La euforia ha durado poco. Los indicios sobre el parón brusco del cine español se multiplican ahora, amenazando abocar a una profunda crisis. La causa inmediata parece evidente: la ausencia de inversión de las televisiones abiertas en la producción de las películas españolas -con un frenazo especialmente brusco de TVE- priva a éstas de una parte imprescindible de su financiación y desequilibra toda la economía del cine español. La continuada bulimia cinematográfica de nuestras televisiones, entre 10.000 y 11.000 emisiones de filmes cada año, se compagina así, paradójicamente, con unos derechos de antena miserables y una escasísima inversión, nueve veces menor de lo que paga por derechos deportivos.

Podría alegarse, efectivamente, que no hay nada nuevo bajo el sol. La crisis se ha convertido desde hace décadas en el medio ambiente natural del cine español por razones transparentes: una ayuda estatal sometida a la ducha escocesa de bruscos y periódicos cambios de filosofía (1977, 1979, 1983, 1994, 1997), unas subvenciones en descenso real permanente, el deslizamiento hacia visiones cada vez más mercantiles. Los efectos del último decreto, especialmente del mecanismo de la «tercera vía», muestran ya que esa visión puramente competitiva castiga a las productoras pequeñas y medianas, y hace muy difícil la lucha desigual con el cine estadounidense. Además se suma un tratamiento fiscal injusto que castiga las inversiones en un sector capital de nuestra cultura, y en donde las promesas del Gobierno no han tenido concreción práctica.

La tercera pata fundamental de esa crisis, en el pasado como en el presente, es una televisión históricamente vuelta de espaldas al cine español. TVE mantuvo, sólo al calor de los acuerdos suscritos desde 1983 con los productores, un papel relativamente importante en la financiación del cine español. Con baches profundos en medio de una crisis económica ininterrumpida desde 1990, su peso en las inversiones ha ido descendiendo sin comparación con las otras grandes cadenas públicas europeas. Por ejemplo, sus inversiones en este campo en 1997 han permanecido por debajo de los 2.000 millones de pesetas, diez veces menos de lo que dedicó a la compra de productos extranjeros, fundamentalmente norteamericanos. Ahora ha frenado toda inversión, en una política incompatible con sus funciones de servicio público y con sus compromisos, que ni siquiera puede entenderse en su discutible estrategia en la televisión de pago.

Las televisiones autonómicas no han jugado un papel más airoso. Y a pesar de las abundantes subvenciones estatales recibidas cada año, no han sabido ni querido legitimar por esta vía sus funciones de servicio público, ostentando incluso muchas de ellas, como mostró la FAPAE en 1996, cuotas ridículas de emisión del cine español. En cuanto a los canales privados, con la única excepción de Canal +, que supo ver el valor estratégico del cine español para su clientela, su presencia en la producción de películas españolas ha sido insignificante, cuando no inexistente. Sin obligaciones legales específicas tras la desgraciada eliminación de las cuotas de largometraje en la plasmación española de la directiva de televisión sin fronteras de 1994, en un ambiente general de pérdidas reales y de desequilibrios económicos, sin incentivos fiscales ni económicos, los canales privados abiertos se han limitado estos años a seguir la vía fácil de la ficción televisiva ligera, cada vez más rentable en términos de audiencia.

El entusiasmo reinante en este último campo debe ser también atemperado seriamente, a pesar de que mueva ya el doble de inversiones nuevas que la industria cinematográfica. Resulta altamente sospechoso que en el ranking de productoras privadas para televisión raramente figuren productoras cinematográficas conocidas. Y esta radical separación de la industria televisiva respecto de la cinematografía tiene serias consecuencias: debilidad industrial de ambos tipos de empresa, ausencia de sinergías entre ambas clases de ficción, inexistencia de producción de TV movies... La actual saturación de telecomedias españolas en televisión amenaza con demostrar, cuando se agote esta mina de oro, que la industria audiovisual independiente tiene también los pies de barro.

Urge, pues, un nuevo plan de medidas urgentes de apoyo a nuestra cinematografía y nuestra producción audiovisual en todos los frentes. Junto a compromisos fehacientes de Televisión Española y de los canales autonómicos habría que crear un marco generoso de incentivos fiscales a la inversión, capaz de motivar también a los canales privados. Y la Administración debería negociar asimismo con los productores retoques sustanciales a las vías de ayuda estatal, con incrementos de las subvenciones, que tuvieran más en cuenta a las pequeñas y medianas productoras, a los nuevos realizadores y a la especial calidad de algunos filmes. Un plan global para un audiovisual integrado; sin el cual los parches puntuales serían inútiles.

Reconciliar la cultura y la economía en este campo no es tan difícil. En grandes países europeos como Francia o Alemania hace tiempo que, desde ambas perspectivas, se considera a la producción cinematográfica y audiovisual un tema de Estado, tan defendido por la izquierda como por la derecha. Y la Unión Europea la calificó oficialmente desde 1994 como «industria estratégica». La España europea no debería seguir siendo diferente en este punto.

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