Paramilitares colombianos asesinan a 21 campesinos y arrasan totalmente su poblado

Los extremistas amenazan con repetir la matanza en otra región del país

PILAR LOZANO, Bogotá
Una vez más la historia de horror se repite. El lunes, a la una de la tarde, unos 200 paramilitares llegaron a Puerto Alvira, pequeña aldea de Mapiripán, en la provincia del Meta, al centro sur del país. Casa por casa y lista en mano seleccionaron un grupo de 17 hombres. Llevaron a unos a la pista de aterrizaje -terreno pobremente adecuado para la llegada de avionetas- y a otros a la plaza central y los «ajusticiaron». Horas más tarde aparecieron otros cuatro cadáveres fuera del casco urbano. Habían sido seleccionados por los paramilitares.

Residentes de Puerto Alvira lloran ante los cadáveres de dos de sus vecinos (AP).

Los atacantes dinamitaron la pista, la central de teléfonos, almacenes, casas y el embarcadero sobre el río Guaviare, que marca el límite entre el llano y la selva. Luego pintaron los muros con consignas de las autodefensas de Córdoba y Urabá -el grupo paramilitar más tenebroso del país- en las que acusaron a todos de ser colaboradores de la guerrilla. Al final, antes de subirse tranquilamente a los autobuses, y subir a empujones a otros ocho campesinos -cuatro de ellos aparecieron muertos- advirtieron a la atemorizada población: «tienen un plazo de ocho días para abandonar sus casas. En ocho días regresamos y acabaremos con lo que encontremos».

La voz de alarma la dio el cura párroco Ernesto Díaz. Por radioteléfono se comunicó con la oficina de la Cruz Roja Internacional y dio cuenta de la masacre: «No sé cuántos son pero hay muchos, muchos muertos». El hecho dejó de ser un simple rumor ayer martes al mediodía, cuando un periodista de radio y una delegación de la Cruz Roja lograron llegar al lugar. «Es horrible», dijo el periodista, «he visto 12 cuerpos, unos con tiros, otros degollados y al menos ocho están calcinados, pues ya muertos les regaron con gasolina y los quemaron».

El mismo periodista habló también de seis heridos graves. «Puerto Alvira está arrasado», dijo lacónicamente Belarmino Correa, obispo de San José del Guaviare, población a dos horas por río del sitio de la masacre. El prelado, contó que habló con el sacerdote Ernesto Díaz, y que éste, junto a hombres mujeres y niños, pasó la noche del lunes escondido en el monte. Regresaron al amanecer del martes y entre todos arreglaron la pista. El martes la Cruz Roja coordinaba los operativos para evacuar a 2.500 habitantes de la aldea.

«¿Qué podemos hacer? ¡Irnos! Es lo único que podemos hacer», dijo un campesino que respondía con frases demasiado cortas al periodista de radio. Pero hay otros, pocos, que no quieren abandonar su casa y su tierra. «¿Y para dónde nos vamos a ir?», preguntan desesperanzados.

Tragedia anunciada

Lo ocurrido en Puerto Alvira es como la mayoría de las masacres de este país: una tragedia anunciada. El 16 de enero pasado, el Comité Permanente de Derechos Humanos envió una carta al ministro de Defensa en la que recogía los temores y las peticiones de los campesinos de esta apartada región de colonización que vivió hace pocos años la bonanza de la coca. Pedían la presencia de la fuerza pública para desintegrar a las organizaciones paramilitares que desde julio del año pasado, cuando estuvieron en Mapiripán y mataron al menos a 15 personas, permanecían en la zona. Montaban retenes, prohibían el paso de comida, atemorizaban a la población.

Sólo el martes habló el Gobierno: condenó el hecho, anunció medidas urgentes y el envío de un contingente del Ejército para perseguir a los asesinos. Pero Puerto Alvira es desde el lunes una población fantasma, como muchas de las que existen a lo largo y ancho del país. Sus habitantes, desde hoy, harán parte del montón de desplazados que ha dejado esta violencia.

Hace apenas una semana el turno fue para Urrao, población encaramada en las montañas de la provincia de Antioquia, al noroccidente del país. Los paramilitares mataron allí a 20 campesinos. La próxima tragedia ya está anunciada. Los paramilitares lo dijeron abiertamente a la prensa: «No permitiremos que Caquetá sea un Urabá».

Urabá es una zona bananera del Caribe, donde era fuerte la insurgencia antes de que llegaran hace unos cinco años los paramilitares. Caquetá es una provincia de la Amazonia donde tiene gran influencia hoy la guerrilla. Los paramilitares, lo denunció ya la televisión, están en el Caquetá . Ya tienen organizados sus retenes y tienen amenazada a la población civil.

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