Jueves
9 diciembre
1999 - Nº 1315
Las 112 enmiendas populares dan la vuelta a la Ley de Extranjería consensuada en el Congreso
MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
El PP pretende dar en el Senado un vuelco al texto de la Ley de
Extranjería aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados.
Los populares han presentado 112 enmiendas con las que tratan de modificar
51 de los 63 artículos del proyecto de ley así como cinco
de las catorce disposiciones, e introducen cinco artículos y dos
disposiciones nuevas. El Grupo Popular ha asumido los planteamientos del
Ministerio del Interior y quiere que los derechos reconocidos a los inmigrantes
sin papeles se limiten a la educación obligatoria y la sanidad.
Mientras que el texto aprobado en el Congreso el pasado 25 de noviembre
consideraba la reagrupación familiar un derecho, el Partido Popular
habla ahora del "derecho a solicitar la reagrupación". El portavoz
de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en
España, Mustapha el M'Rabet, afirmó ayer que "el Gobierno
nunca ha tenido voluntad política de sacar adelante esta Ley de
Extranjería".
el paquete de enmiendas del PP a la Ley de Extranjería (M. Gener). |
Pero, sobre todo, cambia radicalmente su filosofía: el texto
consensuado tras 18 meses de debate en el Congreso avanzaba hacia la equiparación
de derechos entre españoles y extranjeros, al margen de su situación
legal. Las propuestas del PP, que constituyen una enmienda a la totalidad
en forma de cambios parciales, niegan a los sin papeles casi todos
los derechos y convierten a los extranjeros con residencia legal en ciudadanos
de segunda, con derechos disminuidos respecto a los españoles. El
margen de discrecionalidad de la Administración, que el texto del
Congreso recortaba drásticamente, se ensancha al dar carácter
"potestativo" a muchas decisiones que afectan a la vida de los inmigrantes.
Modificaciones máximas
Consciente del calado de estos cambios, el portavoz popular en el Senado,
Esteban González Pons, aseguró que se trata de las "modificaciones
máximas" a las que aspira el PP, pero se mostró dispuesto
a negociarlas para conseguir el mayor consenso posible.
Los puntos que más preocupan al Gobierno del texto aprobado por
el Congreso los redujo a tres: la difuminación de las diferencias
entre los inmigrantes legales y los ilegales, que a su juicio puede provocar
un efecto llamada; la necesidad de justificar la denegación
de visados, que en su opinión generaría la judicialización
del asunto y la pérdida del control de los flujos migratorios por
parte del Estado; y la instauración de un mecanismo de regularización
permanente que permite acceder a la residencia legal cumpliendo requisitos
"fácilmente manipulables" y permite la actuación de las mafias,
según el PP.
Para demostrar su voluntad de diálogo, Gónzález
Pons anunció que en la reunión que ayer celebró la
ponencia no se iban a incorporar las enmiendas del PP, sino que se daría
luz verde al texto del Congreso para enmendarlo en la reunión que
celebra mañana la Comisión Constitucional.
Los representantes de la oposición difícilmente hubieran
podido aprobar ayer las enmiendas del PP, pues ni siquiera habían
tenido oportunidad de leerlas. Las 112 enmiendas entraron en el registro
a las 23,45 del miércoles, quince minutos antes de concluir el plazo,
y se distribuyeron a primera hora de la mañana.
El portavoz socialista, Juan José Laborda, calificó esta
actitud de "atropello" y aseguró que su grupo ni siquiera aceptará
mejoras técnicas del texto para no legitimar lo que a su juicio
constituye un "radical empeoramiento".
Laborda dijo que las enmiendas del PP a la Ley de Extranjería
son "de alambrada", en alusión a la valla que rodea Ceuta y Melilla,
y atribuyó su autoría al Ministerio del Interior.
"Si fuera posible, pediríamos al ministro Jaime Mayor Oreja que
viniera al Senado para explicarnos las enmiendas, ya que los ponentes del
PP ni las han hecho ni las conocen", argumentó.
González Pons demostró el martes por la tarde su desconocimiento
de las enmiendas que firmó poco después. EL PAÍS le
preguntó pasadas las 19 horas por qué quería su grupo
incluir una reforma de la ley de Asilo y Refugio, a lo que respondió
que no había visto hasta entonces ninguna enmienda sobre ese asunto.
La enmienda existe, tiene el número 109, ocupa tres folios y se
justifica por la necesidad de aplicar el Convenio de Dublín.
El subsecretario de Interior, Leopoldo Calvo-Sotelo, acudió el
martes por la tarde al Senado para supervisar las enmiendas. Un portavoz
del PP aseguró, para minimizar su presencia, que también
habían asistido altos cargos de Asuntos Exteriores, Trabajo y Economía,
pero no quiso revelar quiénes eran.
Ausencia de PNV y CiU
A la reunión de la ponencia de ayer faltaron los representantes
del PNV y de CiU, aunque el PP excusó la anunciada ausencia de este
último apelando a la niebla. El portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti,
dejó claro que votará contra las enmiendas del PP cuando
el texto vuelva al Congreso.
Más conciliador se mostró el portavoz de CiU, Josep López
de Lerma, quien manifestó a Efe que "en este momento" no puede apoyar
los cambios propuestos por el PP, pero que el Gobierno "se ha acercado"
a sus tesis.
López de Lerma se reunirá hoy con el vicepresidente Francisco
Álvarez Cascos y el portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes,
para intentar cerrar un acuerdo que debe plasmarse mañana en la
comisión y la semana próxima en el pleno del Senado. El presidente
catalán, Jordi Pujol habló el martes en tres ocasiones por
teléfono con José María Aznar desde Nueva Delhi (India)
sobre la reforma de la ley de Extranjería, informa Josep Garriga.
El apoyo de CiU y Coalición Canaria es imprescindible para que
el Gobierno saque adelante sus propuestas, pues si no obtiene mayoría
absoluta en el pleno del Congreso del próximo día 23 entrará
en vigor sin modificaciones el texto que aprobó la Cámara
baja el 25 de noviembre.
Coalición Canaria ha presentado una enmienda, para que se cree
una comisión con la comunidad autónoma que estudie previamente
las medidas sobre inmigración que afecten al archipiélago.
Su portavoz en el Senado, Victoriano Ríos, ha advertido sin embargo
que no cambiará esta enmienda por su apoyo a las propuestas del
PP. Entre otras razones porque, al contrario que con CiU, el Gobierno no
ha tenido la deferencia de dárselas a conocer.
Además del derecho de los indocumentados a la sanidad y la educación -aunque sólo la obligatoria, pues la superior y el acceso a las becas se limita a los legales- el PP sólo ha respetado dos apartados importantes del texto del Congreso: las medidas antidiscriminatorias y las de persecución de las mafias; incluida la posibilidad de quedarse en España para los irregulares que denuncien a quienes trafican con ellos.
Tampere sólo recomienda "aproximar" las leyes de la UE para extranjeros
EL PAÍS, Madrid
El PP y el Gobierno han invocado hasta la saciedad las conclusiones
de la cumbre europea de Tampere (Finlandia) para rebajar el contenido de
la Ley de Extranjería. El argumento esgrimido es que, a la vista
de lo acordado en el Consejo Europeo de los días 15 y el 16 de octubre,
España no puede elaborar "una política de extranjería
autónoma". Pero Tampere sólo contiene recomendaciones generales
para "desarrollar políticas comunes en materia de asilo e inmigración"
y para "aproximar las legislaciones nacionales" sobre admisión y
residencia de inmigrantes.
La elaboración de una política de asilo y migración
común debe basarse, según el texto de Tampere, en la colaboración
con los países de origen de los inmigrantes, la creación
de un sistema común de asilo, la concesión de un "trato justo"
a los nacionales de terceros países y la gestión "eficaz"
de los flujos migratorios. Con esta base, la presidencia finlandesa de
la UE invitó a los Estados miembros, "en el marco de sus respectivas
competencias (...), a imprimir una mayor coherencia a las políticas
interiores y exteriores de la Unión".
Aspectos globales
Es decir, que Tampere sólo recoge "aspectos globales" que no
impiden que "cada país siga haciendo su política de Interior
de forma soberana", como ha subrayado el portavoz del comisario de Interior
y Justicia de la UE. El texto de Tampere parte del desafío de garantizar
las libertades de los ciudadanos de la UE; unas libertades que, se dice,
"no deberían considerarse dominio exclusivo de los ciudadanos de
la Unión".
"Sería además contrario a las tradiciones europeas", dice
en la conclusión tercera, "negar esta libertad a aquellas personas
a las que sus circunstancias conducen justificadamente a tratar de acceder
a nuestro territorio". Por ello la Unión "ha de desarrollar políticas
comunes en materia de asilo e inmigración", que ha de compaginarse
con "un control coherente de las fronteras".
El texto subraya que estos objetivos deben ser compatibles con "un planteamiento común que garantice la integración" de los inmigrantes que "residen legalmente" en la UE. Y así insiste en la necesidad de conceder a los inmigrantes -"que residen legalmente", se machaca- "derechos y obligaciones comparables" a los de los europeos y de fomentar "la ausencia de discriminación en la vida económica, social y cultural" de los no comunitarios.