atracado en Rota en diciembre de 1994 (EFE).
La OTAN financiará la ampliación de la base de Rota y adquirirá derecho a usarla
El Pentágono quiere construir otro muelle y aparcamientos para aviones por 18.000 millones
MIGUEL GONZÁLEZ,
Madrid
La OTAN adquirirá el derecho a utilizar, en determinadas condiciones, la base de Rota (Cádiz) si la ampliación de sus instalaciones se financia con cargo al programa de inversiones de la Alianza, como ha pedido EE UU y probablemente acabará aceptando España. El Gobierno debe responder en breve a una petición del Pentágono para construir un nuevo muelle y ampliar la capacidad del aeródromo de Rota, por 18.000 millones de pesetas. Hasta ahora, las inversiones de la OTAN en España han afectado a sistemas de mando y comunicaciones, pero no a bases.
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atracado en Rota en diciembre de 1994 (EFE). |
El Pentágono quiere que, como es norma con todas sus obras en Europa, la ampliación de Rota se presente ante el Comité de Infraestructura de la OTAN, para que sea financiada con cargo al Programa de Inversiones en Seguridad (NISP), que maneja al año más de 100.000 millones de pesetas.
Lógicamente, si la OTAN financia una instalación, adquiere el derecho a utilizarla, aunque este derecho no es ilimitado, según las fuentes consultadas, sino que se refiere al objetivo para el que ha sido aprobada. Lo que aprueba el Comité de Infraestructura son paquetes de capacidad; es decir, los medios necesarios para que la OTAN pueda cumplir con una misión determinada.
En el caso de Rota, la petición de EE UU se refiere a la construcción de un nuevo muelle y de más aparcamientos junto a la pista, lo que ampliará la capacidad de la base para albergar buques y aviones en tránsito entre América y Europa.
El presupuesto estimado de la ampliación, según la respuesta del Gobierno al diputado socialista Alfonso Perales, es de 125 millones de dólares, unos 18.125 millones de pesetas.
Sexta Flota permanente
El puerto se ha quedado pequeño, ya que allí atraca el Grupo de Combate de la Armada española y los buques de la Sexta Flota que hacen escala. El Pentágono quiere, además, que algunos de estos últimos tengan su base permanente en Rota.
Respecto a los aparcamientos de aviones, resultan insuficientes para puentes aéreos como los organizados por EE UU en sus despliegues hacia el Golfo y Bosnia. España ha autorizado ya al Pentágono una reparación del firme de la pista, por valor de 1,5 millones de dólares (217 millones de pesetas), para facilitar el aterrizaje de los grandes aviones de transporte.
El proyecto podría financiarse bilateralmente por EE UU y España, en proporción a la necesidad de cada país, en cuyo caso las nuevas instalaciones estarían sujetas al convenio de 1988, que exige una autorización específica para operaciones fuera de área. Si, como quiere Washington, se paga con fondos de infraestructura aliados, aunque EE UU adelante el dinero, el derecho de uso se ampliará al conjunto de la OTAN.
En este supuesto, España deberá abonar el 3,5%, que es el porcentaje con que contribuye al fondo de infraestructura, al que está plenamente incorporada desde el pasado 1 de enero.
Sin embargo, las dudas no acaban ahí. Hay que decidir quién presenta el proyecto a la OTAN. Podría hacerlo un mando aliado, el de Norfolk (Atlántico) o el de Nápoles (Mediterráneo), según cuál asuma la necesidad de ampliar la base.
Pero también pueden hacerlo Madrid o Washington. La reafirmación de la soberanía sobre Rota aconseja que la propuesta sea española, aunque algunas fuentes señalan que España no tiene por qué plantear una necesidad de EE UU.
Finalmente, las obras del programa NISP deben sacarse a licitación internacional, pero también aquí hay excepciones. Hasta ahora, la OTAN ha financiado en España sistemas de mando, control y comunicaciones (como el ACCS de la Fuerza Aérea) o cuarteles generales aliados, pero no bases.
EE UU sacará de España 2.000 minas antipersonas para evitar su destrucción
M.G,
Madrid
Estados Unidos sacará de España una partida de unas 2.000 minas antipersonas que tiene almacenadas en la base naval de Rota (Cádiz) para evitar que sean destruidas, una vez que el pasado 1 de marzo entró en vigor del Tratado de Ottawa, que prohíbe este tipo de artefactos.
Aunque EE UU no ha firmado el tratado, España sí lo ha hecho y por eso está obligada a destruir todas las minas antipersonas existentes en su territorio, incluidas las que las tropas norteamericanas guardan en Rota y que corresponden, según las fuentes consultadas, a la reserva de la Infantería de Marina.
El convenio señala que, 180 días después de su entrada en vigor, los países signatarios declararán todas las minas de este tipo que almacenan. Si llegada esta fecha, la partida de EE UU sigue en territorio español, España deberá declararla oficialmente y, una vez declarada, sólo cabe su destrucción.
El plazo se cumple a finales de agosto, si se toma como referencia la entrada en vigor del tratado, o a finales de diciembre, si se cuenta desde que España depositó el instrumento de ratificación. En todo caso, dado el pequeño volumen de estos artefactos, su salida de España se puede hacer en un solo día.
Las Fuerzas Armadas españolas contaban con 819.678 minas antipersonas, cuya eliminación ya ha comenzado y concluirá en un máximo de tres años, uno menos de lo previsto en el tratado. Otros países lo harán mucho más rápido. Francia, por ejemplo, ha anunciado la destrucción total de su stock antes de que acabe 1999.
El hecho de que EE UU se haya negado hasta ahora a renunciar a estas armas plantea algunos problemas ya que, en operaciones o maniobras de la la OTAN, militares españoles podrían trabajar junto a unidades norteamericanas que utilicen minas antipersonas.
El Gobierno remitió al Congreso una declaración interpretativa que pretendía obviar este escollo, señalando que la firma del Tratado de Ottawa no impide a las Fuerzas Armadas españolas colaborar con ejércitos de países que no lo hayan suscrito.
La oposición del PSOE y Convengència i Unió (CiU) a aceptar lo que se entendió como una enmienda al tratado —que excluye expresamente la presentación de enmiendas— y la constatación de que su propuesta sería derrotada en el pleno del Congreso llevó al Gobierno a retirarla por dos veces del orden del día.
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