El 25 de octubre de 1979 se aprobaba por referéndum el Estatuto vasco, y también el catalán. El texto del vasco se había redactado, en reuniones nocturnas interminables, desde el 15 de julio de ese año hasta el 31. Presidía el grupo vasco, o era su hombre fuerte, Xabier Arzalluz y presidía el grupo del Gobierno José Pedro Pérez Llorca, entonces ministro de la Presidencia.
 
 

Todos los que intervenimos éramos conscientes de que tanto la letra como el propósito que la animaba eran mucho más amplios, extensos y profundos en el texto autonómico que se iba plasmando para el País Vasco que su antecedente histórico del año 1936.
 
 

Pero lo más importante es que todos los que formábamos parte del equipo del Gobierno, cualquiera que fuera la firmeza de nuestras posturas durante la discusión de los artículos del proyecto del Estatuto, estábamos decididos a poner en pie un texto y una autonomía en la que cupieran y pudieran desarrollarse plenamente las aspiraciones del nacionalismo democrático vasco compatibles con nuestra Constitución recién aprobada.
 
 

Puedo dar fe, como portavoz además de los artículos que se iban aprobando y del texto final del Estatuto en la Comisión Constitucional, de la emoción y los aplausos que coronaron aquella aprobación, con la única excepción de algún miembro de la Comisión que había declarado su postura contraria al principio mismo de las autonomías.
 
 

Creo que todos los que tomamos parte, en nombre del Gobierno de Adolfo Suárez, en la elaboración del texto, teníamos la esperanza de que aquella autonomía, que empezaba a ponerse en marcha, condujera a la solución del problema vasco, más enconado en aquellas fechas, y por la violencia etarra, que el histórico "problema catalán".
 
 

No ha sido así. Es cierto que, a lo largo de estos veinte años, la autonomía alcanzada en su autogobierno, en la recuperación y recreación de su lengua y de la cultura vasca, en la administración de sus recursos, en la configuración de su fiscalidad y en su capacidad legislativa, es la mayor que nunca en su historia desde el siglo XIII había alcanzado el País Vasco.
 
 

Pero no conseguimos desarmar al nacionalismo radical de ETA, que seguía negando que en España se estuviera construyendo una auténtica democracia política, como se construyó, y siguió presa, durante mucho tiempo, de sus esquemas del dominio de poderes fácticos en la política española, concretamente del poder militar, o de otras esquemas tan infundados como ése. Y, sin embargo, a pesar de la sangre vertida por las etarras y de su extraña coincidencia de objetivos con la involución violenta, la democracia constitucional española se iba afianzado cada vez con más vigor, y desde el principio y, sobre todo, con el apoyo total del pueblo español, que quería para todos, sin exclusión alguna, libertad, paz y vivir en el respeto a los derechos fundamentales que la Constitución había consagrado.
 
 

Y tampoco se ha conseguido lo que entonces queríamos conseguir con el PNV, con cuyos representantes redactamos y aprobamos en la Comisión Constitucional y con los demás partidos, con las excepciones que he señalado, el texto del Estatuto. Discusiones sobre el contenido real de los derechos históricos, entre ellos el derecho a la autodeterminación; denuncias sobre la lentitud con la que se cumplían los preceptos del Estatuto por el Gobierno español, o su falta de cumplimiento, y últimamente, abandonando sus calculadas ambigüedades, la afirmación de que el pueblo vasco no cabe ni en el Estatuto ni en la Constitución, afirmación que no parece que compartan un alto porcentaje de los que viven, trabajan y votan en el territorio del País Vasco, parecen frustrar, veinte años después, las esperanzas puestas en el texto que se elaboró en julio de 1979, cuando creíamos estar poniendo las bases seguras de una convivencia en libertad, en democracia, en el respeto a los derechos fundamentales de todos, dentro del marco de una Constitución que quería ser la de todos los pueblos de España, de una España vieja en su historia y nueva, muy nueva, en su descentralización política, cultural y administrativa.
 
 

Pero hay algo en lo que aquellas esperanzas, que fueron también las mías, no se han frustrado: el Estatuto del País Vasco sigue vivo y vigente y, a su amparo y al amparo de la Constitución, gozan de libertad para defender sus ideas y propagarlas, y para construir la poderosa realidad vasca, todos los vascos, incluso aquéllos que no hacen suyo ni el Estatuto ni la Constitución, que los protege. Así, pues, la apuesta por la paz, la libertad y la convivencia para todos los que viven en este ámbito físico, social y político, diverso y vario que muchos, y yo, llamamos España sigue veinte años después viva. Y veinte años después sigo convencido de que el consenso logrado en aquellas fechas es el único medio de resolver pacíficamente los nuevos problemas que el tiempo de hoy nos plantea y que en el futuro se seguirán planteando.
 
 

Ese consenso del que nació el Estatuto, todavía hoy vigente y abierto a muchas posibilidades, es el que hay que recuperar, cueste lo que cueste, entre las posturas fraccionadas, distintas y enfrentadas del País Vasco. Ojála sea así.