Las instituciones madrileñas echan de un poblado a 100 familias rumanas

La Delegación del Gobierno dice que se fueron «voluntariamente»

BEGOÑA AGUIRRE, Madrid
El centenar de familias rumanas que malvivía desde hace un año junto a una escombrera del barrio madrileño de Malmea (en el distrito periférico de Fuencarral) abandonó ayer el campamento cuando llegaron, a las siete de la mañana, los policías enviados por el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno "para efectuar tareas de limpieza y retirada de coches abandonados". Este poblado adquirió triste actualidad en marzo cuando un niño de 22 meses murió en el incendio de una tienda de campaña.

Uno de los niños desalojados ayer del poblado de Malmea, junto a una excavadora (M. Vargas-Llosa).

Según la explicación oficial de la Delegación del Gobierno, las familias abandonaron el lugar "voluntariamente", una versión rebatida por los propios afectados y por los voluntarios que les apoyaban desde hace meses. "Se han ido porque les han obligado a hacerlo, es verdad que la policía no les ha echado a palos pero desde hace meses les insistían en que se tenían que marchar", aseguran los voluntarios.

A mediodía, tres familias permanecían en el poblado. Les habían permitido quedarse temporalmente porque tenían parientes ingresados en el hospital de La Paz o por otros "motivos humanitarios". Las familias salieron del lugar, unas en coches y otras a pie, llevando a cuestas sus pertenencias. "Les han dicho que se diseminen en pequeños grupos y no sabemos adónde han ido, quizás a Valencia o Vitoria donde hay otros campamentos similares de rumanos", explicaban los trabajadores sociales.

Uno de los responsables policiales de la operación explicó que se dio a estas familias la opción de marcharse voluntariamente en la dirección que quisieran. De lo contrario, en un futuro no muy lejano caería sobre ellos la Ley de Extranjería, lo que implicaría su expulsión a Rumania. Ante esta disyuntiva, las familias optaron por el mal menor: marcharse. Prefirieron no tentar a la suerte pese a que la policía reconoce que la expulsión del país de familias enteras con niños es muy complicada.

Ese mismo responsable policial, que no quiso que se citara su nombre, aseguró que se ha dado noticia de la operación a las brigadas de extranjería de otras provincias para que estén al tanto de si se establecen en su territorio estos inmigrantes. Esta información policial contrasta con la versión oficial que insistía en la marcha voluntaria. El delegado del Gobierno en Madrid, Pedro Núñez Morgades, asegura que estas familias sabían que se tenían que marchar. "Así lo hablamos y simplemente nos pidieron que esperásemos a que los niños acabaran el curso escolar y así lo hemos hecho porque las clases finalizaron el pasado fin de semana", asegura. "Este campamento no podía seguir, era un lugar insalubre y un foco creciente de tensión con el vecindario donde ya se habían recogido 2.500 firmas pidiendo su derribo", añade.

El Defensor del Menor, Javier Urra, corrobora que a las familias ya se les había informado de que tendrían que irse: "Otra cuestión es que ellos lo tuvieran asumido, cosa que dudo. En realidad lo que hemos hecho es trasladar el problema de lugar".

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