Defensa evita por ley que se puedan impugnar los ascensos del Príncipe

PSOE y Coalición Canaria retiran sus enmiendas a la disposición sobre don Felipe

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
Por primera vez desde la Constitución de 1978, el Congreso debatió ayer una ley que regula, aunque sea parcialmente, el estatuto del Príncipe de Asturias. La Comisión de Defensa aprobó la ley del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, una de cuyas disposiciones se refiere a la carrera militar de Don Felipe de Borbón. El PSOE y Coalición Canaria, pese a criticar la mala redacción del artículo, accedieron a retirar sus enmiendas, para evitar cualquier polémica sobre el heredero de la Corona.

El proyecto de ley remitido a las Cortes es el primero que se refiere al Príncipe de Asturias, cuya normativa se limita, además de la Constitución, a un real decreto de enero de 1977 y a otros decretos parciales, relativos a su rango protocolario y a su habilitación como representante del Estado en la toma de posesión de mandatarios extranjeros.

El Gobierno introdujo a última hora en la ley una disposición que le habilita para regular por decreto la carrera militar del Príncipe. Don Felipe es capitán y su próximo ascenso a comandante le obligaría a someterse a un proceso de evaluación y clasificación, previo a la reordenación de su promoción, y a superar los preceptivos cursos de capacitación. Estos procesos, que el Príncipe debería realizar por triplicado, para ascender en cada ejército, resultan incompatibles con sus ocupaciones y rango. Pero, de no cumplir los requisitos, el Gobierno se arriesga a que su ascenso sea impugnado ante los tribunales.

La disposición adicional primera del proyecto de ley intenta resolver el problema señalando que "el Gobierno, mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, regulará la carrera militar de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, en la actualidad Capitán del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra (Infantería), Teniente de Navío del Cuerpo General de la Armada y Capitán del Cuerpo General del Ejército del Aire, quedando facultado para adaptar los preceptos de la presente ley a las singularidades que se estime oportuno han de concurrir en su regulación y desarrollo, estableciendo un régimen propio y diferenciado, teniendo en cuenta las exigencias que Su alta representación demanda y las circunstancias que concurren en Su persona como Heredero de la Corona de España".

Gestiones de Serra

Este texto fue criticado por el PSOE y Coalición Canaria (CC), por considerar insólito que no sólo se refiera a una persona concreta, y no al titular de un cargo, sino también a un momento determinado de su vida, al afirmar "que actualmente es capitán". CC pidió que el asunto fuese objeto de una ley específica y el PSOE propuso una redacción más genérica.

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, pidió a ambos grupos que retirasen sus enmiendas, aún reconociendo su buena voluntad, para evitar una polémica inoportuna. Desde el PP se argumentó que no se trataba de reglar la carrera militar de futuros herederos, sino de resolver un problema concreto, y se sugirió que la redacción presentada tenía el visto bueno de Zarzuela.

Los dos grupos decidieron ayer retirarlas, antes de su votación, pero Luis Mardones (CC) subrayó que lo hacía por deferencia hacia la Corona y no hacia Serra ni el PP, que no han aceptado sus otras enmiendas.

Algunas fuentes sostienen que el Gobierno ascenderá directamente a general a Don Felipe, como hizo Franco con Don Juan Carlos en 1969. Pero la disposición no habla del empleo militar del Príncipe, sino de su "carrera", lo que supone que, con las adaptaciones precisas, deberá superar escalonadamente los distintos empleos.

Sólo 2,1 aspirantes por plaza de soldado

M. G., Madrid
El proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas ha sufrido un serio tropezón en la primera convocatoria de este año. A falta de que se computen las últimas solicitudes remitidas por correo, sólo 12.538 candidatos se han presentado a las 5.800 plazas de la oferta de tropa y marinería profesional, cuyo plazo concluyó el pasado día 4.

Se trata del peor resultado obtenido nunca, ya que la proporción es de 2,16 candidatos por plaza, frente a los 2,76 de la primera convocatoria de 1998; 2,86 de la segunda, y 3,79 de la tercera. En años anteriores, la proporción fue aún mayor: 3,74 (1993), 4,87 (1994), 11,9 (1995) 6,45 (1996) y 4,17 (1997). Se considera que tres aspirantes por puesto es la proporción mínima necesaria para efectuar una buena selección.

Ni siquiera el sustancial aumento de la oferta de plazas explica una proporción tan baja de aspirantes. También en términos absolutos el número de candidatos es extraordinariamente reducido. De las 18 convocatorias de tropa profesional realizadas desde 1993, la de enero de este año es la cuarta con menos aspirantes. Si se compara con la que se celebró hace un año, la reducción en el número de candidatos es de casi 6.000, en torno al 30%.

El dato resulta más preocupante porque se produce tras una masiva campaña de publicidad de siete meses de duración en la que el Ministerio de Defensa ha invertido 1.600 millones de pesetas. En abril está previsto lanzar una nueva campaña propagandística con un presupuesto de 1.950 millones.

El Ministerio de Defensa se propone contratar este año a 17.500 nuevos soldados profesionales (5.000 más que este año), lo que le obligará a convocar unas 22.000 plazas, contando con la reposición de las bajas. Para llegar a los tres aspirantes por puesto, necesita que se presenten 66.000 candidatos. No parece nada fácil.

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