El rastro de corrupción de la 'década
Menem'
Los partidos convierten la limpieza del Gobierno en
el asunto clave de la campaña electoral
FRANCESC RELEA , Buenos Aires
El presidente argentino, Carlos Menem, besa
a su hija Zulema, en una foto de archivo (Ap).
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"La sociedad, cansada de la corrupción, me convirtió en un
monstruo al que responsabilizó por todo", exclamó el ex concejal
justicialista (peronista) José Manuel Pico minutos antes de que
un tribunal de la ciudad de Buenos Aires le condenara a cinco de años
de prisión y diez años de inhabilitación para ocupar
cargos públicos, por el delito de enriquecimiento ilícito.
Pico se convirtió el 15 de octubre, a nueve días de las
elecciones presidenciales argentinas (que se celebran el próximo
domingo), en el primer político de relevancia condenado por corrupción.
Otros dos altos funcionarios del Gobierno que se despide -María
Julia Alsogaray, secretaria de Recursos Naturales, y Víctor Alderete,
presidente del PAMI (Programa de Asistencia del Estado para Jubilados y
Pensionistas)- están acusados del mismo delito y pueden ser los
siguientes en el banquillo.
La palabra corrupción ha estado omnipresente en toda esta campaña
electoral. Todos los candidatos, con Fernando de la Rúa a la cabeza,
enarbolan la bandera de la transparencia. Aporta votos. No en vano la corrupción
es, después del desempleo, la segunda inquietud de los argentinos,
según indican los estudios de opinión.
El Gobierno de Carlos Menem deja un largo reguero de escándalos,
pero no es un fenómeno inventado por el presidente saliente ni patrimonio
exclusivo de Argentina. "La corrupción existe en estas tierras desde
1492 en adelante", dice, medio en serio, medio en broma, Luis Moreno Ocampo,
ex fiscal federal y presidente de la organización Transparencia
Internacional para América Latina, dedicada a estudiar los tentáculos
de la corrupción. Sin necesidad de remontarse a la época
del Descubrimiento, el periodista Álvaro Abós repasa en su
libro Delitos ejemplares 12 historias de la corrupción argentina
que se remontan a Santiago de Liniers y la fundación de Argentina,
en 1810, y llegan hasta los Gobiernos de Menem.
En otras palabras, la corrupción existe desde tiempos inmemoriales,
pero no es hasta la última década que los argentinos empiezan
a reflexionar seriamente sobre ella. "La corrupción entra a formar
parte de la agenda política con la recuperación de la democracia
y el fin de la hiperinflación", observa el fiscal del juicio a las
últimas juntas militares, hoy convertido en consultor de empresas
y organismos internacionales. "Sin democracia no había información
pública, por lo que no había datos para hablar de corrupción.
Por otra parte, la hiperinflación pasaba por encima de cualquier
otro problema para los argentinos".
"El menemismo sumó escándalos", sentencia Moreno Ocampo.
"Por ejemplo, con las privatizaciones el nivel de compra del Estado descendió
de 18.000 millones de dólares a 4.000 millones (de 2,7 billones
de pesetas a 610.000 milllones de pesetas). Al comprar menos, la corrupción
estatal se exportó al sector privado". En importantes operaciones
de compra-venta de empresas del Estado se amasaron fortunas repentinas
gracias al cobro de suculentas comisiones.
Estima el ex fiscal que "no es sólo una cuestión de personas.
Es un problema estructural, que va más allá del Gobierno.
Hace falta un compromiso de las empresas de no pagar sobornos. Se necesita
un cambio de mentalidad", asegura.
Otra forma de corrupción, como la evasión de impuestos,
alcanza en Argentina el 28%, porcentaje superior al 20% considerado normal
en palabras de Transparencia Internacional, y a distancia sideral del 5%
que se da en Suecia. La evasión supera el 50% en sectores como el
agrario y el de la construcción.
En diciembre de 1998, la revista XXI publicó un número
especial bajo el título "Guía de la corrupción" en
la que figura una larga lista, de la A a la Z, de nombres de acusados,
procesados o condenados por el mismo delito.
Ahí están ministros como José Luis Manzano, implicado
en más de una docena de causas a las que finalmente se dio carpetazo;
Antonio Erman González (Trabajo y Defensa), imputado en la venta
ilegal de armas a Croacia y Ecuador, y Carlos Corach (actual titular de
Interior), acusado en varias causas; jueces como Norberto Oyarbide, investigado
por varios delitos, entre ellos una red de prostíbulos en Buenos
Aires; familiares del presidente Menem, como sus cuñados Amira y
Emir Yoma; gobernadores como el de la provincia de La Rioja, Ángel
Eduardo Maza, denunciado por desviar dos millones de dólares del
Tesoro Nacional, o el de Tucumán, Antonio Bussi, general de la dictadura,
a quien se descubrió una cuenta secreta en Suiza con los bienes
hurtados a los detenidos-desaparecidos durante el golpe de Estado.
El primer escándalo de corrupción de la década
menemista estalla al año y medio de asumir Carlos Menem la presidencia
de la nación. Amira Yoma, secretaria de Audiencias de la Presidencia,
Ibrahim al Ibrahim, antiguo asesor de aduanas, y Mario Caserta, ex presidente
del Consejo Federal de Agua, son acusados de integrar una banda internacional
de lavado de dinero del narcotráfico. Yoma fue sobreseída,
aunque abandonó el cargo, Caserta estuvo siete años en prisión
y está en libertad, e Ibrahim huyó a Siria.
La presa hidroeléctrica de Yacyretá, sobre el río
Paraná, que comparten Argentina y Paraguay fue calificada en 1990
por Menem como "el monumento nacional a la corrupción". Las acusaciones
de irregularidades y sobreprecios en la construcción de la central
fueron constantes desde principios de los ochenta.
En agosto y septiembre de 1993 entraron en Argentina 13 contenedores
con una mercadería por valor de 600.000 dólares (unos 90.000
millones de pesetas) sin pagar impuestos. Varios funcionarios de aduanas
fueron juzgados y condenados. Ninguno de ellos está preso.
En 1994, el Banco Nación otorgó a la empresa IBM la licitación
para la renovación de su sistema informático, por la que
se pagaron más de 21 millones de dólares en sobornos. Un
ex presidente y tres antiguos directores del banco, así como cinco
empresarios, están procesados. El hermano y secretario de uno de
los imputados, Marcelo Cattáneo, apareció suicidado.
El PAMI es un organismo carcomido por las prácticas corruptas.
Su máximo responsable, Víctor Alderete, enfrenta nada menos
que 17 denuncias. Los presidentes de los últimos 10 años
terminaron procesados, recuerda el fiscal Moreno Ocampo.
En febrero de 1995 trascendió la noticia de la venta de armas
argentinas a Croacia y Ecuador, países sobre los que pesaba un embargo
militar de la ONU por estar en guerra en la antigua Yugoslavia y contra
Perú, respectivamente. Dos ex ministros y varios militares están
procesados.
La batalla contra la corrupción tropieza con un serio obstáculo
llamado impunidad, que favorece la comisión del delito ante la deslegitimación
en que se encuentra el poder judicial desde 1992, con los cambios introducidos
en la Corte Suprema. En este sentido, "los organismos de control de fronteras
y de recaudación [Dirección General Impositiva y Aduana]
deben dejar de ser tierra liberada, para sumarse a un esfuerzo que conjugue
los elementos de seguridad y de mayor eficiencia fiscal y económica",
ha escrito Gustavo Beliz, ex ministro del Interior y hoy diputado del partido
Nueva Dirigencia.
¿Hay esperanzas de que el Gobierno que surja de las elecciones
del domingo encarará con valentía la lucha contra la corrupción?
"El gran cambio", sostiene Moreno Ocampo, "es que el próximo
presidente quiere controlarla. Menem, como mínimo, la toleró".
La impunidad no sólo alcanza a la corrupción. Termina una
década sin que se hayan esclarecido graves sucesos que ensangrentaron
Argentina: los atentados antijudíos contra la Embajada de Israel
(marzo de 1992), con 22 muertos, y contra la sede de la AMIA (julio de
1994), que causó 86 víctimas; la sospechosa muerte del hijo
de Carlos Menem al estrellarse el helicóptero en que viajaba, el
asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, o el suicidio
del empresario Alfredo Yabrán.
Otro homicidio, el del soldado Omar Octavio Carrasco, fallecido a causa
de una paliza brutal perpetrada por un grupo de suboficiales y soldados
veteranos, tuvo consecuencias para toda la sociedad argentina. El presidente
Menem abolió cinco meses después, en agosto de 1994, el servicio
militar obligatorio, vigente desde 1901.
El presidente se apunta el fin de
la hiperinflación y la estabilidad
F.R , Buenos Aires
Las cifras de la década del Gobierno de Carlos Menem ofrecen
luces y sombras, como toda su gestión. En cualquier tribuna que
le ceda la palabra el presidente procura vanagloriarse de sus éxitos:
el fin de la hiperinflación, la estabilidad democrática y
la modernización de la economía.
En julio de 1989, cuando Menem asumió el poder, la inflación
era del 1.472% y al terminar el año subió hasta el 4.923%.
Para 1999 las estimaciones prevén una caída de los precios
del 0,7%. El producto interior bruto (PIB) era de 82.773 millones de dólares
en 1989; el año pasado fue de 298.131 millones de dólares
(45,6 billones de pesetas, aproximadamente la mitad que el de España).
Hace 10 años el desempleo era del 8,1% de la población activa.
Hoy se sitúa en el 14,5%. La deuda externa era de 62.843 millones
de dólares, y en una década se ha encaramado hasta los 144.000
millones de dólares.
El legado social deja una ristra de puntos negros. La distribución
de la riqueza ha profundizado la desigualdad desde los años ochenta
hasta la actualidad, según datos de la Fundación de Investigaciones
Económicas Latinoamericanas (FIEL). Más del 17% de la población
del Gran Buenos Aires está bajo la línea de pobreza (las
cifras oficiales hablan de 10 millones de pobres en todo el país).
En salud hay situaciones contradictorias. La relación de tres
médicos por cada 1.000 habitantes es superior a la de muchos países
desarrollados, y la inversión representa el 6,9% del PIB, la más
elevada de todo el continente después de Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, la mortalidad infantil es del 20%, dos veces más que
Chile y tres más que Cuba, y la tercera parte de la población
carece de cobertura médica.
Grave desigualdad
En educación hay una grave desigualdad entre las escuelas de
Buenos Aires y de las provincias, deficiente rendimiento escolar y un bajo
nivel de inversión (3,1% del PIB, frente al 5,3% de promedio en
los países desarrollados).
En las provincias, las protestas sociales han ido en aumento a medida
que se acercaba el fin del mandato de Menem. Empleados públicos,
pequeños productores, docentes, camioneros, agricultores y pescadores
han salido a la calle a lo largo y ancho de la geografía argentina
para exigir al gobierno provincial de turno mejores condiciones en su trabajo,
en un marco de recesión general.
Las protestas han puesto de manifiesto otra realidad de Argentina. El
país no termina en Buenos Aires.
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