El País Digital
Miércoles 
8 marzo 
2000 - Nº 1405

 

ESPAÑA
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LA DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES

Las mujeres acceden al trabajo, pero siguen lejos del poder 

Los partidos coinciden en sus propuestas para poner fin a la violencia doméstica y discrepan sobre cuotas políticas y el aborto 


Ningún partido discute el derecho al empleo, ni la lucha contra la violencia doméstica. Los intereses de las 17.035.036 electoras españolas se recogen en los programas de las formaciones políticas que concurren a las elecciones del 12-M. Estos dos puntos son comunes. Después, los intereses se concretan: PSOE e IU prometen ampliar la Ley del Aborto e incluir cuotas femeninas en las candidaturas; socialistas y catalanes anuncian pensiones para el ama de casa; el PP anima a las familias numerosas, e Izquierda Unida demanda un Ministerio de la Mujer que vigile con mano férrea las actuales desigualdades sexistas.
Gráfico: 
'Presencia de la mujer'

Gráfico: 'Los partidos'

JOAQUINA PRADES, Madrid 
Son 20,4 millones, el 51% de la población española. Sólo la tercera parte de las mujeres trabaja fuera de casa. De ellas, el 30% cobra menos que los hombres por el mismo trabajo y únicamente el 11% ocupa puestos de responsabilidad. Las mujeres representan también el 52% del censo electoral, pero las parlamentarias apenas sobrepasan el 19%. Los partidos no escatiman promesas para combatir estas desigualdades en sus programas. Todos están de acuerdo en impulsar el acceso de la mujer al mundo del trabajo y en luchar contra la violencia doméstica. Las divergencias -y las rebajas- comienzan con el reparto de poder.
 
 

En el ámbito laboral, sólo Izquierda Unida (IU) propone medidas concretas para luchar contra la misoginia de los jefes. En el político, IU y el PSOE son las únicas formaciones que incluyen la paridad en las listas electorales, aunque después tampoco la cumplen: prometen el 40% y dan el 33%. El doble, en cualquier caso, que el resto de los partidos parlamentarios.
 
 

El PP se opone frontalmente a la discriminación positiva y plantea un discurso de incremento del poder de las mujeres basado exclusivamente "en la capacidad y el mérito", una capacidad y un mérito que, como lamentan las defensoras de las cuotas, nadie se plantea a la hora de repartir el poder entre los hombres. Los nacionalistas se muestran ambiguos en este terreno: no lo mencionan en sus programas y menos aún lo llevan a la práctica. Sin embargo, sus responsables del área de la mujer apoyan las cuotas, un sistema del que el candidato socialista a la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, se ha convertido en abanderado al anunciar que la mitad de las carteras de su próximo Gobierno estarán en manos de consejeras.
 
 

En las ofertas de creación de empleo el consenso es mayor. Abarca desde los incentivos a la maternidad, especialmente defendidos por el PP y compartidos mayoritariamente por el PSOE, hasta la aplicación de medidas disuasorias a las empresas con prejuicios ante la contratación femenina. Izquierda Unida propone, por ejemplo, anular los contratos entre la Administración y las empresas privadas que no apliquen criterios de igualdad en sus plantillas, en tanto Convergència i Unió promete una mayor inspección laboral en este sentido.
 
 

Los partidos, sin excepciones, hablan de propiciar el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad, aunque sólo Izquierda Unida lo concreta hasta la obligatoriedad de nombrar más jefas incluso en el sector privado.
 
 

El PP presenta como baza electoral el empleo creado durante los últimos cuatro años: 145.269 mujeres firmaron contratos indefinidos en 1996; 486.205 lo han hecho durante 1999. En condiciones de contratación más precaria, se han creado 350.000 nuevos empleos. La candidata del PP a la Junta de Andalucía, Teófila Martínez, se ha comprometido además a crear 300.000 puestos de trabajo en los próximos cuatro años, de los cuales, asegura, 200.000 serán para mujeres. El PSOE y CiU no concretan tanto, pero incluyen en sus programas una propuesta que probablemente resultará polémica: la pensión de jubilación para las amas de casa, un planteamiento sobre el que el movimiento feminista se encuentra dividido. Los socialistas admiten que se trata de una propuesta largamente debatida en el seno del partido, finalmente asumida en el programa electoral. Afectará a todas las amas de casa por igual, independientemente de la situación económica de los maridos, y requerirá una cotización previa a la Seguridad Social de 15 años.
 
 

La lucha contra la violencia doméstica sí aúna voluntades. Todos avalan la creación de un organismo que aglutine las mil facetas de un problema que comienza en la escuela y suele acabar en la cárcel, el hospital o el cementerio. Intensas campañas de prevención y persecución del delito son propuestas comunes para paliar un problema denunciado en 1999 por 21.778 mujeres y padecido de puertas adentro por otras 100.000, según estimaciones oficiales.
 
 

En el aborto, las diferencias son más acusadas. El PP no quiere ni oír hablar del asunto, los nacionalistas tampoco lo mencionan en sus programas, y el PSOE e IU plantean diferentes alternativas para ampliar la ley de interrupción voluntaria del embarazo: nada concreto los socialistas; ley de plazos -la actual se basa en causas- para IU.
 
 

Los varones del PNV, que hasta el pasado enero no admitieron la presencia de una mujer en su ejecutiva, parecen remisos a la hora de compartir su contribución a la actual desigualdad, una situación de la que responsabilizan directamente a las mujeres. El programa de los nacionalistas vascos habla de superar "la autoeliminación que las mujeres realizan de sus propias capacidades y potencialidades, así como su autodiscriminación por tipos de estudios o carrera elegida".
 
 

Derechos y "ternura"
 
 

Por lo demás, todos los partidos coinciden a la hora de continuar atribuyendo a la mujer el papel extralaboral de educadora y enfermera. Así, propuestas que afectan igualmente a los hombres, como el cuidado de los niños, enfermos o minusválidos, son incluidos sistemáticamente en los apartados de la mujer, en los que prometen más facilidades para que siga desempeñando este tipo de tareas.
 
 

Tan asumidos parecen estar los tópicos entre los políticos que para Coalición Canaria la igualdad significará que las mujeres obtendrán "derechos" y los hombres "el cultivo de valores humanos como la ternura, los sentimientos y el cuidado a los demás". 

LAS AFECTADAS

María Ángeles Durán: "Hacen falta líderes y mucha paciencia" 

"Mucha paciencia y buenos líderes". Es la receta que la socióloga e investigadora del CSIC María Ángeles Durán ofrece mientras llega el cambio cultural que, en su opinión, hará posible la auténtica igualdad de oportunidades entre los sexos.
 
 

Durán, que lleva años cuantificando el coste de las tareas de educadoras, enfermeras y cuidadoras de ancianos que desempeñan las mujeres dentro de casa, piensa que cambiar las leyes es bueno, pero transformar las mentalidades es mejor. Ella aboga por la unidad interpartidaria de las mujeres: "Sería la mejor defensa de nuestros intereses, aunque sé que es poco viable".
 
 

Esta catedrática sí cree útil que los partidos atajen el problema de la desigualdad desde su raíz. Y aporta una idea: excluir de los Presupuestos Generales a las instituciones que no respetan la igualdad contemplada en la Constitución. "Quedarían fuera más de las que la gente imagina", asegura.
 
 

Ángeles Ruiz-Tagle: "No queremos favores; queremos igualdad"
 
 

En la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres no quieren parches, sino una nueva legislación que haga posible una nueva sociedad. "No nos valen las ayudas para educar a los hijos o los permisos laborales para cuidar enfermos. Queremos compartir esas tareas con los hombres". Por eso rechazan la Ley de Conciliación que ha aprobado el PP. "Apuntala todo lo que rechazamos. No queremos favores; queremos igualdad", dice su portavoz, María Ángeles Ruiz-Tagle.
 
 

Esta ONG, creada en España en 1993 con 23 federaciones de mujeres, tiene su equivalente en los países de la UE, ya que es la Comisión Europea quien las financia.
 
 

El objetivo es compartir con los hombres el poder, el empleo y las tareas sociales. Para ello es necesario un cambio profundo en las leyes, que a su vez cambien las mentalidades. Lo único, opinan, que cambiará la sociedad.
 
 

Isabel Ávila: "Sólo se cuestiona la injusticia con la mujer"
 
 

Para Isabel Ávila, presidenta de la Confederación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, no existen dudas: "Las mujeres que trabajan sólo en el hogar ahorran mucho dinero al Estado. Por lo tanto, merecen pensión".
 
 

Esta retribución sólo la recogen los programas del PSOE y CiU. Afectaría a los 5.200.000 mujeres que reconocen dedicarse a sus labores -"muchas no lo admiten porque les da vergüenza; prefieren decir que son paradas"-, independientemente del nivel de ingresos del marido o de su falta de voluntad para acceder a un empleo remunerado.
 
 

"Sólo se cuestiona la injusticia cuando se trata de las mujeres", lamenta Ávila. "Nadie protesta porque dos empleados cobren lo mismo aunque uno trabaje de verdad y otro sea un profesional del escaqueo; tampoco cuestiona nadie que Mario Conde tiene el mismo derecho al paro que el último currito". 

LA EXPERTA

Falta igualdad

VICTORIA CAMPS 

Ya nadie discute que el siglo XX ha sido el siglo del reconocimiento de la mujer. El salto dado desde que la mujer empezó a tener acceso al voto, a la educación y al mercado de trabajo ha sido inmenso. Basta comparar lo que hacen y piensan las niñas y jóvenes de hoy con respecto a lo que hacían y pensaban sus madres y abuelas. Una niña de mi generación que se viera a sí misma como futura médica, ingeniera o jueza era un espécimen más bien extravagante. Ahora ocurre lo contrario: lo raro es que una joven se piense como madre o señora de su casa antes que muchas otras cosas. Y aunque la disposición del hombre a igualarse al otro sexo deje aún bastante que desear, es innegable que la fuerza de las féminas también los arrastra a ellos y que ya no todo les está permitido.
 
 

El peligro es la complacencia. O la falta de memoria. O la ceguera para ver un poco más allá del pequeño mundo en el que una se mueve. El peligro es no percibir que sigue faltando igualdad, a pesar de todos los cambios y los progresos evidentes. Sigue faltando, sobre todo, esa igualdad aparentemente menor y cotidiana sin la que no hay auténtica libertad, por mucho que los obstáculos formales hayan desaparecido. Que las jóvenes llenen las universidades, que haya tantas mujeres como hombres en muchas profesiones tradicionalmente masculinas, que las niñas obtengan mejores notas que los niños y tengan una clara vocación profesional, no quiere decir que todo esté conseguido ni que la igualdad de oportunidades sea un hecho.
 
 

Hace ya unos años que las feministas le dan vueltas a un eslogan que lo resume todo: "Lo privado es político". Mientras el mundo privado siga siendo el predio exclusivo de las mujeres, porque los hombres no lo quieren como propio, y carezca, por tanto, de reconocimiento social, la igualdad de oportunidades será sólo un remiendo expuesto a desgarrarse al menor tirón. Que el paro afecta más a las mujeres que a los hombres, o que los salarios de ellas no acaban de ser como los de ellos, son sólo ejemplos de que la igualdad es más aparente que real. Lo que ocurra en la vida privada repercute en la vida pública, a saber: las mujeres dejan de tener hijos para no verse excluidas del mercado laboral, las mujeres no acceden a cargos de responsabilidad porque tienen que cargar con el doble trabajo laboral y doméstico, los malos tratos a mujeres son la noticia del día porque la mujer sigue estando violentamente subordinada y dominada, hay pocas mujeres en los Parlamentos porque los dirigentes de los partidos no piensan en ellas cuando confeccionan las listas de candidatos. Las costumbres pueden más que las leyes, y siguen invariables.
 
 

Lo que queda por hacer es cambiar esas costumbres para que el reconocimiento de la igualdad sea satisfactorio. Conseguir que el trabajo oculto, que siempre ha sido cosa de mujeres, deje de serlo. Darse cuenta de que ese trabajo es socialmente tan importante, necesario y rentable como el que se paga con un sueldo. Las formas de vida y las actitudes no se transforman si nadie se propone transformarlas. Los partidos políticos tienen ahí un filón de posibles propuestas si saben enfrentarse a la situación con imaginación y ganas de mejorarla.


Victoria Camps es catedrática de Ética de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

EN OTROS PAÍSES

Sólo el norte de Europa aplica la paridad en sus parlamentos 

Hay 190 parlamentos en todo el mundo. Sin embargo, sólo el 13% de los escaños corresponde a las mujeres. Los países de la Unión Europea se sitúan a la cabeza de la representación política femenina, y, de éstos, únicamente los del norte, especialmente Suecia, Dinamarca y Finlandia, mantienen una cierta paridad en las instituciones públicas.
 
 

En estos países, las mujeres han logrado que los partidos o las legislaciones incluyan el sistema de cuotas en las candidaturas electorales. Sólo así, opinan sus partidarios, se avanza significativamente hacia la igualdad. De otro modo, el proceso resultaría innecesariamente largo e injusto. Esta reflexión llevó a los políticos nórdicos, de forma voluntaria, a incluir en las candidaturas las cuotas paritarias, al igual que han hecho en España el PSOE e Izquierda Unida de manera explícita, y más veladamente el PNV. "Se tenderá a la paridad" es el máximo compromiso estatutario de los nacionalistas vascos.
 
 

A los nórdicos les siguen en representación femenina Finlandia, Noruega y los Países Bajos, que sobrepasan el 35%. En Francia, la Asamblea Nacional impuso por ley, a finales de enero pasado, las cuotas obligatorias del 50%. Fue una medida que contó con un amplio consenso entre los partidos, y que precisó la reforma previa de la Constitución. También tienen cupos obligatorios Argentina, Brasil, Nepal, Filipinas y Corea.
 
 
 

  • En España, donde la representación parlamentaria femenina es del 18%, socialistas e Izquierda Unida opinan que no es necesario modificar la Carta Magna para implantar la igualdad por ley. Bastaría, según informes de constitucionalistas encargados por el PSOE, con añadir a la Ley Electoral un artículo según el cual la Junta Electoral rechazaría las candidaturas que no reflejaran una paridad mínima del 40%. 
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