La Generalitat y los partidos catalanes rechazan hacer cambios en la ley lingüística

EL PAÍS, Barcelona
La Generalitat y todos los partidos catalanes, excepto el PP, rechazan de plano la sugerencia del Defensor del Pueblo de modificar la ley del catalán. El PP, que en su día votó contra la ley, no rechaza esa recomendación, pero descarta "por el momento" pedir un cambio de la norma porque considera ocioso volver a estrellarse contra la amplia mayoría parlamentaria que la apoyó. Sí se propone, no obstante, reabrir el debate sobre la lengua en el Parlament. Los más radicales opositores a la ley del catalán, capitaneados por el senador del PP Aleix Vidal-Quadras, acusaron al Defensor del Pueblo de haber sucumbido a "presiones" de los nacionalistas, los socialistas e incluso del Gobierno del PP.

El conservador Aleix Vidal-Quadras y el socialista Julio Villacorta (sentado), ayer en Barcelona (J.Guerrero).

El consejero de Cultura de la Generalitat, Joan Maria Pujals, fue taxativo al afirmar que el Gobierno catalán no propondrá ninguna modificación de la ley de Política Lingüística "porque el propio Defensor del Pueblo encuentra plenamente constitucionales todos sus artículos". Pujals añadió que estudiará las recomendaciones del Defensor y las tendrá en cuenta a la hora de aplicar la ley "con la finalidad de que sean respetados los derechos lingüísticos de los ciudadanos".

Pujals restó importancia a la recomendación del Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, de modificar la ley. El consejero manifestó que dichas recomendaciones son más propias de "una sospecha" que de "una constatación".

Todos los partidos parlamentarios catalanes, menos el PP, comparten el criterio de la Generalitat de no impulsar ninguna modificación habida cuenta de que el propio Defensor no ha encontrado motivos para recurrir contra esa normativa ante el Constitucional.

El líder del PP catalán, Alberto Fernández Díaz, consideró que las recomendaciones del Defensor dan la razón al PP, que en su día votó en contra de la ley del catalán. Fernández precisó, no obstante, que el PP no pedirá ninguna modificación de la ley porque está convencido de que ésta no prosperaría sin el apoyo de CiU o del PSC.

El dirigente conservador pidió a los socialistas catalanes que rectifiquen su apoyo a la política lingüística de CiU y apoyen la cooficialidad "en igualdad de condiciones" entre castellano y catalán. Sólo si los socialistas hiciesen esta rectificación, el PP solicitaría en el Parlament una modificación de la norma actual, anunció.

Lo que sí harán los diputados conservadores es proponer a la Cámara catalana una proposición que instará a la Administración pública a dirigirse a los ciudadanos catalanes en las dos lenguas oficiales, sin ninguna preferencia y sin necesidad de que exista una petición expresa por parte de los ciudadanos para recibir la comunicación en una de ellas.

Críticas al Defensor

El líder del PP catalán se mostró convencido de que esta iniciativa, similar a una anterior que reclama la rotulación bilingüe en todos los edificios públicos de Cataluña, no colisionará con la actual redacción de la ley. Para Fernández Díaz, se trata de una interpretación amplia de la ley, de acuerdo con una de las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre la cooficialidad de catalán y castellano.

La asociación Convivencia Cívica Catalana, la plataforma presidida por el senador del PP Aleix Vidal-Quadras que pidió al Defensor que recurriera contra la ley del catalán, considera que la argumentación de Álvarez de Miranda les da la razón pese a que al final no haya interpuesto recurso.

Vidal-Quadras lamentó esta "incoherencia" del Defensor del Pueblo, cuyo fallo, dijo, "ha sorprendido, inquietado y decepcionado" a los miembros de su asociación. El senador del PP aseguró que la decisión del Defensor de no recurrir al Constitucional fue tomada bajo la influencia de "presiones" cuyo origen y naturaleza declinó precisar.

Fuentes de Convivencia Cívica Catalana señalaron que las "fuertes presiones políticas" que habría recibido el Defensor del Pueblo procederían de los nacionalistas catalanes, de los socialistas e incluso del propio Gobierno del PP.

Vidal-Quadras anunció que él propondrá a su grupo parlamentario en la Cámara catalana que presente una proposición de ley para modificar la normativa lingüística vigente en el sentido recomendado por el Defensor del Pueblo. El socialista Julio Villacorta, miembro del consejo nacional del PSC y socio de Vidal-Quadras en la plataforma Convivencia Cívica Catalana, hará la misma propuesta a los diputados de su partido en el Parlament.

El líder de IC, Rafael Ribó, acusó al PP de "jugar sucio y con grave irresponsabilidad creando artificialmente enfrentamientos lingüísticos donde no existen". El secretario general de Nueva Izquierda, Diego López Garrido, opinó por su parte que la ley del catalán es "innecesaria, pero no inconstitucional".

E. G., Barcelona
En los 29 folios de su exposición sobre la Ley de Política Lingüística promulgada en enero por el Parlamento de Cataluña, el Defensor del Pueblo dedica un amplio espacio a distinguir entre "lengua oficial", "lengua propia" y "lengua obligatoria". Empieza por resaltar que, según el apartado 1 del artículo 3 de la Constitución, el castellano es "la lengua española oficial del Estado" y "todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". Ese deber, según la Constitución, no se extiende a las lenguas "cooficiales", como el catalán en Cataluña.

El Defensor del Pueblo considera que no se puede imponer el conocimiento del catalán: "No sería justificable", dice, "tal imposición sobre la base del concepto de lengua propia que tiene origen estatutario y no constitucional".

Y, dado que la Constitución no da explicaciones sobre qué significa "lengua oficial" o "lengua propia", el Defensor del Pueblo trata de exponer las diferencias: "La lengua oficial busca establecer un código común que haga posible la comunicación con el conjunto de los ciudadanos, y es simplemente la lengua en la que van a actuar los poderes públicos en sus actuaciones internas, interinstitucionales y en sus relaciones con los ciudadanos".

La "lengua propia", en su sentido de lengua natural de una comunidad o de un territorio, no se puede imponer a los ciudadanos en virtud de una disposición normativa". Y añade que si se regularan "aspectos que deben regirse por un principio esencial de libertad", como el idioma que prefiere hablar cada uno en su ámbito privado ("el de las personas físicas y jurídicas de carácter privado en sus relaciones mutuas"), "se habría liquidado el concepto de lengua oficial y se pasaría al de lengua obligatoria en ejecución de un modelo de ordenación lingüística que estaría en contradicción con el diseño constitucional de respeto a los derechos y libertades".

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