos a negritos catalanes", ironiza el doctor Xavier Balanzó, quien recuerda que los médicos de este centro siempre han hecho oídos sordos a normativas restrictivas y han atendido en todos los casos, urgentes o no, ilegales o no, las necesidades de este colectivo. Allí van a dar a luz las mujeres africanas de la zona del Maresme.
La Unidad de Enfermedades Tropicales del ambulatorio de Drassanes es otro de los puntos de esta "red paralela asistencial", tal como la definen las ONG, que existe en Barcelona en el que el inmigrante irregular sabe que no tendrá que presentar documentación para recibir un seguimiento de sus dolencias.
Al entrar en el edificio, un cartel avisa de que el señor Mohammad Riaz, un intermediario sanitario paquistaní, atiende consultas en urdu, bengalí e indio los jueves de 11.00 a 13.00. Tanto la Federación de Colectivos de Inmigrantes en Cataluña como las ONG reclaman a la Generalitat que los sin papeles no sólo sean atendidos en casos de urgencia y en centros muy concretos.
En Valencia, la situación es todavía más compleja: los menores hijos de inmigrantes sin papeles reciben una tarjeta de asistencia sanitaria que les permite un seguimiento adecuado de cualquier tipo de dolencia, pero esa tarjeta no autoriza al médico a expedir recetas subvencionadas. Las recetas son sufragadas por las organizaciones humanitarias o servicios municipales.
Minerva, nombre supuesto de una inmigrante ecuatoguineana de 37 años, cuenta su caso: "Una de mis hijas nació en el hospital La Fe, de Valencia. Es asmática y tiene un problema de corazón. Se lo detectaron en el mismo hospital".
El propio departamento de cargos a terceros del hospital le envió varias facturas por las que pretendía cobrar el seguimiento que precisa la niña, unos cuidados médicos que se alargarán varios años. Minerva no pagó y no pasó nada. Sí abonó (no ella, sino la Cruz Roja) otras facturas, (una de 70.000 pesetas), pero por los cuidados que necesitó ella misma en 1997. A los ocho meses de gestación comenzó a sentir un dolor en el vientre. Estuvo dos semanas ingresada. Minerva reconoce que las tres veces que ha dado a luz en la sanidad pública, el parto no le ha costado un duro.
Youssef A., un inmigrante marroquí de 30 años, cuenta el caso de un amigo a quien no quiere identificar porque, dice, "es delincuente". Recibió un disparo de escopeta y fue llevado de urgencia a un hospital. Dentro de dos semanas tiene cita para que le fijen una tercera placa metálica en la frente, que la perdigonada casi perforó.
Sin embargo, no le quitarán los 50 perdigones que tiene en el rostro, especifica Youssef: "Le piden unos siete millones por esa operación", añade. "Parece que te curan para poder vivir, pero para quitarte las molestias tienes que pagar".
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