L.A, Madrid

Gráfico: 'Reparto de competencias'

Los españoles depositarán hoy en las urnas tres votos, uno para las municipales, otro para las autonómicas (excepto en Cataluña, Galicia, País Vasco y Andalucía), y un tercero para el Parlamento Europeo. Los votantes conocen la importancia de elegir bien al alcalde, al que perciben como el factótum de la ciudad, pero quizá desconocen que en el Gobierno regional reside la mayor parte de las competencias que regulan su vida diaria, desde la vivienda al transporte. Y a quien realmente sienten lejos es al europarlamentario, responsable de que los europeos cada vez se parezcan más. Es el político que aprueba leyes para todos y reparte el dinero con el que luego el alcalde o el presidente regional ejecutarán muchos proyectos.

Aspectos tan domésticos en una vivienda como la altura a la que deben colocarse los enchufes o las normas de seguridad para el gas son requisitos dictados desde Bruselas para los países de la UE.

El colegio público del barrio donde usted vive está gestionado, en buena parte de España, por el Gobierno regional. Un ejemplo de competencia municipal es la recogida de basuras. Pero solo eso. La norma que dicta la recogida de residuos por separado con el objetivo de poder reciclarlos se hizo en Estrasburgo y fue el Gobierno autónomo quien trasladó a una ley autonómica el cómo y el dónde se depositan estos desechos.

El contenido de un supermercado español es semejante al de un británico o un holandés. Los productos se intercambian y las reglas de etiquetado y manipulación vienen calientes desde Bruselas. A la autonomía le compete dictar horarios y aperturas de estos centros y apenas deja un margen al ayuntamiento para adecuar algunas fechas a las necesidades del municipio.

El metro que permitirá desde mañana a miles de viajeros trasladarse al aeropuerto de Barajas es obra de la comunidad madrileña. Eso sí, se ha pagado casi en un 80% con fondos FEDER, europeos. Entre 1994 y 1999 las regiones españolas han recibido ayuda financiera por valor de 42.400 millones de ecus (casi siete billones de pesetas al valor de 1994). Con este dinero se han construido carreteras, subvencionado programas educativos, culturales o de medio ambiente y saneado puertos, entre otras actuaciones.

Lo que se decide en Europa afecta a nuestra ciudad y nuestro barrio. Como también influyen las pugnas por las competencias entre las administraciones. Puede suceder, como en Barcelona, que los ciudadanos sigan esperando la construcción de geriátricos mientras el Ayuntamiento y la Generalitat se enzarzan en una pelea por determinar de quién es la culpa de que no se hayan construido. O como en Madrid: la Comunidad ha declarado bien cultural la Casa de Campo, el mayor pulmón de la ciudad, restringiendo con ello las competencias municipales para ejecutar obras. Asuntos como estos terminan en los tribunales.

L. A , Madrid
El ayuntamiento le pone rostro a la Administración. Es el último eslabón de una acción política, lo que hace al ciudadano percibir a su alcalde como el gestor real.

Es verdad que servicios determinantes como la educación, la sanidad o incluso la regulación de los horarios laborales están en manos autonómicas. Pero al municipio le queda un importante activo: la discrecionalidad con que hace aplicar algunas normas superiores.

Es una ley autonómica la que impone los requisitos y horarios de un cine o un teatro, pero es la policía municipal la que lo puede cerrar. Los ayuntamientos quieren más poder: en vivienda, en políticas de empleo y en educación, algo que las comunidades no están dispuestas a soltar.

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