CiU anuncia un
pacto para mejorar la nueva Ley de Extranjería
Todos los inmigrantes podrán acogerse a otra regularización
extraordinaria
CARLES ESCOLÀ / JESÚS DUVA, Barcelona
/ Madrid
El PP, el PSOE, CiU y el PNV han acordado verbalmente que la nueva
Ley de Extranjería establezca que todos los inmigrantes sin papeles
que acrediten su entrada en España antes del 1 de junio puedan acogerse
a una nueva regularización extraordinaria y acceder a un permiso
de residencia temporal, según explicó ayer el diputado convergente
Carles Campuzano. El borrador de la ley ya preveía que todos los
extranjeros sin papeles puedan acceder a un permiso de residencia
temporal si demuestran que llevan dos años en España.
Campuzano explicó que, aunque no figure en el texto del borrador
de la ley, hay un acuerdo verbal entre los grupos parlamentarios para hacer
"un proceso de borrón y cuenta nueva" y regularizar a los inmigrantes
sin papeles que prueben su presencia en España desde antes
del pasado 1 de junio. Está previsto que este punto se incluya en
una disposición adicional de la proposición de ley, en la
reunión que la ponencia que elabora el texto celebrará el
6 de septiembre.
En este caso podrían estar unos 85.000 inmigrantes: 65.000 que
han quedado excluidos del cupo anual para trabajadores inmigrantes y otros
20.000 que pueden haber llegado en los últimos meses, según
anticipó EL PAÍS el pasado 22 de junio.
Todos los inmigrantes que no se acojan a este proceso de regularización
tendrán que ceñirse a la norma general y demostrar dos años
de residencia.
El borrador de la nueva ley garantiza el derecho a la sanidad de los
inmigrantes irregulares en casos de enfermedades graves, urgencias y accidentes.
Los colectivos de inmigrantes han mostrado su desacuerdo ya que los pacientes
que sufran otras enfermedades no tienen asegurada la asistencia. Pero Campuzano
ha dicho que hay también un acuerdo verbal entre los partidos parantice
la asistencia sanitaria en todos los casos.
El proceso de 1991
En 1991 ya abrió el Gobierno socialista de entonces un proceso
de regularización para arreglar la situación de miles de
inmigrantes que vivían en la clandestinidad. En aquella ocasión,
obedeciendo a una proposición del Parlamento, el Ejecutivo realizó
ese proceso advirtiendo que sería "único" y "extraordinario"
y que después se aplicaría la ley a rajatabla a quienes careciesen
de documentación, además de establecer "rigurosos controles".
El proceso, que se abrió el 10 de junio y se cerró el
10 de diciembre de 1991, permitía arreglar la situación legal
de los inmigrantes que cumplieran tres requisitos: tener pasaporte en regla,
acreditar que entraron en España antes del 15 de mayo de 1991 y
disponer de un contrato de trabajo o bien "presentar un proyecto viable
para montar un negocio propio". Un total de 133.000 inmigrantes cursaron
sus solicitudes, de las que fueron aprobadas la casi totalidad.
El Gobierno se vio abocado por el Parlamento a realizar ese proceso
"extraordinario" para tratar de poner fin a la situación creada
en 1985 con la promulgación de la Ley de Extranjería, cuya
normativa dejó en la ilegalidad a miles de inmigrantes. ONG y sindicatos,
además de partidos de izquierda, mantuvieron al finalizar el proceso
"extraordinario" que miles de extranjeros habían quedado sumidos
en la clandestinidad.
En contra de los firmes propósitos del Gobierno de no volver
a repetir el proceso de regularización de 1991, en mayo de 1996
se abrió otro periodo de cuatro meses para arreglar la situación
de aquellos que pudieran probar que habían disfrutado de un permiso
de trabajo o de residencia antes del 1 de enero de 1996. Con eso se pretendía
arreglar la vida de quienes estando en situación irregular cumplían
los requisitos del reglamento de Extranjería que entró en
vigor en abril de 1996.
Ahora, ante el borrador de la nueva Ley de Extranjería que maneja
el Congreso, organizaciones de inmigrantes y ONG creen que mejora la actual
normativa, pese a tener deficiencias. Las formaciones políticas
están de acuerdo en ampliar los derechos y libertades de los extranjeros.
SOS Racismo, el Centro de Información para Trabajadores Inmigrantes
(CITE-CCOO) y la Asociación de Trabajadores Inmigrantes de Marruecos
en España (ATIME) piensan que el proyecto legislativo supondrá
que "se siga dando prioridad a las políticas de control policial".
De Malta a Pasaia, otro viaje frustrado
EL PAÍS, San Sebastián
El pasaje para Europa, de Malta a Pasaia, cuesta unos 6.000 dólares
(casi 900.000 pesetas), el dinero que cinco inmigrantes sin papeles han
tirado por la borda. Su aventura terminó el pasado miércoles
en esa localidad guipuzcoana.
Ese día, miembros de la tripulación del carguero Theodora,
de bandera boliviana, hartos de no ver un duro por su trabajo en nueve
meses, denunciaron la supuesta implicación del buque, cargado de
chatarra, en una actividad ilegal de traslado de inmigrantes.
La policía detuvo al capitán y al primer oficial, que,
tras declarar ante el juez, han sido puestos en libertad provisional, aunque
se les han retenido los pasaportes. El segundo de ellos se encontraba en
la estación ferroviaria con cuatro paquistaníes y un marroquí
que tenían previsto pasar a Francia a través de la frontera
catalana. |