EL PAÍS, Vitoria
La Declaración de Lizarra, suscrita por el PNV, Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna, Izquierda Unida del País Vasco, los sindicatos ELA y LAB y otros colectivos sociales, se ha convertido para la comunidad nacionalista en la nueva pauta para tratar de resolver el "conflicto vasco", entendido éste en un sentido más amplio que el problema de la violencia de ETA. El hecho de que el documento haya sido gestado por el llamado Foro de Irlanda, promovido por HB, anuncia ya el modelo en el que se inspira y su orientación. En la práctica, la declaración del 12 de septiembre remueve los cimientos del Pacto de Ajuria Enea, firmado 10 años antes, el 12 de enero de 1988, por los partidos democráticos representados en el Parlamento vasco, con la excepción de HB. Y no sólo porque incorpora a la coalición independentista sin haber conseguido previamente que se distancie o repudie la práctica de la violencia, al tiempo que quedan fuera las fuerzas no nacionalistas (Partido Popular, Partido Socialista de Euskadi y Unidad Alavesa). La diferencia, sobre todo, radica en la caracterización política que se hace del "contencioso" y en la fórmula que se establece para su resolución final.

En la Declaración de Lizarra, los firmantes han fundido los postulados expresados por ETA en su llamada "Alternativa Democrática" de 1995 y los contenidos en el "plan de Ardanza", la propuesta apadrinada por el lehendakari para desarrollar el punto 10 del Pacto (el referido a una salida dialogada a la violencia) y sacar a la Mesa de Ajuria Enea del marasmo en que se encontraba por las divergencias entre los partidos nacionalistas y los no nacionalistas. El plan encalló en marzo por el rechazo del PP.

En el proceso, la evolución es significativa. Tanto el pacto de Ajuria Enea con el "plan Ardanza" exigía a ETA un cese indefinido para iniciar el diálogo. La Declaración de Lizarrra se limita a dar por hecho que el diálogo resolutivo se produciría, en condicional, "sin expresiones de violencia". Y aunque se proclama un compromiso con la paz, tampoco se define como una exigencia que vincule a los terroristas. Hasta ahora, había consenso entre los partidos democráticos en no aceptar a ETA como interlocutor válido para discutir cuestiones políticas, mientras que la Declaración de Lizarra "no excluye a nadie".

La coincidencia de circunstancias como el acuerdo de paz en Irlanda del Norte y ciertos atisbos de cambio en HB amplificados por el nacionalismo democrático han creado la expectativa de que cabe una solución dialogada para el terrorismo de ETA.

No obstante, en lo que se refiere a la clarificación de conceptos respecto al "contencioso vasco" y al acuerdo básico de los partidos democráticos sobre la naturaleza de la violencia y su posible salida, se ha producido una regresión de al menos 10 años: a los tiempos de confusión previos al Pacto de Ajuria Enea.

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