TERESA CENDRÓS, Barcelona 

Micky Mouse recibe al consejero de Cultura, Joan Maria Pujals, en febrero, en el Palau de la Generalitat (J: Sánchez).

Si algún asunto hay en Cataluña que suscite un debate permanente, ése es el de la lengua. Dieciseis años de reglamentación lingüística, y el deseable equilibrio entre el catalán y el castellano no es una cuestión resuelta. Lo demuestra el que periódicamente resurge la polémica en torno a un tema en extremo espinoso porque afecta a lo más profundo del sentimiento de las personas. Cuando se acercan las elecciones, la discusión suele avivarse. Los candidatos, en el campo de batalla electoral, acostumbran a arrojarse la política lingüística cual arma punzante. La pasada semana, sin ir más lejos, el aspirante socialista a la presidencia de la Generalitat, Pasqual Maragall, advirtió de que, si vence en las elecciones el nacionalista Jordi Pujol y sigue adelante con la aplicación de la reformada y controvertida Ley de Política Lingüística -la llamada ley del catalán-, ésta dividirá Cataluña.
 
 

El ex alcalde acertó donde más le duele al presidente: la amenaza de fragmentación social. Precisamente Pujol se ha vanagloriado siempre de haber ahuyentado, con su política, el fantasma de la división entre las dos comunidades lingüísticas. Algo que el principal partido de la oposición no admite; sostiene que la paz se ha logrado gracias a su prudencia, y recrimina al líder de Convèrgencia Democràtica haber promovido hace dos años sin necesidad la modificación de la primitiva Ley de Normalización Lingüística, que databa del año 1983, justamente para sacar tajada electoral, aunque ello supusiera enfrentar a los ciudadanos.
 
 

¿Por qué dar otra vuelta de tuerca a la reglamentación?, se preguntan, si los datos demuestran que el catalán avanza. La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) acerca de este asunto, correspondiente al año pasado, refleja que el porcentaje de personas capaces de hablar en catalán ha aumentado un 5% con respecto al año 1993. El 79%, más de las tres cuartas partes de los ciudadanos que residen en Cataluña, son capaces de conversar en este idioma. Aunque es cierto que todavía hay ámbitos en los que el catalán no está al mismo nivel que el castellano, como en la justicia y el cine. Sólo el 2% de los filmes extranjeros, por ejemplo, tienen versión catalana.
 
 

• Nueva ley. Si en la anterior legislatura el debate sobre la lengua se centró en la denominada inmersión lingüística -es decir, la escolarización de los niños exclusivamente en catalán-, en estos últimos años la discusión ha girado en torno a la aplicación de la nueva legislación sobre el uso del idioma autóctono. Una norma, la Ley de Política Lingüística, que prevé sanciones por incumplimiento y que fue aprobada sin el consenso de todas las formaciones parlamentarias, contrariamente a lo sucedido con la primera ley del catalán. Por razones diametralmente opuestas, el Partido Popular y Esquerra Republicana votaron en contra. Los conservadores la juzgaron abusiva, mientras que los independentistas la consideraron moderada en demasía. Los socialistas y el grupo de Iniciativa-Verds -antiguos socios de la coalición de Julio Anguita- la apoyaron en el Parlament, pero han abominado de cómo la ha querido aplicar el Gobierno catalán: a golpe de decretos redactados al margen de los sectores afectados. De los cinco que desarrollan la ley hasta ahora, el más conflictivo ha sido el de doblaje de filmes.
 
 

• Cine. Ni la foto del consejero de Cultura, Joan Maria Pujals -de quien depende directamente la política lingüística-, paseando por el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat junto a un saltarín Micky Mouse conmovió a las multinacionales estadounidenses de la distribución cinematográfica, contrarias al decreto de doblaje. Las majors han seguido en sus trece y continúan sin querer someterse a la norma, que establece cuotas de distribución -el 50% de copias en catalán de las películas más taquilleras, por ejemplo- y exhibición, y prevé sanciones para quienes las incumplan. El mayor y más reciente fracaso de la política lingüística de la Generalitat es este decreto. Una norma que no sólo ha topado con el rechazo del sector cinematográfico sino que fue desactivada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al suspender éste su capacidad sancionadora. El formidable embrollo ha obligado al Ejecutivo autonómico a retrasar por dos veces la aplicación del decreto. El último aplazamiento sitúa su efectividad en el lejano 1 de junio del 2000.
 
 

El Gobierno de Convergència i Unió arguye que necesita este tiempo para negociar tranquilamente con las distribuidoras. La oposición, sin embargo, ha interpretado la decisión como un signo de ineficacia política del equipo de Pujol, quien llegó a decir que jamás se arrodillaría ante las multinacionales para pedirles que doblaran al catalán sus producciones. El presidente necesita, como sea, borrar la mancha del decreto del cine en su gestión, y ya lo ha intentado. A dos días del inicio de campaña, anteayer, Pujals -que ocupa nada menos que el sexto lugar en la candidatura nacionalista- vendió como un gran logro el haber conseguido pactar con tres distribuidoras norteamericanas y dos catalanas el doblaje de 18 películas en los próximos ocho meses. Eso sí, se preocupó de no destacar que los gastos correrán a cargo del erario público.
 
 

• Justicia. La ley del catalán establece que las actuaciones judiciales podrán ser hechas en cualquiera de las dos lenguas oficiales y sin necesidad de traducción. Obliga asimismo a los tribunales a atender y comunicar las sentencias a los ciudadanos en la lengua que éstos decidan. Que en este ramo la norma es papel mojado lo revela el hecho de que, un año después de la entrada en vigor de la ley, únicamente uno de cada cien jueces dictaba de forma sistemática las sentencias en catalán, y que apenas el 5% de los documentos estaban redactados en dicha lengua. Otro dato: poco más del 2% de la plantilla de jueces, fiscales y secretarios que ejercen en Cataluña acabaron el año pasado los cursos que organiza la Generalitat para fomentar el conocimiento y el uso del catalán. Tampoco los abogados utilizan habitualmente este idioma. Ellos alegan que usan el castellano para evitar demoras.
 
 

En vista de que no hay forma de que el catalán penetre en los juzgados, el Gobierno autonómico explora otra vía: presionar en Madrid para reformar la legislación con el objetivo de crear un cuerpo catalán de funcionarios de la Administración de justicia. 

La aplicación de la ley del catalán ha traspasado el Ebro y, en esta legislatura, ha llegado hasta el defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, quien ha terciado en varios conflictos. A punto estuvo Álvarez de Miranda el año pasado de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, pero se retractó finalmente después de consultar con el síndic de greuges (defensor del pueblo catalán), Anton Cañellas, y de que Jordi Pujol le garantizara que la ley se aplicaría de forma gradual y consensuada.
 
 

Antes de eso, Álvarez de Miranda había recibido quejas referidas a la utilización exclusiva del catalán en los rótulos informativos de algunos juzgados y a la exigencia de saber hablar y escribir este idioma para trabajar de albañil municipal en la localidad gerundense de Roses, gobernada por Convergència i Unió. Otro Ayuntamiento de Girona y asimismo gobernado por la coalición que lidera Pujol, el de Olot, planteó ese mismo requisito para acceder a una plaza de idénticas características. Sucedió una semana antes de que entrara en vigor la Ley de Política Lingüística.
 
 

Recientemente, el defensor del pueblo ha tenido que tomar cartas en otro asunto que afecta al catalán. La Universidad Rovira i Virgili, con campus en Tarragona y Reus, apartó del tribunal de correcciones de la selectividad a dos profesores que cuestionaron la legalidad de que las pruebas se realizaran exclusivamente en catalán, y uno de ellos denunció que no se había facilitado a un alumno una copia en castellano, pese a haberlo éste solicitado. De todo ello, pidieron los docentes parecer a Álvarez de Miranda, quien respondió que todos los alumnos deben disponer de un ejemplar del examen en castellano, y no limitar esta opción a aquellos que "manifiesten dificultad de comprensión de los enunciados por la lengua usada", tal como establece la normativa sobre la lengua en las pruebas.
 
 

La universidad mantiene abierto otro frente lingüístico. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido un recurso de Convivencia Cívica Catalana, que preside el senador del PP Aleix Vidal-Quadras, y un grupo de profesores contrarios al reglamento interno de usos lingüísticos, que exige el conocimiento del catalán en los concursos docentes. 

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