LA FALTA de resultados de una política constructiva frente a Gibraltar ha precipitado al Gobierno español a tomar medidas de presión para dificultar la economía parasitaria del Peñón y la vida de los que en él habitan. Ya no se trata de conquistar la voluntad de los llanitos, sino de quebrarla. Pero el problema no está sólo en la Roca, sino en Londres. El Gobierno ha trazado un camino de difícil retorno, puesto que supone un giro de 180 grados respecto a la política seguida hasta ahora. Por tratarse de una cuestión de Estado, pide el apoyo de las fuerzas políticas, pero eso exige ganarse la confianza de la oposición.

Es evidente que la actitud constructiva no ha dado frutos, como muestra el reciente conflicto pesquero. Que el Reino Unido sea incapaz de aplicar en Gibraltar los acuerdos a los que llega con Madrid indica impotencia o mala fe. El gobernador local, que sigue instrucciones de Londres, parece responder directamente al ministro principal de la Roca, Peter Caruana. Pero dejar la espinosa cuestión de Gibraltar en manos de los ministros de Exteriores ha sido un error. Resulta un despropósito que los primeros ministros amigos, Aznar y Blair, no quieran mancharse las manos. ¿No hablan nunca de este asunto? ¿No deben contribuir a encontrar una tercera vía, entre el inmovilismo y el enfrentamiento, a la última situación colonial en la UE? Se debe encontrar una solución enmarcada en el sistema autonómico español y en una Europa integrada que relativiza el concepto de soberanía.

El problema de Gibraltar ha ido mutando con el tiempo. No se trata sólo de soberanía, sino también del crecimiento de una economía parasitaria, con actividades ilegales o irregulares. Aunque tampoco hay que llevarse a engaño: si en Gibraltar están domiciliadas 53.000 empresas es porque numerosos españoles las utilizan para evadir impuestos. La policía y la Inspección de Hacienda deberían actuar con mayor eficacia. España ganaría margen de maniobra si se hubiera volcado en el desarrollo del Campo de Gibraltar para reducir su dependencia del Peñón. La constitución de una comisión interministerial con este fin puede ser positiva, aunque tardará en dar resultados y cuenta con precedentes de escaso éxito.

Para ganar credibilidad, la posición española debe vigilar escrupulosamente que las medidas de presión —controles en la verja, no reconocimiento de los carnés de conducir o la posible denegación de permisos para el sobrevuelo comercial del espacio aéreo español— se ajusten a la normativa europea. De otro modo se deslegitimaría la acusación de que Gibraltar incumple algunas de las normas comunitarias, cuya responsabilidad es atribuible al Reino Unido. Ni Londres ni Madrid desean una escalada. Menos aún que este contencioso contamine otros, como las negociaciones financieras en la UE. Blair y Aznar deben tomar la Roca en sus manos.

© Copyright DIARIO EL PAIS, S.A. - Miguel Yuste 40, 28037 Madrid