Detenido Jorge Videla, ex dictador argentino, por la entrega ilegal de cinco menores

Un juez ordena el arresto del general golpista por el único delito que no ha prescrito

CARLOS ARES, Buenos Aires
El ex presidente argentino Jorge Videla, de 72 años, que encabezó el golpe militar en 1976, fue detenido ayer en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos contra menores. El senador Mario Losada, presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, confirmó que la detención se produjo por una orden emitida por el juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich. Videla se enfrenta a una pena de 3 a 25 años de prisión si resulta convicto de la adopción ilegal de cinco niños cuyos padres desaparecieron después de su secuestro por escuadrones militares de la muerte.

Videla, en una foto de 1976 (UPI).

El ex teniente general del Ejército argentino Videla, que encabezó el llamado Proceso de Reconstrucción Nacional tras el golpe de Estado que en 1976 derrocó al Gobierno constitucional que entonces presidía María Estela Martínez, Isabelita, viuda de Perón, fue detenido por la policía en el piso que ocupa en el barrio de Belgrano, al norte de la ciudad.

Marquievich ordenó el arresto de Videla en el marco de la investigación que sigue por dos denuncias de «sustracción ilegal de menores» que involucra a cinco niños nacidos en cautiverio, una de ellas adoptada por una familia de apellido Bianco en 1975, cuando Videla era comandante en jefe del Ejército de Tierra argentino. Según el testimonio de los médicos y las enfermeras que ya declararon ante el juez, «al hospital de la guarnición de Campo de Mayo llegaban mujeres embarazadas, con los ojos vendados, de las que nunca se volvía a saber nada».

Los vecinos que fueron testigos de la detención del ex general dicen que Videla iba «agachado» en la parte de atrás de un automóvil que salió del garaje del edificio donde vive y que una patrulla policial le abría el camino. Los empleados del juzgado dijeron que el juez Marquevich había ordenado el arresto de Videla porque «hay pruebas suficientes» para considerar que se puede dictar su «prisión preventiva».

A las ocho de la noche en Buenos Aires, la una de la madrugada en España, Videla permanecía en el juzgado del barrio de San Isidro, al norte de Buenos Aires, esperando que el juez le tomara la primera declaración sobre el caso que investiga.

El ex militar, que había sido condenado a cadena perpetua por el tribunal que juzgó a las juntas de comandantes de la dictadura en 1984, cuando se restableció la democracia, fue posteriormente indultado por el presidente Carlos Menem en 1990. Pero los delitos que involucran a menores fueron expresamente excluidos de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que liberaron del proceso a más de mil oficiales de las Fuerzas Armadas, y Videla puede ser condenado nuevamente si se comprueba su responsabilidad en este caso.

Hoy, Videla debía presentarse también como testigo en el juzgado donde se investiga el destino final de los cadáveres de Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga, los dos jefes guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), muertos en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas y enterrados supuestamente en la guarnición militar de Campo de Mayo, situada en la periferia de Buenos Aires.

Reclamo de amparo

En un escrito que los abogados defensores de Videla dirigieron al juez de instrucción de este expediente, el ex militar reclamaba el amparo para sus derechos humanos porque, según él, «no están dadas las garantías suficientes» para que se presentara personalmente en el juzgado y proponía dar su testimonio por escrito.

Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, aseguró esta madrugada que lo que desea ahora es que ya que lograron detener a Videla de nuevo, «no lo suelten nunca más». Por otro lado, el diputado Afredo Bravo, de la alianza opositora de centroizquierda y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, secuestrado y torturado bajo la dictadura, declaró que se trataba de una buena noticia porque «indicaría que, después de tantos años de lucha, es posible acabar con la impunidad».

Cientos de niños desaparecieron y fueron adoptados ilegalmente por familias del régimen militar. Muchos de ellos nacieron en los centros secretos de tortura, y tenían apenas unos meses cuando fueron dados en adopción a parejas militares para su «desarrollo cristiano», según el portavoz judicial.

Al menos 15.000 personas murieron o desaparecieron en los centros secretos de tortura durante la guerra sucia de los militares contra las guerrillas o los supuestos miembros de grupos de izquierda en Argentina. Muchísimos murieron después de ser arrojados al mar sobre el océano Atlántico.

FRANCESC RELEA
El general Jorge Rafael Videla encabezó el golpe militar de 1976, que dio paso a uno de los períodos más negros de la historia contemporánea argentina. Videla fue el presidente de la primera Junta Militar en los años de la dictadura (1976-1983). Tras la recuperación de la democracia, el Gobierno del presidente Raúl Alfonsín inició en 1985 el proceso contra los máximos responsables de la dictadura, en el que Videla y otros destacados generales fueron condenados a cadena perpetua. Hasta que el presidente Carlos Menem les indultó en diciembre de 1990.

El que fue primer jefe de la Junta Militar debía comparecer hoy ante la Justicia para declarar sobre el paradero de los cuerpos de dos dirigentes guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), muertos por el Ejército tras el golpe. El juez federal de San Martín que instruye esta causa citó a Videla para que declare sobre el paradero de los cadáveres de Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga, capturados por los militares el 19 de julio de 1976. La versión oficial indicó que fallecieron en el tiroteo que siguió al allanamiento de la vivienda en la que se encontraban los jefes rebeldes, pero testigos presenciales aseguraron haberlos visto con vida en el hospital de la guarnición militar de Campo de Mayo, en la capital federal.

El término «muerto en combate», utilizado en el caso de Santucho y Urteaga, era el eufemismo habitual utilizado durante la dictadura a la hora de dar cuenta de la desaparición de supuestos guerrilleros y simpatizantes, muchos de los cuales fueron detenidos sin orden judicial en prisiones clandestinas, torturados y posteriormente ejecutados.

Tras ser indultado, el ex general Videla ha tenido un bajo perfil en Buenos Aires, donde reside, a diferencia del almirante Emilio Massera, otro miembro destacado de las juntas militares. Videla lleva una vida recogida, sin dejarse ver, y huye de toda aparición en público.

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