Una nueva Ley de Extranjería ampliará los derechos de los inmigrantes

El proyecto legislativo contempla el voto en las municipales

CARLES ESCOLÁ, Barcelona
Los inmigrantes que residen legalmente en España podrán acceder a una oferta pública de empleo, recibir ayudas para comprarse una vivienda de protección oficial, disfrutar de las prestaciones de la Seguridad Social e incluso votar en las elecciones municipales. Así lo contempla la nueva Ley de Extranjería que se está elaborando en una ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y que beneficiará a un mínimo de 350.000 extracomunitarios. Las formaciones políticas ya han llegado a un principio de acuerdo en los 28 artículos de que constan los apartados de derechos y libertades y del régimen jurídico.

La proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España que se debate en la ponencia del Congreso sustituirá la normativa que aprobó en 1985 el primer Gobierno socialista. El objetivo de todas las fuerzas políticas es superar una Ley de Extranjería que en su momento estableció las primeras reglas de control de fronteras y de los flujos migratorios, pero que el aumento de la población extracomunitaria ha hecho insuficiente en lo que respecta a dotar a este colectivo de una auténtica carta de derechos sociales que le permita una integración tangible en la sociedad española.

La principal novedad aparece en su artículo siete: "Los extranjeros residentes podrán ser titulares del derecho político de sufragio en elecciones municipales en los términos que establezcan la leyes y los tratados". Éste es un primer paso para que los extracomunitarios puedan votar dentro de cuatro años en los municipios, aunque para ello "habrá que modificar antes la Ley Electoral", tal como reconoce Diego Jordano, diputado del PP en la ponencia de la comisión. Algunos políticos incluso apuntan a que esta medida podría necesitar de una reforma previa de la Constitución.

Oferta de empleo

Hay otras novedades que sí podrán hacerse efectivas de inmediato, una vez que la ley pase los trámites pertinentes en el Congreso y el Senado, en donde "no debería sufrir ningún retraso debido al alto grado de consenso que hay", apunta el diputado de CiU Carles Campuzano. Esta nueva ley del inmigrante contempla en su artículo 14 que "los extranjeros tienen derecho al sistema público de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los españoles". Otro punto prevé que puedan optar a la oferta pública de empleo, es decir, a una plaza de funcionario.

En el campo laboral, los partidos políticos están de acuerdo en que los extranjeros puedan realizar "una actividad remunerada por cuenta propia o ajena dentro del sistema de la Seguridad Social", organismo del que disfrutarán de sus "prestaciones y servicios en las mismas condiciones que los españoles". También podrán afiliarse libremente a un sindicato o a una organización profesional y, de igual modo, se les reconoce el derecho a la huelga.

Los inmigrantes extracomunitarios también se beneficiarán de los servicios públicos en materia de enseñanza y sanidad. El proyecto regula lo que de hecho ya se producía: la escolarización de los menores en el sistema obligatorio de enseñanza de forma gratuita. Pero el nuevo artículo 10 equipara dos realidades hasta ahora distintas dentro de las escuelas: los inmigrantes verán reconocidos legalmente sus titulaciones académicas y tendrán acceso "al sistema público de becas y ayudas conectadas" con la educación obligatoria.

En el terreno sanitario, el redactado provisional de la ley contempla sólo el derecho de asistencia médica pública "en situaciones de urgencia". Las extranjeras podrán gozar de servicio sanitario durante el embarazo, en el parto y en el posparto. Por lo que respecta a los menores -que desde hace unos meses ya cuentan con una tarjeta sanitaria especial tras las denuncias de desatención- entran de pleno derecho en el sistema nacional de salud.

Las fuerzas políticas tienen claro que para poner al día la situación legal y social de los miles de extracomunitarios que viven en España hay que acabar con la actual bolsa de irregulares. Por ese motivo, la redacción de la nueva ley prevé en su artículo 20 que acceda a la residencia temporal "el extranjero que acredite una estancia ininterrumpida de dos años en el territorio español". Este punto está muy bien visto entre las organizaciones sociales, que en los últimos años vienen denunciando las dificultades que tienen los extracomunitarios para regularizar su situación.

A esto se añade una disposición transitoria que prevé una amnistía a entre 65.000 y 75.000 inmigrantes irregulares que viven en España, según las cifras que maneja el Gobierno. Ambas medidas permitirá reducir notablemente el número de personas que trabajen en la economía sumergida y que no puedan optar a las prestaciones sociales por no tener su documentación de residencia en regla.

La futura ley de inmigración está siendo ultimada en su capítulo del régimen sancionador, cuestión que darán a conocer las formaciones políticas de forma detallada a final de mes.

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