El nuevo Gobierno balear quiere frenar la avalancha de turismo y de urbanizaciones
El programa del centro-izquierda pretende recortar las plazas en oferta y aumentar la calidad
ANDREU MANRESA,
Palma de Mallorca
El PP ganó las elecciones en Baleares pero ha perdido el gobierno. El Gabinete conservador ya no satisfacía plenamente a los intereses turísticos de los empresarios de las islas. En Calvià, una de las localidades turísticas más importantes de España, la alcaldesa socialista barrió al candidato del PP. De nada sirvió que tenga allí su domicilio el presidente autonómico saliente, Jaume Matas. El nuevo Gobierno que presidirá Francesc Antich (PSOE), con apoyo de varios partidos nacionalistas y de izquierda, tiene ante sí el reto de buscar una mejor comprensión de los intereses económicos de las islas.
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"Es bueno que se abran las ventanas, se frene el expansionismo y pasen al frente otros hombres", asegura un destacado financiero insular. El nuevo Gobierno pondrá en primer plano frenar el crecimiento de la actividad turística y congelar el proceso de urbanización del interior y litoral de las islas. Lejos de asustar, eso sintoniza con unos empresarios que ya le han visto las orejas al lobo del expansionismo sin barreras en un territorio frágil.
El futuro Ejecutivo pretende reducir la afluencia masiva de turistas en verano, recortar plazas en oferta y diversificar hacia la cultura y el ocio en la naturaleza a lo largo de todas las estaciones del año. Se trata de mejorar en calidad y no en cantidad.
El PP ya inició ese camino de reconversión turística, pero pecó de tímido y produjo unos efectos indeseados. Los propios empresarios criticaron el alza especulativa del precio del suelo y de los hoteles causada por la política del PP.
Las áreas centrales de actuación del nuevo Gobierno serán la política turística y la ordenación del territorio. La modernización de las instalaciones hoteleras conllevará el derribo de edificios viejos en los núcleos tradicionales del perfil de las islas, donde se concentran 400.000 plazas controladas y 150.000 sumergidas. La población residente en Baleares es de 760.000 personas. Se estima que los turistas la duplican, pero se desconocen las cifras reales.
En esta apuesta de crecimiento cero, de carácter intervencionista, se adoptarán medidas a favor de la calidad en zonas históricas y ámbitos de ocio alrededor de parques naturales.
"Se trata de que venga menos gente y de mejorar la categoría de la oferta para tener un turismo de mayor capacidad adquisitiva y más rentable para todos", explica Maria Antònia Munar, la dirigente de la liberal Unió Mallorquina y presidenta del Consell de Mallorca, cuyos votos han sido claves para constituir la nueva mayoría arco iris que aparta al PP del poder autonómico en Baleares, después de 16 años ininterrumpidos. Munar ha sido la diana de muchas diatribas por su apoyo a la izquierda. Pero pocos saben de su conocimiento sobre la realidad turística y empresarial de las islas. Durante el último año, cada semana ha mantenido un encuentro con hoteleros y financieros de Baleares. "Hace falta un cambio de modelo, y en esta cuestión todos nos diferenciamos del PP", subraya su aliado, el socialista Francesc Antich.
El inspirador de esta nueva política sobre turismo es Celestí Alomar, probable consejero de Turismo. "Parar y modernizar", dice Alomar, "son tendencias que propicia el propio sector empresarial hotelero, y que reclaman tanto el mercado como los operadores internacionales".
Uno de los hoteleros mallorquines de más peso internacional, Miguel Fluxá, del Grupo Iberostar, se pronunció, antes de las elecciones, sin ambajes, contra el crecimiento y la proliferación de camas. El equipo socialista ha trazado su proyecto en diálogo con los agentes empresariales y sociales, sin pronunciamientos adversos de las patronales. Alomar fue alto cargo de Turismo en el último Gobierno de Felipe González y antes trabajó en el Gobierno autonómico del PP de Baleares. "En mi época se rebajaron las plazas hoteleras. Luego se dispararon", agrega.
El programa del futuro Gobierno intenta evitar un eventual colapso de la exitosa y espontánea vía económica balear, por saturación de visitantes concentrados en los cien días vacacionales del año. La voz de alarma sobre "la sensación de agobio y atasco" en playas y carreteras de Mallorca e Ibiza la había dado el propio Gobierno del Partido Popular, en agosto de 1998.
Pero ya era tarde. "Hemos tocado techo, no podemos crecer más", dijo entonces el hasta ahora presidente balear, Jaume Matas.
En materia cultural y educativa, los nacionalistas del Partido Socialista de Mallorca y el PSOE compartirán responsabilidades. "El PP nos dejó el marco de la política lingüística. Para empezar basta con aplicar las leyes y decretos que el Partido Popular promulgó, votó e incumplió", señala Damià Pons, consejero nacionalista de Educación en el programa común. "Tenemos una Ley de Normalización de 1987 y un decreto de mínimos en la enseñanza de 1998. Son suficientes", asegura.
El programa de gobierno no especifica la inmersión lingüística en el catalán, y alude a esa lengua "como vehículo de expresión normal (en todos los centros) con la finalidad de lograr, al concluir la enseñanza obligatoria, el conocimiento del catalán y el castellano como lenguas oficiales". La normalización lingüística se hará, según los nuevos gobernantes, "respetando los derechos de todos los colectivos que integran la sociedad y que tienen como propias otras lenguas, especialmente la castellana".
No habrá nuevos campos de golf con complejos hoteleros al lado
A. M.,
Palma
La perspectiva de estabilización del turismo y freno al consumo de territorio está muy concretada en el programa de Gobierno de la nueva mayoría. En él figuran la paralización de grandes proyectos de construcción de impacto ambiental más duro en el litoral -en Ciutadella e Ibiza, por ejemplo- y en el interior insular, al igual que el rechazo a nuevos campos de golf que conlleven oferta residencial u hotelera. Se prohibirán las construcciones en áreas naturales protegidas y frágiles, y habrá un parón en la inversión inmobiliaria y residencial dentro del suelo rústico. La febril compra y venta de terrenos y casas ha provocado una verdadera ebullición económica recalentada por la entrada de dinero negro y la enorme demanda de clientes alemanes. Los precios han tenido un crecimiento sostenido de 15 puntos por año.
Las leyes turísticas y urbanísticas de los Gobiernos conservadores desde 1983 tendrán que ser modificadas, y algunas derogadas en el Parlamento, con el objetivo de "mantener un dinamismo económico respetuoso del medio ambiente", según recoge el pacto. En las treinta páginas del acuerdo se especifica el nuevo esquema de infraestructuras que los progresistas desean: nuevos ramales de ferrocarril y tranvía en Mallorca, o el desdoblamiento de carreteras como alternativa a las autopistas. Se descarta la apertura de una nueva incineradora de basura en Mallorca y habrá una moratoria para nuevos puertos deportivos.
Acuerdo pragmático
Las cuestiones medioambientales han sido motivo de discordia entre los mismos grupos actualmente aliados, que paralizaron durante meses la acción política del Gobierno del Consell insular de Mallorca, la Administración equivalente a la Diputación Provincial. Ahora han coincidido formaciones proteccionistas y grupos moderados de centro, de origen muy diverso. "No ha habido ningún punto programático que nos haya enfrentado y existe un verdadero compromiso de estabilidad", explica el futuro presidente, Francesc Antich, que reserva al PSOE las carteras de Presidencia, Fomento, Energía, Hacienda, Sanidad e Interior, además de Turismo. El Partido Socialista de Mallorca tendrá Educación y Cultura, Agricultura y Comercio. Unió Mallorquina no quiere comprometerse, y estará solo en el Consell de Mallorca, con el PSM.
Izquierda Unida, con un Eberhard Grosske anguitista pero sin prevenciones para sostener al PSOE y a un partido de centro nacionalista, administrará la cartera de Acción Social, y sus socios de Els Verds, la de Medio Ambiente. Pero Els Verds no verán aprobada por el momento la pretendida tasa ecoturística, que querían cobrar a cada turista a su llegada a las islas.
Uno de los objetivos verdes que se ha incorporado es la eliminación de los perdigones de plomo en los cartuchos de caza y su sustitución por los de plástico.
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