EL PAÍS, Madrid 
La tregua indefinida de ETA, anunciada el 16 de septiembre de 1998, cogió al Gobierno tan por sorpresa como su ruptura, 14 meses después. El ministro del Interior, Jaime Mayor, la calificó de "tregua-trampa", aludiendo a que no respondía a una voluntad de paz sino a un cambio de táctica: las pistolas dejaron paso a la presión nacionalista representada por el frente de Lizarra al que se sumaron PNV, EA, EH (la nueva marca electoral de Herri Batasuna) e IU.
 
 

El Ejecutivo respondió al nuevo escenario con un acercamiento a cuentagotas de 135 presos y una oferta de diálogo a la banda terrorista, que se plasmó en un único encuentro celebrado en mayo de 1999 en Suiza. Pero, sobre todo, no bajó la guardia en la presión policial, que, con la decisiva colaboración francesa, condujo a la detención de 18 comandos (el último, hace 15 días) y más de 350 presuntos activistas. Entre ellos, algunos tan relevantes como José Javier Arizkuren, Kantauri, Jon Bienzobas o Belén González Peñalva, Carmen.
 
 

La Guardia Civil obtuvo grandes éxitos, como la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, tras 19 meses de cautiverio, o la interceptación de los 1.700 kilos de explosivos que ETA envió a Madrid las pasadas Navidades. Lo que no pudo es recuperar la unidad de las fuerzas democráticas, que tuvo su máxima expresión en el llamado espíritu de Ermua, la impresionante movilización social que se produjo en julio de 1997 contra el asesinato anunciado de Miguel Ángel Blanco, uno de los seis concejales del PP que mató ETA en esta legislatura.