| La integración,
principio básico
La nueva Ley de Extranjería garantiza multitud
de derechos a todos los inmigrantes
CARLOS E.CUÉ, Madrid
La nueva Ley de Extranjería cambia de forma radical la filosofía
de la anterior, que se basaba en conceder derechos a los extranjeros residentes
legalmente en España y olvidar a los demás. El propio título
de la reforma habla de la "integración social" de esas personas.
Para conseguirlo la norma aprobada ayer distingue entre los inmigrantes
residentes -aquéllos que se hallan en la legalidad- y los que "se
encuentran en España" -los otros-, independientemente de su situación
legal y laboral. Así, la mayoría de los derechos incluyen
a los dos grupos.
Como declaración de intenciones, el primer artículo del
Título Primero reza: "Los extranjeros gozarán en España,
en igualdad de condiciones que los españoles, de los derechos y
libertades reconocidos en el Título I de la Constitución".
Y esto incluye, claro, a los irregulares. Los puntos que desarrollan esta
idea son los siguientes:
Residencia. La clave para cualquier extranjero. Una vez que se obtiene,
llega la tranquilidad, la posibilidad de trabajar y de tener acceso a todo
el sistema de funcionamiento de la sociedad. La nueva ley facilita mucho
su obtención a aquéllos que hayan entrado de forma irregular
en España. El modo más sencillo: demostrar que han estado
al menos dos años ininterrumpidos residiendo en el país,
de la manera que sea, y que tienen medios para atender a su subsistencia.
Es la llamada "regularización automática". A partir de ahí
tendrán cinco años de residencia temporal, que luego se podrá
transformar en permanente. El PP y CiU habían pactado en el Senado
que fuera necesario haber obtenido un permiso temporal, lo que excluía
a los irregulares. Al aprobarse el texto consensuado en el Congreso, no
lo será. Habrá una regularización masiva para todos
los que demuestren haber llegado a España antes del 1 de junio de
1999, pero siempre que ya hayan solicitado un permiso de residencia o de
trabajo.
Trabajo. La ley no incluye sustanciales novedades en cuanto a la
obtención del permiso de trabajo, aunque queda desvinculada, al
menos formalmente, de la residencia. Sigue vigente el sistema del contingente
que establece cada año el Ministerio de Trabajo. Se incluye un apartado
especial para los temporeros. Se pretende con ello que los inmigrantes,
especialmente los que se dedican a la agricultura, puedan trabajar unos
meses en España y volver a su país de manera legal. El PP
quería que fueran los empresarios, y no la Administración,
los que velaran por la "dignidad" de estos trabajadores. También
se reconoce el derecho de sindicación y huelga de los trabajadores
extranjeros. Además, podrán tener acceso como personal laboral
a las Administraciones Públicas, por lo que pueden presentarse a
las oposiciones que se convoquen.
Sanidad. Todos los inmigrantes tendrán derecho a la atención
sanitaria de urgencia, cualquiera que sea la causa. Los que estén
inscritos en un padrón municipal podrán recibir todo tipo
de asistencia en las mismas condiciones que los españoles. Los menores
y las embarazadas, sólo por encontrarse en España, deberán
ser atendidos plenamente.
Seguridad Social y servicios. Los servicios sociales básicos
quedan garantizados para todos. A cambio de ello, los inmigrantes están
sujetos al mismo régimen impositivo que los españoles. Los
residentes tendrán derecho a todas las prestaciones sociales y los
servicios de la Seguridad Social. Dentro de ellos se incluyen las ayudas
para comprar una vivienda. El Gobierno deberá facilitar que los
extranjeros puedan mandar los ahorros a sus familias.
Educación. Totalmente garantizada. Sea cual sea la situación
del inmigrante, tiene derecho a la educación tanto básica
como superior. El PP quería que esto sólo fuera válido
para los residentes. También pueden obtener, igual que los españoles,
las ayudas y las becas que correspondan. En el caso de los residentes,
además, podrán ser profesores o investigadores.
Votar en las elecciones municipales. Esta parte está prevista
sólo para los residentes. Los que no puedan hacerlo, dice la ley,
podrán elegir a sus propios representantes "con la finalidad de
tomar parte en los debates y decisiones municipales que les conciernen".
Además, el Gobierno queda obligado a facilitar que los extranjeros
puedan participar en los procesos electorales de sus respectivos países.
El PP quería establecer un mecanismo de reciprocidad con esos países.
Reagrupación familiar. Otro de los elementos clave para los
inmigrantes, que suelen llegar solos y quieren traerse después a
sus familias. Los residentes podrán traer a su cónyuge, a
sus hijos menores de 18 años y a los ascendientes si prueban que
dependen económicamente de él. Todos ellos obtendrán
la residencia temporal. El PP pretendía que no fuera un derecho,
sino una potestad de la Administración.
Menores. Si la policía localiza a un menor indocumentado,
deberá ponerlo en conocimiento de los tribunales tutelares de menores.
Si se comprueba que está desamparado, las autoridades se harán
cargo de él y, a instancias del organismo que lo tutele, se le concederá
un permiso de residencia válido desde el día en que fue puesto
a disposición del servicio de protección de menores.
Visados. No se establecen nuevas exenciones, por lo que seguirá
siendo bastante complicado entrar en España. La novedad más
importante está en que su denegación deberá ser motivada,
al contrario de lo que quería el PP. La Administración deberá
además indicar los recursos que se pueden entablar contra esa resolución.
El proceso de la denegación deberá tener una duración
máxima de tres meses. Sólo en condiciones excepcionales de
algunos países se podrán denegar los visados sin establecer
los motivos para esa decisión.
Expulsión. Sigue siendo motivo de expulsión la entrada
en patera o cualquier otro medio ilícito. Será por un periodo
mínimo de tres años y máximo de diez. El extranjero
que, después de entrar ilegalmente, colabore con la policía
para la detención de las mafias que organizan esos viajes clandestinos
conseguirá evitar que le expulsen, pero siempre que demuestre que,
a su vez, ha sido víctima de tales mafias. El PP quería facilitar
la expulsión en línea con la ley de 1985.
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