La Vanguardia, 17 de diciembre de 1999

Rectores y autonomías aceptan que el alumno escoja universidad en todo el territorio español 
 
  • La Generalitat se abstiene en el Consejo de Universidades por "una precipitación legislativa injustificada" 

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    JOSEP PLAYÀ MASET

    BARCELONA. - A partir del curso 2001-2002, los alumnos podrán estudiar en la universidad española que deseen, aunque no sea la de su distrito o de su comunidad autónoma. Este acuerdo, bautizado como "distrito universitario abierto", fue aprobado casi por unanimidad en el pleno del Consejo de Universidades (que forman los rectores, los consejeros de Educación de las comunidades y 15 representantes de las Cortes), celebrado en Burgos, con las únicas abstenciones de la Generalitat y de la Universitat Pompeu Fabra.

    El requisito para que un alumno tenga plaza en una determinada universidad será únicamente la nota, según establece este proyecto, que se prevé que pueda ser aprobado por el primer Consejo de Ministros del próximo año. El distrito abierto no empezará a implantarse hasta el curso 2001-2002 "debido a su complejidad técnica", según explicó el ministro de Educación, Mariano Rajoy. Se dará un plazo máximo de tres años para que las comunidades lo implanten progresivamente. En el curso 2001-2002 se reservará al menos un 20% de las plazas y en los dos años siguientes el distrito llegará de forma progresiva hasta el ciento por ciento.

    Un portavoz del comisionado para Universitats de la Generalitat explicó que se está a favor del distrito abierto, "pero el decreto no se ha podido discutir y no podemos aprobar una precipitación legislativa injustificada que afecta a sus aspectos técnicos".

    Para hacer efectiva la movilidad de los alumnos, Rajoy aseguró que se aumentará el programa de becas por alumno y curso. El Gobierno destinará 11.500 millones anuales para fomentar la movilidad (incluidas las becas Erasmus), y las becas podrán solicitarse en enero para saber antes de la preinscripción si se dispone de ellas. Para el ministro, la posibilidad de elección, más que facilitar el trasvase de alumnos, "obligará a las universidades a ser mejores y potenciará la competitividad".

    En relación con la evaluación universitaria, el pleno aprobó que sea el Consejo el que tome la iniciativa en este proceso, y no organismos externos. También se aprobó el presupuesto para el 2000, que crecerá un 40% (será de 164 millones). 
     

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