Gráfico: 'Cuatro años de Gobierno Aznar'

JUAN G. IBÁÑEZ, Madrid 
El partido que pidió en 1996 el apoyo electoral para pilotar nada menos que una "segunda transición" llega al término de los cuatro años de Gobierno con un equipaje bastante más modesto, donde lucen abultados éxitos económicos y asoman baúles políticos desguazados. Junto a la prosperidad, ayudada por la bonanza de la economía internacional, el balance de la gestión política no es la de una renovación ni revitalización de la democracia, como lo muestra el ejercicio de control sobre los medios de comunicación públicos y la frecuente invocación en el Parlamento de las irregularidades cometidas en el pasado para no responder de las del presente, por citar dos ejemplos. Al término de estos cuatro años puede decirse que ha habido más transacción, de las que se hacen día a dia, que transición, de las que marcan periodos históricos.

José María Aznar ha tenido habilidad para asegurarse la estabilidad durante cuatro años -aunque el cumplimiento del ciclo ha llegado a parecer una meta obsesiva- pero el apoyo que ha buscado en los nacionalistas ha dejado en entredicho su capacidad para contener las ínfulas nacionalistas. Tal vez porque el tránsito desde el "Pujol, enano, habla castellano" a mencionar como president al líder de CiU resultó inevitablemente vertiginoso.

El Gobierno ha conservado el voto de los nacionalistas catalanes y canarios en el Parlamento hasta el último momento, pero no ha conseguido disipar de la opinión pública la sospecha de que eso ha tenido un alto, y a menudo desconocido, precio. En el caso del PNV, que durante la mayor parte de la legislatura ha votado junto al Partido Popular sin que eso le produjera los escrúpulos que ha empezado a aducir cuando se han aproximado campañas electorales, la alianza ha sido más exótica: no ha servido para conseguir de ese partido lo más importante, su contribución al lado de las demás fuerzas democráticas para acabar con la violencia terrorista. Aznar ha convivido con la paradoja de que su grupo parlamentario votaba junto con el PNV en el Congreso mientras Arzalluz salía de La Moncloa y afirmaba, con naturalidad, que había llegado a acuerdos con el presidente del Gobierno excepto en la política antiterrorista.

El Gobierno ha llegado al final de la legislatura con una amplia lista de leyes aprobadas -168 proyectos de ley- pero con un cumplimiento tan exiguo de su compromiso electoral de facilitar las comisiones de investigación que resulta irrelevante en términos cuantitativos e insignificante en comparación con el simbolismo -de profundización en la democracia- que atribuyó a su intención de favorecer ese mecanismo de control del Gobierno. En más de 30 meses de actividad parlamentaria, sólo se han constituido dos comisiones de investigación: la que indagó las presuntas irregularidades cometidas por los socialistas en la tramitación de expedientes fiscales en la Agencia Tributaria y la que abordó los presuntos abusos en el cobro de ayudas europeas al cultivo del lino por parte de altos cargos de la actual Administración.

El Ejecutivo ha hecho en estos cuatro años gran uso de los decrecretos-ley. Aprobó 84, todos ellos convalidados luego por el Parlamento, de los que sólo 19 tramitó como proyectos de ley. Con la disolución del Congreso decaen 20 proyectos de ley y 128 proposiciones de ley en tramitación. Entre los proyectos que no podrán entrar en vigor se encuentra el crédito de 46.624 millones para indemnizar a víctimas del terrorismo. Aunque la Ley de Extranjería quedó aprobada, no podrá ser aplicada en su totalidad ya que algunos aspectos dependen de un reglamento que no ha sido elaborado. 

EL PAÍS , Madrid 
El Gobierno ha emprendido una reforma sanitaria, orientada a la gestión privada de la sanidad pública, soslayando el debate político previo. La norma que abrió paso a la gestión de los hospitales por fundaciones fue introducida en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1999, y el reglamento que desarrolla el funcionamiento de los nuevos centros ha sido presentado en la última reunión ordinaria del Consejo de Ministros. El Gabinete ha tenido que afrontar también severas críticas por haber pactado con las compañías eléctricas, en septiembre de 1998, ayudas de 1,3 billones de pesetas por la mayor apertura del mercado de la electricidad. Hace seis meses, el Congreso creó una subcomisión para analizar si altos cargos de Agricultura se habían beneficiado del cobro de subvenciones de la Unión Europea al cultivo del lino. El portavoz gubernamental, Josep Piqué, fue acusado de condonar, como ministro de Industria, un crédito de 8.500 millones a Ercros, de la que fue directivo, y reconoció que "optimizaba" el pago de sus impuestos a través de una sociedad patrimonial.